La diputada de la CUP Eulàlia Reguant alega que no contestó a Vox en el juicio del ‘procés’ “por dignidad”

La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha alegado este miércoles en el Tribunal Supremo que se negó a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio del procés “por dignidad”. “Asumir la presencia de los que no garantizan los derechos fundamentales es asumir que no puede haber un juicio justo”, ha sostenido Reguant ante el tribunal que la ha juzgado por un delito de desobediencia cometido el 28 de febrero de 2019, cuando Reguant, citada como testigo en la vista contra los líderes independentistas acusados de rebelión y malversación, se negó a responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox. La Fiscalía, que pide para la diputada cuatro meses de prisión, ha recordado que los testigos en un juicio están obligados por ley a contestar y que la jurisprudencia del propio Supremo rechaza que la defensa de la “dignidad” o la “incomodidad” que pueda producir una determinada comparecencia eximan de esa obligación. El juicio ha quedado visto para sentencia en apenas una hora y media.

Reguant se ha sentado en el banquillo este miércoles acusada de un delito de desobediencia. El mismo día en que ocurrieron los hechos, el tribunal le impuso una multa de 2.500 euros y envió su caso a un juzgado. Reguant era entonces edil del Ayuntamiento de Barcelona, por lo que recayó en un juzgado ordinario, pero marzo de 2021 resultó elegida diputada autonómica y adquirió la condición de aforada, lo que obligó a enviarlo al Supremo. El juicio iba a celebrarse en marzo pasado, pero se suspendió por un error de procedimiento y la vista ha tenido lugar finamente este miércoles en la sede del alto tribunal, aunque Reguant no se ha encontrado frente a frente con ninguno de los siete magistrados que hace tres años y medio decidieron deducir testimonio de aquel incidente (enviarlo a un juzgado). Los jueces del procés no pueden participar en esta causa, y el tribunal ha estado compuesto por Miguel Colmenero (presidente), Vicente Magro, Susana Polo, Eduardo de Porres, Ángel Luis Hurtado, Leopoldo Puente y Javier Hernández.

La acusada solicitó poder declarar en catalán y el tribunal lo aceptó, por lo que las intervenciones de Reguant han sido traducidas por un intérprete. La diputada se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal y solo ha respondido a las de su abogado, que ha centrado la defensa en que la actuación de Reguant fue una suerte de “objeción de conciencia”. El abogado y la diputada han incidido también en que el presidente del juicio del procés, el magistrado Manuel Marchena, no advirtió a Reguant de las consecuencias penales de su conducta ni le dio una alternativa como sí había hecho minutos antes con el también exdirigente de la CUP Antonio Baños.

Baños, citado como testigo la misma tarde que Reguant, fue el primero en negarse a contestar a Vox, y el tribunal, en un intento de mantener la frágil calma en la que discurría el juicio del procés, se ofreció a que Vox formulara sus preguntas a través de Marchena. Baños aceptó y el presidente del tribunal empezó a repetir las cuestiones que la acusación popular iba planteando. Pero a la tercera pregunta, el testigo hizo ver que así estaba contestando indirectamente al partido ultra y Marchena dio por terminado el interrogatorio y, tras un breve receso, el tribunal anunció que iba a enviar el caso a un juzgado. Cuando llegó el turno de Reguant y esta también se negó a contestar a Vox, Marchena ya no ofreció alternativa: “Puede usted marcharse, usted es testigo en respaldo de una acusación, si no permite que la acusación le haga las preguntas para respaldar su escrito no tiene sentido que se le deje contestar a las defensas. Coja su carné y no pasa nada, se actúa como exige la ley con los testigos que no quieren declarar”, advirtió el presidente. Y de esa postura tajante se ha quejado Reguant en su juicio, donde ha asegurado que, si le hubieran ofrecido contestar a Vox a través del presidente como ocurrió con Baños, ella sí que hubiera aceptado.

Sin esa segunda oportunidad ni una advertencia clara por parte de Marchena, según el abogado, no se da el requisito que exige el delito de desobediencia grave de que haya existido un mandato previo “concreto y preciso” que el acusado ha rechazado cumplir. El fiscal ha rebatido este argumento porque, en su opinión, la opción que intentó el tribunal fue una solución para salir del paso, pero que no está recogida en la ley y, por tanto, sería de dudosa legalidad si se hubiera consumado.

En su declaración, de alrededor de 10 minutos, Reguant ha jugado la baza de la “dignidad” y la “libertad de conciencia”. “¿Consideraba que declarar le podía causar menoscabo en su dignidad?”, ha preguntado su abogado. “Sí porque la extrema derecha va en contra de la igualdad de género y la igualdad de las personas”, ha contestado la diputada. La defensa ha insistido en este argumento en sus conclusiones finales, en las que ha recordado que el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que no se puede obligar a un testigo a contestar a las preguntas que le puedan ocasionar “un perjuicio moral”. “Viene a decir que la dignidad personal de la testigo es un límite claro al principio de autoridad”, ha insistido el abogado, quien ha recordado que Reguant manifestó “una profunda discrepancia con la acusación popular, xenófoba y machista. Se trataba de una objeción de conciencia ante la presencia y el papel de la acusación popular”.

El único momento de cierta tensión de la vista se ha producido durante el turno de última palabra de la acusada. Reguant ha insistido en que su intención a negarse a contestar a Vox era “luchar” contra la ideología “fascista”, pero, en su argumentación, ha puesto en duda la legitimidad del propio Supremo y del juicio del procés. “Aceptar la presencia de aquellos que niegan los derechos fundamentales ya era una declaración de intenciones por parte del Poder Judicial. Era imposible obtener justicia en aquel procedimiento”, ha sostenido Reguant antes de ser interrumpida por el presidente del tribunal: “No se trata de hacer un alegato político. Si no tiene ninguna otra cosa que decir para explicar sus razones de no contestar a Vox debe terminar”, le ha dicho. La diputada ha insistido que actuó “en conciencia” y el juicio ha quedado visto para sentencia.