Líderes de la comunidad islámica en el punto de mira

Los expedientes de expulsión a dos líderes de la comunidad islámica, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, asentados desde hace décadas en Cataluña, bajo la acusación de estar radicalizados y suponer un peligro para la seguridad nacional, infunden temor entre las entidades musulmanas. “Es una situación delicada”, afirma Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat), que afecta a “personas que llevan 20 o 30 años en España”. “El miedo que tenemos es que se genere la idea de que ser representante de la comunidad conlleva un riesgo de expulsión”, señala. El letrado Iván Aybar, que defiende a Said y Azbir, va más allá: “No es de extrañar que muchas comunidades islámicas tengan ahora problemas para cubrir los cargos de presidente”, explica por correo electrónico.

Said llegó a los 10 años a España —donde ya lleva 30—, con sus padres, y se ha dedicado desde Reus (Tarragona) a ser una de las caras visibles de la comunidad islámica, primero como portavoz de la mezquita de la ciudad, As-Sunnah, y en los últimos años como presidente de la Asociación por la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom). Azbir vive en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) desde hace 22 años, donde trabaja como barrendero, y es el presidente de la mezquita Al Furkan, polémica por su vinculación en el pasado con el terrorismo. Said más hacia afuera, defendiendo los derechos de la comunidad islámica, y Azbir más volcado internamente, son dos referentes a los que la Policía Nacional vincula con el salafismo y considera un peligro para la seguridad nacional. Ambos han recibido las órdenes de expulsión preferentes, aún en trámite, después de solicitar la nacionalidad española.

Medio centenar de los 285 centros de culto islámicos en Cataluña, según datos del Departamento de Justicia de 2020, siguen una corriente salafista que defiende una versión rigurosa del islam. En el caso de Said, la Policía le vincula al “salafismo más ortodoxo”, dice que es uno de sus principales referentes, y le achaca un supuesto incremento de la radicalización en Tarragona. Entre otras cuestiones, también le acusa de “adoctrinar” a menores migrantes, defender la sharía y la yihad y querer injerir en política con estas ideas, acusaciones que él niega. “La cuestión clave es si las ideas que se defienden se trasladan al ámbito externo de tal manera que suponen una amenaza o un peligro cierto, real y actual para la seguridad nacional o el orden público”, esgrime el abogado Aybar, que reprocha que los informes policiales no aporten pruebas.

“Si han infringido las normas, que se les abra un procedimiento judicial. En uno administrativo, eres incapaz de defenderte. Ese es el problema”, lamenta el presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat), El Ghaidouni. “Que se haga un proceso judicial normal, y que se decida lo que se considere”, comparte Farid Khattouti, secretario de la mezquita de Reus de la que Said fue portavoz, catalogada como salafista y que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz señaló como una de las más radicales. Para Khattouti, las dos órdenes de expulsión trasladan la idea de que “las personas más influyentes o que más se ven” son las que luego se arriesgan a ser expulsadas. “Esto va a tener efectos directos e indirectos. Muchas personas van a reducir sus actividades”, añade el secretario de la mezquita de Reus, que define a Said como una persona abierta y conciliadora.

“Se trata de un aviso a navegantes”, consideran fuentes que conocen el contexto del islam en Cataluña desde hace años. Las comunidades, indican, se han caracterizado “por no quejarse” y ser “poco combativas”, mientras perfiles como Said han peleado públicamente por cuestiones como el menú halal, el uso del velo o poder tener un cementerio propio, elementos esgrimidos por la policía en su expediente de expulsión. Otras fuentes policiales señalan el temor que suscita en los ámbitos de la seguridad del Estado que se estructure a la comunidad islámica a través del salafismo político. La nacionalidad española, solicitada por Said y por Azbir, es un requisito necesario para poder presentarse a elecciones autonómicas y generales. Ambos han recibido el apoyo de líderes políticos locales. En el caso de Said, diputados de En Comú Podem, ERC, la CUP y Junts hicieron llegar una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que frenase el proceso de expulsión.

“No existe razón que motive la expulsión urgente de estas dos personas. Si de verdad supusieran un peligro cierto, real e inminente para la seguridad nacional o el orden público, se hubiera procedido a su expulsión hace tiempo, en lugar de denegarles la nacionalidad”, opina el letrado Aybar. El abogado ha recurrido ambas órdenes de expulsión, insiste en que la Policía no ha “probado en modo alguno” que sus clientes supongan una “amenaza para la seguridad nacional” y pide que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelvan los procesos judiciales paralelos iniciados tras la denegación de la nacionalidad. “Es urgente desterrar de nuestro sistema legal toda posibilidad de expulsar a un extranjero sin aportar pruebas fehacientes” y sin que pueda “presentarlas ante los tribunales de la justicia”.

Después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, en 2017, se incoaron expedientes de expulsión a diversos líderes de la comunidad islámica en España al considerarlos también peligrosos para la seguridad nacional. Entre ellos, Yassine Lafraiki, imán del centro islámico de Corella (Navarra), acusado de practicar el proselitismo salafista y buscar financiación de organizaciones vinculadas al Estado Islámico para construir una mezquita. También se ordenó la expulsión de Mohamed Attaouil, líder de la mezquita de Salt (Girona), también considerada salafista. Lafraiki fue expulsado. En el caso de Attaouil, que solicitó la nacionalidad, la expulsión fue suspendida.

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