La coalición del Gobierno intenta evitar un nuevo frente con la ‘ley del solo sí es sí’

La gira asiática le está resultando a Pedro Sánchez tanto o más turbulenta en los asuntos domésticos que a Alberto Núñez Feijóo su reciente viaje por América Latina. El líder del PP puso un océano de por medio mientras le arreciaban las críticas tras su portazo a la renovación del Poder Judicial, tiempo que Isabel Díaz Ayuso acaparó para reemplazarle y confrontar con La Moncloa mientras trataba de desviar la atención del colapso de la sanidad pública madrileña. Al presidente del Gobierno no le ha ido mucho mejor los últimos días. Los frentes dentro y fuera de la coalición del Gobierno se le acumulan a Sánchez, que ya acudía a la cumbre del G-20 en Indonesia y a la visita oficial a Corea del Sur en plena tormenta política con la oposición por la reforma del delito de sedición. La ambigüedad del presidente con la posible modificación de la malversación en el Código Penal, sin aclarar si beneficiaría a condenados por corrupción que no se hayan enriquecido personalmente, ha abierto otra espita que en el mismo PSOE no saben cómo interpretar. La reducción de penas a agresores sexuales de menores en aplicación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual o ley del solo sí es sí, en vigor desde el 7 de octubre, ha cogido desprevenido al Gobierno en un asunto de altísimo voltaje al ser una cuestión muy sensible que afecta a niños y por tratarse de una de las grandes leyes de los ministerios gestionados por Unidas Podemos.

La reacción del PSOE ha sido la de apelar a la prudencia y esperar a conocer los criterios de interpretación que están siguiendo los tribunales, pese al malestar cada vez más extendido entre los socialistas después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusara a los jueces de “machismo” por “incumplir” la nueva norma. Yolanda Díaz, en una línea más próxima a la de los socialistas, fue más conciliadora: “Toca ser prudentes. El objetivo y el espíritu de esta ley siempre ha estado claro. Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres”, dijo a este periódico la vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Las diferentes reacciones del PSOE evidencian el grado de nerviosismo y de incertidumbre en el principal partido del Gobierno por los efectos que tendría un posible vacío legal en la norma. El presidente del Gobierno la defendió el miércoles rotundamente, mientras varias ministras abrieron la puerta a revisar los aspectos jurídicos que se requieran ante el goteo de revisiones de penas a la baja. Sánchez, en cambio, eludió cualquier autocrítica, enfriando la posibilidad de revisar la ley en este momento. El presidente insistió en que esperará a conocer la jurisprudencia que se siente al respecto antes de decidir “qué pasos dar”. “Corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, el unificar esa doctrina. Esperemos a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones”, afirmó en Nusa Dua (Bali), al tiempo que reiteraba que la “voluntad del poder ejecutivo y del poder legislativo [al aprobar esta ley] fue claramente reforzar la seguridad de las mujeres”.

“Lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual, para que haya penas más agravadas”, enfatizó Sánchez, que considera que se trata de “una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo”. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió de la potencial revisión de penas a la baja antes de que se aprobara la norma, un extremo que la ministra de Igualdad siempre negó. “Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer”, llegó a asegurar Montero en una comparecencia en el Congreso. “De lo que alertaba el Poder Judicial y cumplimos con lo que decía era de no rebajar las penas máximas, nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas”, insistió el miércoles por la noche en la Cadena SER. La dirigente de Podemos mantuvo que la ley está “bien redactada” y lo que hay es “un problema de la aplicación y de interpretación” de la nueva norma “por la falta de la perspectiva de género” de los magistrados. “Ojalá haya un error y una posibilidad de mejora y se resuelva con eso”, aseveró Montero, que aseguró que “si hubiera un error [en su formulación] sería la primera en reconocerlo”. “Como ha dicho el presidente, lo que haremos será confiar en que se unifiquen los criterios”, abundó tras conocer las declaraciones de Sánchez, con el que reconoció que no ha hablado con motivo de esta crisis.

Al contrario de lo que hizo la víspera la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el presidente no solo no se abrió a la posibilidad de cambiar el texto sino que le pasó la pelota a los tribunales y a la Fiscalía, confiando en que la jurisprudencia marque la interpretación correcta de la norma. Sánchez evitó, por tanto, cualquier crítica a una de las medidas estrella de Unidas Podemos, su socio de coalición, en un momento en el que los partidos del Ejecutivo acusan el desgaste acumulado por la gestión de la pandemia y de las secuelas de la guerra de Ucrania.

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, observó que “si hay que hacer algún cambio para conseguir un respaldo mucho más sólido hacia las víctimas, habrá que abordarlo”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que además es magistrada y ha sido miembro del Tribunal Supremo, evitó pronunciarse sobre la ley hasta poder leer las resoluciones judiciales que han motivado las rebajas de condenas, pero sí hizo una defensa acérrima de los togados tras las críticas de la ministra de Igualdad: “Son jueces formados que aplican la ley. Las descalificaciones a los jueces no me gustan ni las comparto, nunca me van a encontrar en una descalificación a los jueces españoles sino todo lo contrario”. Dirigentes socialistas recordaron las acusaciones veladas de machismo en marzo de 2020, días antes de la declaración del estado de alarma por la covid, que el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, profirió contra el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al entender que estaba bloqueando la futura ley de libertad sexual con ”excusas técnicas”.

Fuentes del Ministerio de Justicia insisten en que hasta que no conozcan en detalle las motivaciones de las resoluciones que han rebajado las condenas a varios agresores sexuales de menores no podrán realizar una valoración fundamentada. Esto es, que se esperará a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones. Pero el revuelo en el PSOE era cada vez mayor.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apremió a revisar la norma “cuanto antes mejor” y reprochó a los responsables de Podemos su “soberbia ideológica”. “Los errores no siempre son de los demás. Si hay problemas de matiz, de una coma, de una tilde, conviene ponérsela, cuanto antes mejor, con humildad, con normalidad, nadie discute el fondo”, remarcó el barón socialista. “El problema no está en la ley, está en la justicia. Los jueces no pueden suplantar al legislador interpretando lo que no dice la ley. Hay que hacer pedagogía y reforzar la formación en violencia machista en la justicia”, discrepó Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso y referente de los comunes.

El PP no quiso desaprovechar la agitación y discrepancias dentro de los partidos que forman la coalición y pidió al Gobierno la “inmediata revisión” de la norma. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, anunció una moción urgente en la Cámara alta para forzar al Ejecutivo a abordar cambios en el texto y, además, provocar que todos los grupos parlamentarios fijen su postura en un asunto tan delicado, informa Elsa García de Blas.