Castilla y León adjudica más de un centenar licencias de radio a grupos afines

COPE, Onda Cero, Radio María, Radio Marca y EsRadio son las grandes beneficiarias del concurso público por la administración de PP y Vox

El vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).
El vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).R. García (EFE)

La Junta de Castilla y León, gobernada por una coalición entre PP y Vox, ha adjudicado 124 licencias de radio, de las 138 que sacó a concurso, prácticamente en su totalidad a grupos mediáticos afines al Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco. La consejería de Fomento, que se ha apoyado en “criterios objetivos estipulados por el concurso”, ha concedido 27 nuevas licencias a Radio María, 11 a la Cadena COPE, 11 a Radio Marca y 11 a Onda Cero. Radio María, cadena vinculada a la Iglesia católica, es la mayor beneficiaria, y otras asociaciones de carácter religioso figuran también entre los ganadores de la distribución efectuada por la Junta. La SER, líder de la radio española, no ha obtenido ni una sola licencia. Radio León, compañía totalmente independiente cuya su programación está asociada a la SER, ha recibido dos frecuencias.

La SER, emisora del Grupo Prisa (editor de EL PAÍS), optaba en 23 demarcaciones con el objetivo de ampliar su cobertura informativa en la comunidad. Contando además las asociadas y afiliadas, presentó ofertas para un total de 92 plazas. Pero pese a ser la cadena con más audiencia ha quedado fuera del reparto de la Junta, que ha resuelto de manera “provisional” la segunda convocatoria de licencias radiofónicas más grande de la historia de la radiodifusión nacional. La comunidad sacó a concurso 138 frecuencias en 44 municipios de la autonomía y ha otorgado 124, toda vez que 14 quedaron desiertas.

Con esta adjudicación ganan un importante peso en el dial dos grandes cadenas nacionales: COPE, gestionada por la Conferencia Episcopal, y Onda Cero, integrada en el grupo de comunicación Atresmedia. Ambas tendrían, con los nuevos emplazamientos, cobertura regional casi completa. Las 11 licencias que obtienen tanto COPE como Onda Cero les permitirán ampliar notablemente su audiencia potencial, dado que han obtenido emisoras en capitales de provincia, plazas con un mayor volumen de población.

Distinta es la situación de Radio María, que pese a recibir un gran número de licencias, muchas de ellas están en localidades con un número de habitantes muy inferior al de las capitales de provincia. Mejor es la posición de la cadena deportiva Radio Marca, propiedad de Unedisa (grupo editor de El Mundo y Marca), que amplía su especto en las grandes ciudades gracias a los 11 diales que le otorgado la Junta. EsRadio, liderada por el periodista Federico Jiménez Losantos, ha obtenido tres, mientras que La Undécima Hora, vinculada a la Iglesia Adventista, suma ocho frecuencias a su oferta.

En su resolución, la Junta especifica que se trata de “una adjudicación provisional” y recalca que tras la publicación del reparto procederá a solicitar a “los adjudicatarios provisionales” la documentación que figura en las bases del concurso, como estar al corriente de las obligaciones tributarias o de los pagos a la Seguridad Social. En los concursos públicos convocados por otras comunidades, han sido raras las veces en la que se han comunicado adjudicaciones provisionales.

El concurso fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 6 de noviembre de 2020 y contó con 326 ofertas que fueron evaluadas hasta que el pasado martes la Junta difundió las emisoras cuya petición había sido aceptada inicialmente. La comunidad cuenta con más de 300 emisoras públicas y privadas y con la ampliación del parque radiofónico existiría aproximadamente una radio por cada 5.000 habitantes. En Castilla y León residen unos 2,4 millones de personas.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

La resolución dictada por la Mesa de Evaluación de la consejería de Fomento (PP), que ha coordinado la operación, recoge que tras estudiarse las proposiciones se toman tales resoluciones “conforme a lo establecido en las bases del concurso público convocado por la Orden FYM/1173/2020, de 29 de octubre”. La Mesa de Evaluación ha respondido a EL PAÍS a través de sus portavoces y ha asegurado que “lo publicado el martes es la adjudicación provisional. El proceso administrativo sigue abierto y hasta la adjudicación definitiva no cabe valoración”. “Es un proceso administrativo abierto. Esta propuesta provisional de adjudicación no crea derecho alguno a favor de los adjudicatarios”, añaden, sin detallar las causas de la decisión.

Entre los requisitos observados se establece que los permisos tendrán una duración de 15 años, con renovaciones automáticas, con la garantía de prestar el servicio de forma continuada, difundir comunicados “de interés público” remitidos por las administraciones, cumplir con un horario mínimo de emisión de 85 horas semanales, cumplimentar diversas cuestiones formales o asegurar pagos en regla, entre otros parámetros. También debe remitirse la distribución de los contenidos, el fomento de “los valores, la identidad cultural, histórica, lingüística, social y económica de la comunidad autónoma”, el porcentaje de programas de ámbito local o autonómico y las características técnicas del servicio, así como su viabilidad económica y los recursos humanos necesarios. Un total de 15 cláusulas referidas a formalidades pueden suponer la exclusión del aspirante.

El concurso asigna hasta 40 puntos a las “características de la programación ofertada”, hasta 30 según la “viabilidad económica y estructural del proyecto”, con hasta 20 “las características técnicas y operativas del proyecto”, un máximo de 10 a la “contribución a la pluralidad de oferta de prestadores de servicios de comunicación audiovisual”, 10 más al pleno “compromiso de no transmitir ni arrendar la licencia”, otros cinco como tope al “fomento de los valores culturales, históricos y sociales de la Comunidad de Castilla y León, hasta 10 puntos. Cada uno de estos seis epígrafes, a su vez, incluye distintas ponderaciones en diversos ámbitos.


Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS