Sánchez presiona a Feijóo para que se comprometa hoy mismo a renovar el Poder Judicial

Todo se precipitó a última hora de la tarde de este domingo, cuando en La Moncloa tuvieron conocimiento de que Carlos Lesmes dimitiría este lunes. No era el escenario previsto. El Gobierno pensaba hasta este sábado que Lesmes intentaría lograr el apoyo de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que necesitaba para renovar el Tribunal Constitucional, y contaba con una semana de intensas negociaciones hasta el pleno del jueves. Pero Lesmes finalmente decidió tirar la toalla y La Moncloa, tras varios meses sin ningún contacto con Alberto Núñez Feijóo ni con su equipo, porque no veían ninguna intención del líder de la oposición de renovar el Poder Judicial, decidió tomar rápidamente la iniciativa. Óscar López, jefe de Gabinete de Sánchez, se puso en contacto con el equipo de Feijóo para convocarle este lunes a las 10.30 de forma extraordinaria. El objetivo es intentar resolver la inédita situación de crisis institucional que se abre con la dimisión de Lesmes.

El presidente del Gobierno, según fuentes de su equipo, le da la mayor gravedad a esta crisis y se ha fijado como meta que Feijóo no abandone La Moncloa este lunes sin cerrar antes un compromiso firme para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años y el PP tiene bloqueado desde entonces. Sánchez será muy directo y tratará de poner al líder popular frente a su responsabilidad en una crisis institucional sin precedentes. Y no aceptará más excusas ni condiciones, sostienen las mismas fuentes. Le exigirá que cumpla la Constitución y renueve el Poder Judicial. “El cumplimiento de la Constitución no admite condiciones”, insisten en La Moncloa.

Feijóo —que llegó a la dirección del PP prometiendo moderación y dejó caer que estaba dispuesto a renovar el órgano, pero no ha sido capaz de hacerlo en los seis meses que lleva dirigiendo a los populares— ha sugerido en Twitter que sí acudirá al despacho del presidente con condiciones, lo que puede complicar mucho la reunión. “Me reuniré con Sánchez en La Moncloa. Allí está desde julio mi oferta de pacto para garantizar la independencia de la justicia, como pide la UE, y aunque lamento que se haya tenido que llegar a la renuncia del presidente del Tribunal Supremo, acudiré con la mejor disposición”.

Feijóo desliza así que para acceder a renovar el CGPJ volverá a pedir a Sánchez que acepte cambiar el método de elección de los vocales, algo que el Gobierno rechaza de plano por dos motivos: primero porque no es asumible, dicen en La Moncloa, exigir condiciones para cumplir la ley; y segundo porque el sistema que plantea el PP —que los vocales jueces del Consejo sean elegidos directamente por los jueces, sin participación del Parlamento— implicaría una mayoría conservadora del Poder Judicial para siempre, voten lo que voten los ciudadanos, por el sesgo conservador de la mayor parte de los miembros de la carrera judicial.

El PP se escuda en que la Comisión Europea también defiende su modelo de que los jueces elijan directamente a la mayoría del CGPJ —ahora lo hacen de manera indirecta, ya que 12 de los 20 vocales son elegidos por el Parlamento, pero a partir de una lista que elaboran previamente los jueces a través de votaciones internas—; el Gobierno insiste, sin embargo, en que dentro de la UE hay muchos modelos diferentes y en algunos la política tiene un control aún más directo del Poder Judicial que en España, sin que eso haya generado problemas. En cualquier caso, el Gobierno señala que todo esto se puede discutir en el Congreso, y el PP puede presentar iniciativas o esperar a tener una mayoría para cambiar el sistema —no lo hizo cuando tenía mayoría absoluta, entre 2011 y 2015, aunque lo había prometido— pero lo que no puede hacer, sostienen los socialistas, es chantajear al Ejecutivo condicionando la renovación al cambio de modelo.

El actual Consejo fue nombrado por el Congreso y Senado cuando el PP tenía una mayoría absoluta lograda en 2011, hace casi 11 años. Desde entonces ha habido cuatro elecciones generales en las que el PP ha ido perdiendo apoyos sistemáticamente, pero conserva el control férreo del órgano de gobierno del Poder Judicial gracias a su estrategia de bloqueo. El último episodio de esta maniobra consiste en bloquear también la renovación del Tribunal Constitucional, que tendría que haberse hecho el 12 de junio y estaba pactada entre el Gobierno y Pablo Casado, pero Feijóo decidió no reconocer ese acuerdo y mantiene desde entonces un bloqueo que es el que ha terminado con la dimisión de Lesmes.

El Gobierno confiaba en que este magistrado conservador, cercano al PP, cumpliera con el compromiso que trasladó en privado cuando empezó a plantear la posibilidad de dimitir: que antes de hacerlo dejaría cerrada la renovación del Constitucional. Esta semana era clave, y el Ejecutivo esperaba que Lesmes lograra convencer a un grupo de vocales conservadores —necesitaba tres— para que dejaran atrás la actitud obstruccionista y renovaran el Constitucional. Pero no lo ha logrado.

Ahora, si no consigue convencer a Feijóo, a Sánchez solo le queda una opción también compleja: designar a los dos magistrados del Constitucional que corresponden al Ejecutivo, sin esperar a que haga lo propio el CGPJ. Esta opción siempre ha estado encima de la mesa, aunque tiene dificultades jurídicas —el Constitucional podría rechazar esa renovación parcial—, pero el Ejecutivo ha preferido no actuar confiando en que Lesmes y algunos conservadores desbloquearían la situación. Ahora que Lesmes se rinde, todos los escenarios vuelven a estar a debate y la situación se puede precipitar muy rápidamente.