El Gobierno marca límites a la reforma penal de la malversación que pretenden ERC y Unidas Podemos

El Gobierno tiene la mayor disposición para negociar con sus principales socios, en el propio Ejecutivo y en el Parlamento, algunos cambios relevantes en el Código Penal relacionados con los delitos de sedición y hasta de malversación, pero con una “línea roja” en lo que afecte a los condenados por asuntos de corrupción, según fuentes del máximo nivel del Gabinete. El Gobierno lanza así un aviso a ERC, que está al frente de la Generalitat, pero también a Unidas Podemos, que el lunes confirmó que también estudia, como el partido republicano, presentar en los próximos días una enmienda para corregir las penas actuales en el Código Penal relacionadas con la malversación para diferenciar el castigo en función de que haya o no enriquecimiento personal. La reforma ha empezado a acelerarse esta semana en el Congreso con la idea de que pueda estar culminada antes de que acabe el mes.

Uno de los delitos característicos de la corrupción es el de la malversación de fondos públicos. Y en algunos de los casos más conocidos, esa malversación no lleva implícito un lucro para el condenado, como sucedió con el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán y ex altos cargos de la Junta condenados a penas de cárcel por los ERE. En el caso Kitchen, donde están procesados por malversación de fondos públicos el exministro del Interior Jorge Fernández y su número dos, Francisco Martínez, ambos del PP, ninguno de ellos se lucró con aquella operación supuestamente ilegal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó el domingo, en una entrevista en La Vanguardia, que se abría a estudiar enmiendas, correcciones o ampliaciones de cambios en la tipificación de esos dos delitos en el ámbito de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley registrada el viernes por el PSOE y Unidas Podemos (UP). Y añadió que en este proceso que se inicia en el Congreso, todos los grupos pueden plantear sus propuestas con las enmiendas parciales que consideren. PSOE, Unidas Podemos y ERC llevan semanas negociando con mucha discreción sobre la homologación de las penas de sedición con los países del entorno español, y de manera más urgente tras fracasar los intentos de pacto de Estado sobre la justicia que habían retomado los socialistas con el PP de Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno matiza que no se ha negociado aún nada con ERC sobre la malversación, según fuentes oficiales.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no dudó el lunes en apuntarse el tanto de ese proyecto de reformas legales, en gran parte en clave interna para diferenciarse de su exsocio de Gobierno, JuntsxCAT, que cuestiona todos los intentos de diálogo emprendidos en estos meses por ERC. Aragonès explicó así que, tras haber logrado que el PSOE se adhiera a las propuestas defendidas hace meses por Unidas Podemos para homologar las penas de sedición a las previstas en otros países europeos, ahora su intención es conseguir revertir la reforma del Código Penal aprobada por un Gobierno con mayoría absoluta del PP en 2015 sobre la malversación. Esa modificación, que aún está por concretar en una enmienda, podría suponer beneficios directos sobre varios condenados en el juicio del procés o que están pendientes de juicio por esta causa —como el expresidente Carles Puigdemont— y por otras, como la del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que implica a una treintena de cargos intermedios de la Generalitat. ERC presentó una enmienda a la totalidad de aquella reforma de 2015, pero en ningún momento de la intervención de su portavoz, Joan Tardà, se refirió al agravamiento de penas del delito de malversación. Ni lo hizo ERC ni ningún grupo parlamentario.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ratificó el lunes en una entrevista en la SER que el Gobierno “estudiará” esas enmiendas cuando se presenten, en línea con lo anticipado por Sánchez. Fuentes del Ejecutivo, del PSOE y de UP aseguran que ERC no les ha facilitado ni el texto ni las líneas generales por donde discurrirá esa propuesta.

El presidente de UP en el Congreso, Jaume Asens, que ha llevado las negociaciones sobre estos asuntos con el Gobierno y ERC, sí quiso precisar el lunes que su formación defiende hace tiempo que el delito de malversación endurecido por el PP en 2015 “está redactado de forma vaga, genérica”, y ha dado lugar a “interpretaciones abusivas”. Asens sostuvo que ahora se ofrece la posibilidad de corregir ese “desastre” y fijar ese criterio de forma más “taxativa” para diferenciar bien “cuándo alguien ha utilizado recursos públicos para lucrarse o no”. El diputado de UP interpretó que el PP de Rajoy formuló aquella reforma ad hoc “para perseguir al independentismo” y en concreto al entonces presidente catalán, Artur Mas, tras la convocatoria de la consulta ilegal del 9-N de 2014, porque “no se le pudo llevar a los tribunales” [por esos hechos]. Mas no fue acusado de malversación en aquel juicio, del que salió con una condena a inhabilitación por desobediencia, pero después sí fue condenado por malversación por el Tribunal de Cuentas, lo que implicó una multa millonaria, aunque no prisión.

Fuentes del Gobierno resaltaron mucho el lunes que ahora solo se está en la fase de estudiar planteamientos de los partidos, tras acelerar al máximo el proceso en el Congreso. La Mesa y la Junta de Portavoces aceptaron calificar esa proposición de reforma. El viernes, otra reunión de esos órganos la tomará en consideración y luego se abrirá un periodo de una o dos semanas para registrar enmiendas totales y parciales de todos los grupos. La idea es llevar el asunto a debate en pleno para finales de noviembre.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también magistrada, explicó el lunes que “la regulación del delito de malversación es muy desigual, porque no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lo lleva”. El Gobierno, el PSOE y UP insistieron el lunes mucho en ese matiz para salir al paso de las acusaciones que les achacan posibles beneficios para condenados corruptos, incluso del ámbito político, que es un aspecto muy sensible para los ciudadanos.