Sánchez contrapone su “reforma fiscal social” a los que debilitan el Estado del bienestar

El presidente clausura el Foro La Toja con un vídeo en el que defiende usar los mayores ingresos para ofrecer mejores servicios públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura telemáticamente el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, este sábado.Foto: LAVANDEIRA JR (EFE) | Vídeo: EUROPA PRESS

“¿Qué Estado del bienestar queremos?”. La pregunta era retórica y la ha formulado varias veces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender su reciente reforma fiscal en su intervención grabada en vídeo para clausurar este sábado la IV edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico, al continuar dando positivo por la covid. Fue, sobre todo, un alegato en defensa de los servicios públicos y universales para todos los españoles. Con un mensaje político de fondo. El Gobierno del PSOE, según la exposición llena de datos y ejemplos de Sánchez, pretende usar el evidente incremento de ingresos que está recogiendo ahora el Estado para financiar mejor y más una respuesta de “justicia social” a la crisis provocada por la guerra en Ucrania y el aumento de los precios por la inflación. Y contrapuso ese modelo a copiar por España de los países líderes de Europa al del PP de Alberto Núñez Feijóo, que defiende que el dinero está mejor “en el bolsillo de cada ciudadano”, y que Sánchez cuestiona porque entiende que así lo que se consigue es, por el contrario, “desarmar”, “debilitar” y “fragilizar” el Estado del bienestar.

“No hay mayor herramienta para combatir la desigualdad y defender la justicia social que el Estado del bienestar. Pero la justicia social requiere de una condición de partida: justicia fiscal. Que cada cual aporte en función de su capacidad. Es el valor inherente al modelo social europeo. Y es un principio que impregna nuestro pacto constitucional”, enfatizó el presidente Sánchez en su exposición desde La Moncloa para el cierre de un foro impregnado de políticos y grandes empresarios muy nostálgicos del bipartidismo y que han mostrado durante tres días mucho temor e inquietud ante el inmediato futuro.

El jefe de Gobierno no ocultó su preocupación por las consecuencias de la guerra causada por Vladímir Putin en Ucrania, aunque volvió a pronosticar que será derrotado y cuestionó la validez de los referendos que ha promovido en los últimos días en las zonas que Rusia ha dado luego por anexionadas, consultas que el presidente español calificó de “pantomima”. Sánchez también aprovechó para recordar que hace un año, cuando clausuró la tercera edición de ese foro, ya anticipó algunas medidas y reivindicaciones sobre el mercado energético que luego impulsó a nivel europeo con su colega portugués, el socialdemócrata António Costa. La cita a Costa llegó justo un día después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha estado los tres días del Foro en la isla de A Toxa (Pontevedra), expusiera las actuaciones del jefe de Gobierno portugués como su ejemplo a seguir porque no han ido por la senda de aumentar impuestos.

Sánchez no eludió esa polémica sino todo lo contrario. Su Gobierno sostiene que si se explica bien y razonadamente para qué se usan los impuestos y los mayores ingresos públicos generados por la reforma fiscal anunciada esta semana, los españoles entenderán las claras e ideológicas diferencias entre su modelo y el liberal de Feijóo. Y es lo que se entretuvo en hacer el presidente este sábado.

El secretario general del PSOE recordó primero cómo actuó el Ejecutivo del PP para salir de la crisis financiera de 2008, con recortes de servicios sanitarios y sociales que se tardó 10 años en recuperar, y apostó por encarar ahora esta situación de otra manera radicalmente distinta. Y empleó el término de “justicia social” como un “valor que vincula a los países más avanzados y líderes en el índice de desarrollo humano con una fiscalidad justa para proveer servicios públicos de calidad” y como “el que sostiene el contrato social que cohesiona a un país”.

A la pregunta de Sánchez sobre “¿qué Estado del bienestar queremos?”, el presidente se autocontestó: “Es tiempo de elegir y las opciones son claras: ¿fortalecemos o debilitamos el Estado del bienestar? ¿Robustecemos los servicios públicos o nos fragilizamos? ¿Nos protegemos colectivamente frente a los riesgos de futuras crisis o nos desarmamos a la hora de responder a esos riesgos?”.

