Detenidos dos líderes de la comunidad islámica a los que se abrió un expediente de expulsión acusados de amenazar la seguridad nacional

Dos líderes de la comunidad islámica en Cataluña, Mohamed Badaoui y Amarouch Azbir, han sido detenidos este martes por la tarde por la Policía Nacional. A ambos se les abrió un expediente de expulsión hace dos meses, tras un informe de los servicios de información en los que se denunciaba su supuesta radicalidad ideológica y se decretaba su expulsión del país por suponer una amenaza para la seguridad nacional. Ambos se encuentran en la comisaría de La Verneda, en Barcelona, según ha confirmado su abogado, a la espera de la expulsión a Marruecos.

Los expedientes informativos se les comunicaron durante el mes de agosto. En ambos casos, se llevaron a cabo después de que los afectados, que llevan entre 20 y 30 años en España, solicitasen la nacionalidad española. Badaoui es un referente de la comunidad islámica en Reus (Tarragona) y ha recibido el apoyo municipal, de las instituciones y de diversos políticos. Desde que se iniciase la campaña, con Azbir en un segundo plano más discreto, han iniciado una estrategia de defensa de sus derechos y su solicitud de poder defenderse ante un juzgado. El gran temor de ambos es que, como ha ocurrido, la policía les detuviese sin margen a que un juez se pronunciase.

A los dos se les acusa de practicar y difundir el salafismo radical. Badaoui, que lleva en España tres décadas, fue portavoz de la mezquita As-Sunnah, de Reus, señalada como un centro salafista, y en los últimos años ejerce como presidente de la Asociación por la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom). Azbir vive en Vilanova i la Geltrú desde hace 22 años, donde trabaja como barrendero, y es el presidente de la mezquita Al Furkan, polémica por su vinculación en el pasado con el terrorismo.

Los dos expedientes de expulsión han despertado suspicacias en la comunidad islámica, que considera que exponerse públicamente con cierto liderazgo y defender los derechos de sus miembros supone un riesgo claro de ser considerado una amenaza para la seguridad nacional. Fuentes policiales insisten en el temor de los servicios de inteligencia y los operadores policiales de que se constituya en España una opción política basada en el salafismo.

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