El Constitucional rechaza las presiones para adelantar fallos sobre asuntos clave

El Tribunal Constitucional ha reaccionado este domingo con contundencia y profundo malestar a las presiones políticas y mediáticas que viene recibiendo desde hace días para alterar su actividad y acelerar las sentencias pendientes sobre los asuntos más controvertidos, sobre todo la relativa a la prohibición de nombramientos que sigue vigente para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes del tribunal ya dejaron claro a comienzos de semana —como informó EL PAÍS— que no se iban a cambiar las previsiones del órgano de garantías por injerencias o conveniencias políticas.

Fuentes del tribunal han hecho hincapié este domingo en que el Consejo General del Poder Judicial recuperó en julio sus competencias para nombrar a los dos magistrados del órgano de garantías que le corresponde designar. Y subrayan que, estando entonces en curso negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ, decidió “no interferir” en las conversaciones, “de acuerdo con la práctica inveterada en estos cuarenta años (de existencia del tribunal) en los procesos de negociación política”. Aunque, también, estas fuentes desvelan que la redacción de las ponencias de las sentencias ya está adelantada, sin fecha para su deliberación, porque se “impone un tiempo para su examen y reflexión”.

El Constitucional reaccionó ante la ruptura de las conversaciones entre el Gobierno y el PP reafirmándose en su voluntad de no resolver con su actual composición los asuntos más conflictivos que tiene pendientes, habida cuenta de que el mandato de cuatro de sus magistrados —entre ellos el presidente y el vicepresidente— caducó el pasado 12 de junio. Hace un año, cuando el órgano de garantías afrontó su última renovación —que ya se produjo con dos años de retraso—, los componentes del tribunal aprobaron una línea de actuación que excluía la reiteración de enfrentamientos internos, como el que acompañó el proceso de deliberación y aprobación de las sentencias que declararon inconstitucionales los decretos sobre el estado de alarma para hacer frente a la pandemia.

El PP ha presionado al Constitucional en las últimas semanas para que dicte ya la sentencia sobre la prohibición parcial de nombramientos impuesta al Consejo General del Poder Judicial, con la idea de que el CGPJ pueda recuperar esta capacidad y siga haciendo designaciones condicionado por su actual composición, de mayoría conservadora. El vicesecretario popular, Esteban González Pons, pidió el pasado día 31 de octubre al tribunal que “se moje un poquito”, porque “sería deseable” y porque “eso de que tengamos un Constitucional que, cuando la situación política es conflictiva, decide no reunirse para decidir sobre asuntos espinosos importantes, nos tiene en una situación de impasse inexplicable”.

Fuentes del Constitucional han explicado que para el tribunal ha sido prioritario en los últimos meses resolver sobre los recursos de los líderes independentistas contra la sentencia del Supremo que les condenó por los delitos de sedición y malversación. Y que los ponentes de las sentencias sobre la congelación de nombramientos del Poder Judicial —Juan Antonio Xiol, vicepresidente del tribunal, y María Luisa Balaguer, ambos del sector progresista—, habían previsto llevar a pleno sus proyectos de fallo antes del verano, pero no lo hicieron ante la mencionada existencia de negociaciones.

En todo caso, las citadas fuentes no han anticipado cuándo se iniciará la deliberación de estos recursos. De acuerdo con la explicación proporcionada, el tribunal “es consciente de la situación presente”, en que las negociaciones para renovar el Consejo del Poder Judicial permanecen rotas y las relativas a la renovación del Constitucional siguen sin avances. En este contexto, el Constitucional ha subrayado que “los ponentes tienen adelantadas sus ponencias”, sin previsión de fechas para su remisión al pleno del tribunal, con el fin de deliberarlas y dictar las correspondientes sentencias.