El Gobierno negocia con ERC pero sacaría adelante los Presupuestos con sus aliados y el nacionalismo vasco

El Gobierno negocia en varios frentes hasta el final para lograr este viernes, en un contexto de variadas incertidumbres nacionales e internacionales, superar el primer gran trámite reglamentario y político de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que podrían ser los últimos de la legislatura. Ni ERC, ni PNV ni EH Bildu, tres partidos socios habituales y que suman en total 24 votos clave, han manifestado aún públicamente su apoyo al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos para tumbar las seis enmiendas a la totalidad de esas cuentas ya registradas por la oposición de derechas y el independentismo ahora más radical en Cataluña. Pero esas tres fuerzas sí han mostrado su predisposición a negociar y no tienen ningún interés en facilitar ese triunfo político a la oposición ni en propinar esa derrota más que simbólica para el Gobierno. A la espera de los 13 escaños de ERC, con una situación delicada también al frente de un Ejecutivo en minoría en Cataluña, el Gobierno podría superar esa barrera por la mínima en la votación del jueves que viene con sus aliados y todo el nacionalismo vasco, tanto el PNV como Bildu.

Como en los últimos años, ERC apurará hasta el último momento del último día, este viernes a las dos de la tarde se acaba el plazo, para comunicar tras una reunión de su ejecutiva en Barcelona si presenta una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos estatales para 2023. Lo mismo hará el PNV, y también EH Bildu, pero con una actitud diferente. Desde ERC, en estos días, no se ha ocultado el malestar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por algunos “incumplimientos” pactados para sacar adelante las Cuentas del año pasado y por algunos mensajes de presión en los que se daba por hecho su apoyo de nuevo para los Presupuestos de 2023. El partido republicano catalán —que ahora, tras la salida de Junts, gobierna solo en la Generalitat— ya no exige como hizo en su momento que se elimine el delito de sedición con el que se condenó al exvicepresidente Oriol Junqueras y otros dirigentes por el procés, pero sí que se homologue y reduzcan mucho sus penas a las de otros países europeos para facilitarles el retorno a España sin el riesgo de cumplir largas condenas. La exigencia de ERC ha complicado la recta final de los Presupuestos al mezclar la reforma del delito de sedición, como EL PAÍS adelantó este lunes.

Son toques de atención que forman parte del paisaje habitual en estas negociaciones, pero Rufián ya avisó hace unos días con que haría “sudar” la adhesión de sus votos para derrotar las enmiendas a la totalidad de la oposición y esta misma semana, ante una noticia que avanzaba su respaldo, se limitó a tuitear con tres avisos: “1) El PSOE a día de hoy sigue sin cumplir con sus propios compromisos. 2) A Esquerra no se le presiona con titulares que no se ajustan a la realidad. 3) Quien ha filtrado esto debería ya saberlo”. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que el que ha dirigido esos contactos por parte del Ejecutivo con los socios más relevantes, aunque en las conversaciones con algunos de esos partidos también ha participado lógicamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, lo sabe de primera mano.

Lo que sí sería extraño, y en el Gobierno cuentan en parte con ello, es que ERC, que está pendiente del PSC para asentar el Govern de la Generalitat en Cataluña tras quedarse solos, se agregara en este momento crítico de la legislatura a enmiendas muy políticas de la oposición de derechas y de sus exsocios catalanes o de la CUP, y más en una coyuntura internacional trufada de crisis y en plena guerra en Ucrania. El contexto tampoco favorece ahora ese desmarque estratégico. Si los 13 escaños de ERC votaran al final el jueves que viene en el pleno del Congreso a favor las enmiendas a la totalidad del PP, de Vox, de Ciudadanos, de Junts, de la CUP o de Foro Asturias, el panel de resultados llegaría como máximo hasta los 173 votos. Sin ERC, ese marcador se quedaría en 160 y aún podrían ser menos dependiendo de qué hagan Junts y la CUP a las propuestas económicas alternativas de la derecha más dura.

El Gobierno aguarda superar este trámite parlamentario y político como en los últimos ejercicios, con suspense, pero con una votación más holgada de lo que parece. PNV y EH Bildu aún no han asegurado cuál será su posición, pero fuentes de ambas formaciones sí han adelantado que quieren negociar más. Desde la ejecutiva del PNV se apunta, en ese sentido, que aún no hay un acuerdo cerrado, pero que su intención es “agotar la legislatura y que la cosa vaya bien”. Y precisan: “También entendemos que tanto los compromisos adquiridos (por escrito) en el pasado y una serie de demandas del presente (nada extemporáneas) tienen que estar en el marco de este acuerdo presupuestario”. Fuentes de EH Bildu abundan en esa línea y en que siguen en contacto con el Ejecutivo, pero advierten: “Todavía queda mucha tela por cortar”.

Lo que sí se aclaró este jueves, casi in extremis, fue la disposición del BNG a no registrar una enmienda a la totalidad, como sí hicieron otros cursos, y también había quedado determinado el día anterior que Coalición Canaria, que dispone ahora de dos estratégicos escaños, tampoco lo hará. Son tres votos que pueden resultar al final muy jugosos. BNG y CC no han querido adelantar aún si se quedarán en la abstención o rechazarán las enmiendas a la totalidad de la oposición. Si PNV (seis diputados), EH Bildu (cinco) y esos tres escaños del BNG y CC se adhieren a los socios habituales, es decir, los cuatro apoyos ratificados ya del PDeCAT, los tres de Más País y Compromís y los dos del Partido Regionalista de Cantabria y de Teruel Existe, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (154 escaños) podría ganar esa votación con 177 votos a su disposición.

El Gobierno prevé unos ingresos tributarios récord para 2023 en el proyecto de Presupuestos registrado hace dos semanas en el Congreso. La recaudación subirá en unos 18.000 millones hasta los 262.000 millones, un incremento que servirá para apuntalar el gasto público ante los embates de la inflación y de un menor crecimiento. PP, Vox, Cs y Foro justifican su corrección total a las cuentas del Ejecutivo en que no son creíbles y suponen todo lo contrario a lo que España necesita en esta situación de grave crisis. Junts y la CUP ciñen su crítica a que el dinero de los catalanes no revierte en nada para Cataluña.