Podemos vuelve a señalar a Yolanda Díaz al afirmar que desconocían las negociaciones para reformar la sedición
El presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, matiza que no se informó de los detalles para “evitar filtraciones”. Díaz y Belarra hablaron el jueves
![Paula Chouza](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4b3a544a-cd43-4d0e-9a2c-53e00ed189b0.png?auth=89e14f1c512a36e824fc0fb93d9fdf2d926cb8a881256b64b2e5369103e2c6fb&width=100&height=100&smart=true)
![La portavoz de Podemos María Teresa Pérez, durante la rueda de prensa este lunes en la sede de la formación, en Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QSNE2TA2X6VKXGNSKDLU6JM3QI.jpg?auth=90eae679596d558b6143be2483d229c03795f33f5653b15cdb7dce0b27a31321&width=414)
Podemos ha vuelto a evidenciar este lunes su complicada relación con Yolanda Díaz. La formación que dirige Ione Belarra ha puesto de nuevo en el punto de mira a la vicepresidenta segunda al afirmar en rueda de prensa que desconocía la negociación para eliminar el delito de sedición del Código Penal y crear, en paralelo, uno nuevo de desórdenes públicos agravados. “Se ha llevado desde vicepresidencia”, ha manifestado una de las portavoces del partido, María Teresa Pérez, que ha puesto voz a la “preocupación” de su organización sobre la posibilidad de que el nuevo delito sirva para “criminalizar” la protesta. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha matizado que no se informó de los detalles a las respectivas direcciones de los partidos para “evitar filtraciones”. El diputado, portavoz de los comunes y miembro también de la Ejecutiva de Belarra, ha rechazado que el cambio afecte a las manifestaciones pacíficas.
“La derogación del delito de sedición es una muy buena noticia, era un delito completamente anacrónico y es algo que venimos pidiendo desde hace tiempo porque los problemas políticos se solucionan con política y no judicializando los conflictos”, ha resumido la portavoz de Podemos a preguntas de los periodistas antes de expresar sus dudas. “Nos preocupa que se introduzcan algunos elementos para criminalizar la protesta pacífica. En la tramitación parlamentaria se podrá estudiar y mejorar el texto”, ha señalado midiendo el tono de la crítica en un asunto sobre el que ERC no ha hecho ruido. “No conocíamos la negociación de esta derogación del delito de sedición porque se ha llevado desde la vicepresidencia”, ha desvelado Pérez.
Asens, que el viernes pasado fue, junto al socialista Patxi López, el encargado de registrar la proposición de ley, ha matizado sus palabras minutos después desde la sala de prensa del Congreso. “Podemos no estaba informado de los detalles de la negociación, pero tampoco IU ni los comunes”, ha afirmado antes de justificarlo como “una cuestión de discreción, para evitar filtraciones”. Sin embargo, el presidente del grupo sí ha manifestado que todos los partidos “sabían que eso estaba sobre la mesa”. “No es una negociación nueva, llevamos más de un año”, ha señalado.
La postura de Podemos es similar a la expresada el viernes por el ex secretario general de la formación, Pablo Iglesias, que pese a considerar la reforma “un avance democrático”, añadió que no tendría sentido que la eliminación de la sedición concluyese con la incorporación “por la puerta de atrás de otros tipos penales para criminalizar la protesta social” y avanzó que el partido estaba estudiando un texto elaborado “con enorme secretismo”.
Con el acuerdo ya cerrado, la vicepresidenta Díaz llamó a Belarra el jueves para informarla. Fuentes de Podemos trasladan que supieron del pacto poco antes de que el presidente Pedro Sánchez lo anunciara en directo en televisión y que no se les facilitó el texto hasta después. El malestar en la formación es evidente, que critica que se les haya excluido de la negociación, aunque la disconformidad del partido con las decisiones tomadas por la líder de UP en el Gobierno es ya una constante.
Tan solo desde la vuelta del verano, son varias las desautorizaciones públicas. En octubre, Podemos se desmarcó del aumento del gasto en Defensa pactado en el borrador de Presupuestos y más recientemente, de cualquier acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial que no incluyera a la juez Victoria Rosell, un nombramiento que incumplía la cláusula de despolitización del Consejo que Díaz y el resto del grupo respaldaban. Aquella negociación saltó por los aires por el rechazo final del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, que con su decisión, atajaba colateralmente la crisis abierta en la izquierda. Distintas fuentes del espacio ven en esta estrategia una fórmula para debilitar el liderazgo de Díaz. En la última semana, la tensión entre ella y el partido ha escalado todavía más con las declaraciones de Iglesias exigiéndole “respeto” y pidiéndole sentarse ya a negociar con los partidos su futuro proyecto para las generales.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
![Paula Chouza](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4b3a544a-cd43-4d0e-9a2c-53e00ed189b0.png?auth=89e14f1c512a36e824fc0fb93d9fdf2d926cb8a881256b64b2e5369103e2c6fb&width=100&height=100&smart=true)