Los socios del Gobierno piden que se cumpla lo prometido en 2022 y más inversiones ferroviarias

Los socios habituales del Gobierno de coalición vuelven a insistir en la negociación de este año de los Presupuestos del Estado para 2023, sobre todo, en que se cumpla con lo que consideran “incumplido” y pactado para las cuentas cerradas para 2022. La mayoría de los aliados reclaman un proyecto con más iniciativas e inversiones sociales, con más y mejores infraestructuras ferroviarias para sus territorios, tanto en Cataluña como en el País Vasco o Galicia, y son conscientes de que deben apretar ahora porque podrían resultar los últimos proyectos de esta convulsa legislatura. ERC, que es el aliado más cortejado por sus 13 escaños, también relaciona sus reclamaciones concretas con planteamientos más políticos, como que se modifique el delito de sedición del Código Penal, y otras mejoras judiciales para los dirigentes fugados, investigados o espiados y relacionados con el proceso independentista en Cataluña. Estas son sus principales demandas.

ERC. El partido republicano catalán —que ahora gobierna solo en la Generalitat tras la salida de Junts— ya no exige como hizo en su momento que se elimine el delito de sedición con el que se condenó al exvicepresidente Oriol Junqueras y otros dirigentes por el procés, pero sí que se homologue y reduzcan mucho sus penas a las de otros países europeos para facilitarles el retorno a España sin el riesgo de cumplir largas condenas. El Ejecutivo, tanto el PSOE como Unidas Podemos y el PSC, hace tiempo que ha mostrado su voluntad de armonizar ese delito a lo que ocurre en Europa, pero sin relacionar esa opción ni con la mesa de diálogo ni con la suma de votos para los Presupuestos. Dirigentes de ERC han lanzado en esta línea estos días mensajes, incluso esta semana en el pleno del Senado, de que su formación quiere acabar con la situación que padecen los dirigentes que ellos consideran “exiliados” y con la de los 531 manifestantes investigados por distintos juzgados, que se aclare por qué se usó el sistema Pegasus para espiar a 65 personas de su entorno o que se eliminen las multas o penas de cárcel para más de 1.000 personas encausadas por la causa independentista.

En la negociación para los presupuestos de 2022, ERC se volcó en reclamar y obtener una partida de 15 millones para la producción audiovisual en los idiomas cooficiales, ante la importancia que ese sector mantiene en Cataluña. En esta ocasión, la exigencia se centra en aumentar de nuevo las inversiones ferroviarias y en particular en Rodalíes (las Cercanías catalanas), que es dónde consideran que el Estado solo cumplió este año en un 16% lo pactado hace doce meses.

Junts y la CUP, rivales de ERC en Cataluña y en el Congreso y que sí registraron enmiendas de boicoteo global a los PGE, volvieron a denunciar así en general que “el dinero de los catalanes no llega a Cataluña”.

EH Bildu. La formación abertzale entiende que las reclamaciones que está poniendo “sobre la mesa” en esta ocasión en sus conversaciones no se pueden catalogar de “extrañas” conociendo su “recorrido” y sus acciones en lo que va de legislatura. Y recuerdan que se volverán a volcar en proponer “medida sociales y económicas ambiciosas que beneficien a los sectores más desfavorecidos y partidas e inversiones concretas para el País Vasco”.

PNV. Los nacionalistas vascos optan por mantener la máxima discreción sobre sus planteamientos económicos más precisos para Euskadi, pero normalmente tienen que ver con lograr más cesiones de competencias (como sucedió en 2021 con la gestión del Ingreso Mínimo Vital) y algunas partidas para infraestructuras. Ahora será muy similar.

PDeCAT. La escisión más pragmática del nacionalismo conservador antes agrupado en CiU reunió este jueves a su ejecutiva y volvió a acordar no presentar una enmienda de devolución de las cuentas del Estado. La formación nacionalista moderada explicó así que ante la situación y el contexto actual, por la crisis económica y la guerra, “prioriza que las instituciones” tengan en regla sus cuentas, lo que si al final salen adelante estos presupuestos sucederá “en tiempo y forma” por tercera vez en este mandato. El PDeCAT concluye así que “abortar ahora la tramitación” de esas cuentas “no es responsable”. Continuará negociando hasta el final del proceso.

Coalición Canaria. La portavoz de esa formación, Ana Oramas, y la otra diputada, María Fernández, se entrevistaron el miércoles con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Tras la cita calificada de “productiva” avanzó su abstención ante las enmiendas de rechazo de la oposición. También insistió en el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) como uno de los puntos de partida en la negociación: “El REF no es un privilegio, es una obligación del Gobierno de España, es un derecho de los canarios que lo único que hace es igualar las condiciones de partida de Canarias con respecto al resto de Comunidades Autónomas”. Oramas concluyó que las partidas contempladas hasta ahora no cumplen con lo que necesita Canarias y en concreto las familias de La Palma ante la subida de precios. Y también requirió que “las guaguas y los tranvías sean gratuitos en Canarias como en la Península y Baleares”.

BNG. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, sí ha confirmado que no tramitará una enmienda a la totalidad y ahora persigue negociar mejoras para su territorio. El BNG reclama más inversiones ferroviarias (con la implantación de cercanías en sus áreas urbanas) y de servicios para reparar el déficit histórico de Galicia. También pedirá partidas específicas para el saneamiento de las Rías o inyecciones para solucionar la crisis industrial, más gasto social y en dependencia, una subida del 60% del Salario Medio, un aumento del SMI y del de los empleados públicos conforme la inflación y la renuncia al aumento del gasto militar y un despliegue de política de vivienda pública contando con los activos de la Sareb.