Los aliados del Gobierno defienden la ‘ley del solo sí es sí’ y ofrecen revisarla si es necesario

El Ministerio de Igualdad se tropezó este miércoles en el Congreso con los ataques de la derecha por la rebaja de condenas a delincuentes sexuales en aplicación de la nueva ley del solo sí es sí, pero lo compensó con el apoyo sin fisuras que le mostraron los dos principales aliados parlamentarios del Gobierno, ERC y PNV. Responsables del departamento que dirige Irene Montero insistieron ante la Cámara en su tesis de que el problema no es la nueva norma, sino la interpretación que hacen de ella los jueces, vapuleados en algunas de las intervenciones de las dirigentes de Unidas Podemos y de los grupos independentistas. El PSOE, mientras, trató de sobrevolar la controversia sin apenas inmiscuirse.

La revelación de los primeros casos en que jueces han rebajado las penas a condenados, aplicando la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, monopolizó la comparecencia de altos cargos de Igualdad ante el Congreso, en teoría para explicar sus últimas medidas en la lucha contra la violencia machista. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se afanaron por detallar sus planes sobre la materia, pero toda la atención de los diputados estaba puesta en lo que se ha convertido en la penúltima controversia política nacional.

Rodríguez y Rosell no tuvieron más remedio que sumergirse en la polvareda, después de las críticas encajadas por parte de los grupos de la derecha y la preocupación expresada por sus habituales aliados parlamentarios, que, en cualquier caso, cerraron filas con el Ejecutivo. Rosell, juez de carrera, evitó los ataques directos a sus compañeros de profesión, aunque mostró su disconformidad con la aplicación que están haciendo de la ley. Rodríguez, número dos del ministerio, no se mordió la lengua. Cargó directamente contra la “misoginia” de los jueces y sus “interpretaciones machistas”. Ambas deslizaron críticas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no aplicar los prometidos planes de formación sobre cuestiones de violencia sexual. “Una vergüenza”, sentenció Rodríguez.

Opositores y aliados del Gobierno coincidieron al menos en una cosa: recordar a las responsables del ministerio que sus manifestaciones de las últimas semanas asegurando que no se produciría ninguna rebaja de penas, pese a que así se lo había avisado el propio CGPJ, han quedado en evidencia. En lo demás, la derecha y los nacionalistas periféricos discreparon radicalmente. El PP, por boca de la diputada Rosa Romero, recordó que su grupo se opuso en su día a la ley, un “atropello legislativo” que ha deparado “consecuencias dramáticas” al “desproteger a las víctimas”. Romero exigió su revisión inmediata. Por parte de Vox, Magdalena Nevado argumentó: “Ustedes meten en el mismo saco al que agrede a su pareja y al que en un momento distendido le dice tonta”.

Los independentistas vieron la ocasión perfecta para redoblar sus ataques a los jueces, vinculando este asunto a la reacción de la justicia ante el procés. “Lo que prevalece es la incultura democrática de los jueces”, cargó Pilar Vallugera, de ERC, quien salió en defensa del ministerio de Irene Montero ante lo que calificó de maniobras de “ataque y derribo” y se abrió a una posible reforma de la ley. Sobre esto último insistió con reiteración Josep Pagès, de Junts, formación que en este caso se alinea con las tesis del Gobierno. Pagès sostuvo que la justicia española sigue impregnada de “cultura franquista” y reclamó sin rodeos la reforma de la norma para privar a los jueces de “margen de interpretación”.

Tanto las responsables del ministerio como la socialista Fuensanta Lima lo descartaron, al menos de momento. Esta última, sin profundizar demasiado, se ciñó al argumentario de su partido para remitirse a la doctrina que establezcan el Tribunal Supremo y la Fiscalía del Estado. Joseba Agirretxea, del PNV, se situó en una posición similar: “Si ha de revisarse, se revisará, pero no en base a titulares. El núcleo central de la ley sigue intacto”. Para resaltar que la norma contó con el aval de todo el Gobierno y no solo de la parte de Unidas Podemos, las responsables de Igualdad subrayaron que el Ministerio de Justicia, en manos de los socialistas, dio en su día el visto bueno a la ley.

El debate vivió algunos momentos tensos, aunque no por esta cuestión, sino por el empeño de la diputada de Vox Carla Toscano en atribuir a los inmigrantes la mayor parte de las agresiones sexuales. La presidenta de la comisión, la socialista Beatriz Carrillo, le llamó la atención por unos comentarios que consideró “xenófobos”. La secretaria de Estado de Igualdad tampoco se reprimió en este punto y levantó las airadas protestas de Vox al dirigirse a Toscano con estas palabras: “Es usted una racista, una xenófoba y una machista”.