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Niega que haya un problema de gasto

El líder socialista, además, niega, como critican los dirigentes del PP y otros partidos de la derecha, que ahora en España, con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, haya un problema de gasto. Y aportó sus datos: “Antes de la pandemia, España era el sexto país de la Unión Europea con menos ingresos fiscales y el undécimo con menos gasto público. De hecho, nuestros ingresos y gasto público han estado en los últimos años cinco puntos por debajo de la media de la UE”. El presidente admitió que también hay algunas naciones europeas que recaudan y gastan menos, pero las catalogó como las “repúblicas que pertenecieron al antiguo bloque soviético”.

Sánchez identificó así los países con mayores niveles de desarrollo humano, cohesión social y de menor desigualdad con sus ingresos fiscales. Y recalcó: “¿A quién queremos parecernos en el futuro?”, para enseguida contestarse: “Lo que no podemos pretender es tener un Estado del bienestar como los países nórdicos con niveles de ingresos fiscales propios de países menos avanzados”. E incidió: ¿Queremos ser europeos con un Estado del bienestar europeo? Si a esta pregunta respondemos afirmativamente, debemos ser consecuentes: dotar de ingresos a ese Estado del bienestar”.

Fue así como el jefe del Gobierno entró en el correoso debate sobre cómo sufragar ese Estado del bienestar. Y ahí se armó de la Constitución y de la experiencia histórica observada en Europa para concluir que en una nación occidental y avanzada como la española, ese Estado “deben costearlo todos los ciudadanos y en proporción” a sus ingresos, algo que pese a las polémicas fiscales de estos días le parece a Sánchez obvio incluso con las recomendaciones de los organismos internacionales, la OCDE, el FMI y el Banco Central Europeo: “Los impuestos deben ser progresivos: quienes más tienen, deben aportar más a la caja común”.

Pedro Sánchez retomó las lecciones que piensa deberían haberse aprendido al respecto durante la reciente pandemia, cuando se constataron las carencias de los sanitarios por “el desarme de la sanidad pública por los recortes”, pero lamenta que algunos dirigentes políticos las hayan olvidado tan rápido. “No hay mayor muestra de compromiso con quienes velan por nuestra salud, seguridad y servicios, que garantizar la financiación adecuada de los servicios públicos a través de una fiscalidad justa”, remachó, y se entretuvo en explicar varios casos de lo que suponen los costes de esa sanidad pública y para todos: “¿Aceptamos con naturalidad que una persona pueda caer en la pobreza por no poder hacer frente al gasto de una operación de cadera? ¿Estamos dispuestos a tolerar que una mujer tenga que hipotecar su vivienda para pagar la factura del tratamiento de un cáncer? En España, una persona se hipoteca para comprar una vivienda o un coche. ¿Aceptamos como lógico que tenga que hacerlo para enviar a una hija a la universidad?”.

No a las soluciones liberales

El dirigente socialista renegó de las soluciones liberales y del PP de Feijóo sobre que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y que él descalificó como “la doctrina del sálvese quien pueda”. Y las replicó con ejemplos: “Alguien que tenga que someterse a un trasplante de corazón pagaría en nuestro país 90.400 euros que abona íntegramente el Estado, frente a casi un millón y medio en Estados Unidos”. Otro: “El coste medio de una hospitalización asciende a más de 5.000 euros. El coste medio de procedimientos quirúrgicos es de más de 7.500 euros. El coste del ingreso hospitalario en una cama UCI por covid superó los 19.000 euros. El coste total de hospitalización de la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud supera los 16.000 millones de euros; una cifra mayor que el presupuesto total de 13 comunidades autónomas. Por cada menor escolarizado, el Estado gastó 6.230 euros. Y por cada hijo estudiando en la universidad, 9.589 euros”.

Sánchez concluyó: “No hablamos de gastos abstractos. Hablamos de servicios que ilustran una verdad incómoda para los portavoces de la insolidaridad fiscal: la inmensa mayoría de la gente recibe más servicios de lo que paga en impuestos”. Y pidió a los empresarios privados presentes colaboración y ayuda.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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