Los socios de investidura del PSOE plantean crear un órgano independiente que fiscalice la actuación policial

La negociación que mantienen seis partidos en el Congreso para reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, tiene desde este miércoles sobre la mesa una propuesta para crear un órgano independiente que investigue cualquier conducta policial sobre la que existan sospechas de vulneración de los derechos de los ciudadanos. La proposición señala que dicha comisión esté presidida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y que elabore anualmente un informe sobre las denuncias recibidas en el que se planteen modificaciones de los “reglamentos y procedimientos de intervención de los cuerpos policiales” para evitar que se vuelvan a producir, según detallan fuentes parlamentarias. El texto cuenta con el apoyo inicial, a falta de cerrar el texto, de Unidas Podemos, ERC, PNV, EH BIldu y Junts, cinco de los seis partidos que participan en las negociaciones. El PSOE ha pedido tiempo para estudiarlo. “Vamos a revisarlo bien antes de que podamos avanzar en algún acuerdo”, señalan fuentes socialistas.

La idea ha sido puesta sobre la mesa por Unidas Podemos, que recoge a su vez una enmienda que Más País presentó a la ley de seguridad ciudadana. En esa iniciativa, el partido de Íñigo Errejón defendía que el futuro texto creara lo que denominaba “mecanismo independiente de supervisión” para fiscalizar la actividad policial. Aquella enmienda ponía el foco en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la actual ley mordaza, que son los que se recogen los controles, registros corporales e identificación de personas en la vía pública, uno de los aspectos que más criticados de la ley mordaza y que han provocado numerosas denuncias desde que esta fue aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015.

El texto presentado por Unidas Podemos va más allá y detalla cuál sería el funcionamiento de este organismo en caso de aprobarse la reforma de la ley mordaza. Así, recoge que sería el Defensor del Pueblo el encargado de poner en marcha, en el plazo de seis meses, este organismo “independiente” y formada por “personas expertas” al frente de la cual estaría el propio Defensor. Esta comisión tendría el encargo de elaborar un informe al año en el que se recogieran las “quejas y denuncias” sobre los supuestos abusos cometidos por policías en sus actuaciones, así como las recomendaciones para combatirlas. Para elaborarlo, los miembros de la comisión trabajarían tanto con quejas individuales de ciudadanos, como con los datos que obtuviera de las investigaciones que iniciara de oficio o a instancia de terceras personas. El documento final sería remitido a las Cortes y el propio Defensor los presentaría ante el pleno del Congreso de los Diputados para que pudiera ser debatido por los grupos parlamentarios y que estos pudieran plantear iniciativas parlamentarias.

El organismo guarda similitudes con la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, un órgano independiente creado en 2021 para investigar “cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o Policía Local de Euskadi que apunte a una posible vulneración de derechos”. Presidido por el magistrado Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, este organismo hizo público recientemente un dictamen en el que cuestionaba la actuación de siete ertzainas durante una disputa callejera ocurrida en junio de 2021 en el barrio San Francisco, de Bilbao. En el mismo, acusaba a la dirección de la Ertzaintza de no haber investigado suficientemente este posible exceso policial. La gran diferencia con la propuesta que ahora estudian los partidos favorables a reformar la ley mordaza es que esta comisión de control depende del Gobierno vasco, aunque tenga “autonomía funcional”.

Negociaciones encalladas

La propuesta de crear este organismo, a falta de que el PSOE se posicione, es el primer avance importante de las últimas semanas en las negociaciones de estos partidos, encalladas por la falta de acuerdos en los puntos más polémicos de la ley. De hecho, en la reunión de este miércoles, los representantes de los partidos volvieron a abordar la reforma del artículo 37.4, que fija como infracción leve ―sancionada con multas de 100 a 600 euros― “las faltas de respeto y consideración” a los policías “en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. Este punto, uno de los más utilizados por las Fuerzas de Seguridad desde que entró en vigor la norma, fue utilizado para multar al fotógrafo Javier Bauluz el pasado junio cuando cubría la crisis migratoria en Canarias.

Los socialistas han rechazado las dos propuestas que llevan varios días sobre la mesa para reformar este artículo, según fuentes conocedoras de lo tratado en la reunión. Una de las propuestas era de Unidas Podemos, sus socios de Gobierno, que quería limitar estas sanciones a los “insultos o injurias”, como ya recogía en las enmiendas que presentó en solitario cuando se inició el debate de la ponencia para la reforma. La otra, la del PNV, que planteaba, en un intento de acercar posiciones, castigar las “expresiones o conductas” que desacrediten el ejercicio de la función de los agentes.

El PSOE defiende que el texto actual debe mantenerse. Fuentes socialistas recuerdan que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, suavizó la aplicación de parte de la ley mordaza y, en concreto, de este artículo, al dar instrucciones a los policías para que solo se sancionara por este artículo a aquellos que se dirigieran a un policía sin respetar el derecho al “trato respetuoso, digno y adecuado” que cualquier persona merece, incurriendo en “actos humillantes, despectivos u ofensivos”. ERC, EH Bildu y Junts consideran que esta fórmula sigue siendo insuficiente porque deja un amplio margen a la arbitrariedad.

También queda por desatascar uno de los puntos más polémicos de la norma, el artículo 23, que recoge el uso policial de material antidisturbios y, en concreto, de las polémicas pelotas de goma. El PSOE defiende que se sigan usando, pero con un protocolo que regule estrictamente cuándo y cómo hacerlo. Sin embargo, ERC y EH Bildu exigen su prohibición y han mostrado su malestar por la reciente decisión del Ministerio del Interior de adquirir en el último año cerca de 60.000 pelotas de goma.

Estas discrepancias son un ejemplo más de las dificultades por las que transita la negociación para acordar una reforma de la ley mordaza. De hecho, los trabajos de la ponencia parlamentaria están paralizados desde marzo tras haber cerrado acuerdos únicamente sobre una treintena de artículos. Por ello, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts acordaron entonces celebrar encuentros preparatorios para limar diferencias y poder acudir a la próxima reunión de aquella con un texto ya cerrado para agilizar el trámite parlamentario y sortear la oposición frontal de los partidos de la derecha. Ese acuerdo aún o se ha alcanzado tras celebrar 29 reuniones entre los seis partidos. La próxima semana está previsto que se vuelvan a sentar.