La Audiencia Nacional da luz verde a la expulsión de dos líderes islámicos a los que apoya el Parlament

La Audiencia Nacional no ha aceptado la petición de Mohamed Badaoui y Amarrouch Azbir, acusados de amenazar la seguridad de España, de paralizar cautelarmente su deportación a Marruecos. Los dos líderes de la comunidad islámica en Cataluña fueron detenidos el martes, después de que el secretario de Estado de Seguridad diese luz verde al expediente de expulsión incoado por la Policía Nacional, cuya Comisaría General de Información los acusa de haber disparado el radicalismo en Tarragona con su “discurso proyihadista”. El Parlamento catalán ha expresado su apoyo a los dos afectados.

El tribunal argumenta que, entre los intereses en conflicto, prevalece la seguridad nacional ante los de carácter personal, laboral y social alegados por los dos afectados. Y cita para ello, en el caso de Badaoui, el informe de la Comisaría General de Información, que señala su “radicalismo ideológico”, sus postulados “proyihadistas” y asegura que es uno de los principales referentes en España “del salafismo más ortodoxo”. También indica que lo predica entre colectivos especialmente vulnerables, como los menores no acompañados. Ambos han denunciado judicialmente la decisión administrativa, que seguirá su curso con ellos ya en Marruecos.

Los dos referentes islámicos fueron detenidos el martes, cerca de las cinco de la tarde, en Reus (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), respectivamente. Dos meses antes, se les había notificado el expediente de expulsión, que recurrieron. Badaoui, de 40 años, lleva en España 30, adonde llegó desde Marruecos y se asentó con sus padres en la zona de Tarragona. Azbir, de 41 años, lleva 22 años en España. Ambos tienen familia e hijos, los dos pidieron la nacionalidad española que les denegaron y los dos han estado vinculados a mezquitas en el radar de los servicios de información por sus discursos salafistas.

Badaoui fue portavoz de As-Sunnah, en Reus, que dejó para presidir la Asociación por la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom). Azbir vive en Vilanova i la Geltrú, donde trabaja como barrendero, y es el presidente de la mezquita Al Furkan, polémica por su vinculación en el pasado con el terrorismo. Ambos han negado que sean una amenaza para la seguridad nacional y atribuyen la expulsión a su defensa de los derechos legítimos de la comunidad islámica en Cataluña.

“Hemos presentado una queja al defensor del pueblo”, asegura Ivan Aybar, abogado de los líderes. El letrado critica que únicamente pudo comunicarse con sus clientes el mismo martes, cuando le llamaron desde la comisaría de la Policía Nacional de La Verneda, en Barcelona. “Desde entonces, no sabemos nada de nada”, lamenta, y señala la angustia de sus familias. “Es un sufrimiento insoportable e impropio de un estado de derecho”, arremete Aybar. La deportación, con la luz verde de la Audiencia, puede ser inmediata. El abogado también se plantea presentar una querella por el trato que dispensado a sus clientes.

La decisión de la Audiencia Nacional supone la deportación a Marruecos de los dos hombres, con la prohibición de regresar a España por un periodo de 10 años. El proceso judicial seguirá su camino, aunque hayan sido expulsados a su país de nacimiento. En el caso de que finalmente el tribunal les diese la razón y considerase infundado el expediente de expulsión, podrían regresar a España, donde dejan su familia, trabajos estables y, en el caso de Badaoui, una relación continua con las administraciones y diversos partidos políticos, como cara visible de la asociación que preside.

Las entidades islámicas critican la elección de la vía administrativa para expulsarlos. “Si han infringido las normas, que se les abra un procedimiento judicial. En uno administrativo, eres incapaz de defenderte. Ese es el problema”, lamentó a este diario el presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat), Mohamed El Ghaidouni. Una opinión compartida por Farid Khattouti, secretario de la mezquita de Reus de la que Badaoui fue portavoz hasta 2020. Considera que ese tipo órdenes trasladan la idea de que “las personas más influyentes o que más se ven” son las que luego se arriesgan a ser expulsadas.

Fuentes policiales destacan como un elemento clave la denegación de la nacionalidad española, requisito indispensable para presentarse a las elecciones generales. En el caso de Badaoui, la policía le atribuía una voluntad de dedicarse a la política, algo que él niega. Fuentes vinculadas a los servicios de información aseguran que uno de los grandes temores es que se logre vertebrar en España una opción política salafista. Badaoui ha logrado una defensa cerrada de su persona, con el apoyo de la junta de portavoces de Reus, incluido el PSC. También de la del Parlament, que ayer aprobó una declaración en la que solidarizaba con Badaoui y denunciaba un “caso de represión política e islamofobia por parte del Estado”, firmado por ERC, la CUP, JxCAt y En Comú Podem.