Un Constitucional descosido y en estado de alarma

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido: su decreto del primer estado de alarma que impuso el confinamiento domiciliario entre marzo y junio de 2020 para combatir una pandemia que llegó a matar a 1.000 personas cada día era lo que había que hacer, por necesario, imprescindible y legal. Pero el Tribunal Constitucional ha llegado a una conclusión muy distinta y ha declarado nula esa medida. La sentencia sobre el estado de alarma, nacida de un tribunal partido en este asunto por la mitad y en el que las dos partes han esgrimido argumentos jurídicos opuestos, ha dejado en la escena política terreno abonado para más enfrentamiento.

Los rescoldos del fallo judicial aún siguen humeantes sobre la mesa del plenario del Tribunal Constitucional. Los 11 magistrados que integran este órgano —cuatro de los cuales llevan año y medio esperando su sustitución— se van de vacaciones conscientes de que a la vuelta del verano les esperan otros asuntos explosivos sobre el material sensible de los derechos fundamentales.

La división total (seis a cinco) que se produjo al deliberar sobre el instrumento jurídico que usó el Gobierno para imponer el confinamiento amenaza con repetirse en algunas de las principales sentencias pendientes, que van desde la constitucionalidad de la prisión permanente revisable que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) a la ley de eutanasia del actual Ejecutivo de coalición (PSOE-Unidas Podemos), pasando por los últimos fallos sobre el procés. Una agenda endiablada que, después de los recientes enfrentamientos internos, anuncia para el tribunal un otoño cargado de alta tensión.

El fallo que declaró inconstitucional una parte del estado de alarma, tras 15 horas de deliberación en cuatro sesiones de pleno, supuso la culminación de una serie de episodios acumulados en el Constitucional durante el último año. La resaca de la sentencia desencadenó un suceso nunca visto en el tribunal: se tuvo que suspender un pleno porque los seis magistrados que habían sumado mayoría y logrado anular el confinamiento se sintieron ofendidos por otro magistrado, Cándido Conde-Pumpido, que les llamó “juristas de salón” y “legos” en la materia en el borrador de su voto particular, luego corregido. Esos seis magistrados se plantaron y no hubo pleno. “Fue mejor así. Los ánimos no estaban para deliberar”, cuenta uno de los jueces al recordar el episodio.

Cándido Conde-Pumpido se disculpó por la dureza de su escrito, pero la fractura era imposible de ocultar. Juan Antonio Xiol, magistrado del sector progresista y autor del último de los cinco votos particulares discrepantes con el fallo, llegó a defender la necesidad de que esa doctrina del Constitucional sobre el estado de alarma, aprobada por un solo voto de diferencia, sea corregida en una próxima sentencia.

El problema para los 11 magistrados del Constitucional es que la tremenda bronca originada por ese fallo tiene una amenaza de réplica situada al regreso de las vacaciones. Entonces deberán resolver el recurso de Vox contra el segundo estado de alarma, que tuvo una duración de seis meses y, por tanto, un control parlamentario mucho más laxo que el primero. Vox, que presentó también el primer recurso, y el PP compiten desde hace meses para conseguir que el Constitucional tumbe decisiones y leyes importantes del Gobierno. Han recurrido el estado de alarma, la ley de eutanasia o la nueva legislación educativa, entre otros asuntos.

El segundo recurso contra el estado de alarma plantea aspectos nuevos con respecto al primero. Aquí ya no hubo confinamiento de la población, aunque sí restricción de derechos. El ponente, el magistrado del sector conservador Antonio Narváez, llevará su proyecto de sentencia al pleno de septiembre. Deberá resolver si el período de seis meses para dicha situación fue excesivo y si esa duración fue inconstitucional porque supuso eludir o reducir al máximo el control parlamentario.

La mayoría conservadora del Constitucional pondrá objeciones graves a ese estado de alarma de seis meses, sobre todo al aparecer unido con la delegación de competencias a las comunidades autónomas, según indican fuentes del tribunal. Fue aquel sistema de la cogobernanza que defendió el presidente Pedro Sánchez y que hoy sigue activo el que figura cuestionado también en el recurso, al ver en ello un intento de eludir responsabilidades por parte del Gobierno.

La batalla por la renovación y la presidencia

Hay batallas en el Constitucional que pueden parecer prematuras, pero ahí están o, al menos, se intuyen. Por ejemplo, por la presidencia del tribunal. El presidente actual, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca, tienen el mandato caducado desde noviembre de 2019 y serán de los que cesen cuando haya renovación (en caso de que haya acuerdo entre los partidos).

Con este motivo se apunta otra pugna importante. El año que viene ha de haber otra renovación del Constitucional, la de dos magistrados que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial y otros dos que debe designar el Gobierno. Si el Consejo sigue sin capacidad de efectuar nombramientos —por estar, él también, con el mandato prorrogado—, se discutirá si el Ejecutivo puede hacerlos. El artículo 159.3 de la Constitución establece que “los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”.

El debate surgiría si no se puede cumplir esa previsión de que el cambio tiene que ser de un tercio completo del tribunal, es decir, de cuatro magistrados y no solo de dos. El Gobierno, desde luego, trataría de nombrar a toda costa a los dos que le tocan. Los actuales que llegaron por este turno —Pedro González Trevijano, ponente de la sentencia que anuló el confinamiento, y Antonio Narváez, ponente de la futura sentencia sobre el segundo estado de alarma— fueron designados a propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP). Si se produce el relevo en estos puestos, el tribunal podría pasar de tener una mayoría conservadora a otra progresista.