Tres comunidades del PP se desmarcan de la supresión del Impuesto al Patrimonio

A diferencia de la etapa de Pablo Casado, en la que Génova trataba de influir en la dirección política de todos los gobiernos autonómicos del PP, Alberto Núñez Feijóo es partidario de dejar manos libres a los barones populares. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se toma esta filosofía al pie de la letra ejerciendo incluso de verso suelto, mientras Juan Manuel Moreno Bonilla, flamante ganador de una mayoría absoluta en Andalucía, pide pista en la política nacional. El riesgo de la nueva etapa de corte más autonomista del PP es que se perciban más las diferencias entre barones territoriales, como ha sucedido en el debate fiscal. Aunque todos los Gobiernos populares se han entregado a la carrera por las rebajas de impuestos, tres de los cinco Ejecutivos autonómicos del PP se desmarcan de la supresión del Impuesto de Patrimonio tras el anuncio del presidente andaluz. Galicia y Castilla y León no prevén eliminar este tributo en el corto plazo, mientras Murcia lo condiciona a poder cuadrar las cuentas.

La supresión del Impuesto de Patrimonio genera controversia política, reconocen fuentes territoriales del PP, que dudan de que sea el debate que más le interese ahora al partido. “A Moreno Bonilla le está costando explicarlo, en el momento actual a lo mejor no ha sido lo más adecuado”, admiten estas fuentes. Este tributo estatal, cedido a las comunidades autónomas, grava según la ley a quienes posean bienes superiores a 700.000 euros, sin contar con la vivienda habitual, aunque en algunas autonomías el umbral es más bajo. Es decir, es un impuesto que impacta sobre todo en los que más tienen, y no sobre las clases medias. En Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla anunció el lunes que lo suprimirá, la medida solo beneficiará al 0,2% de los contribuyentes andaluces, unos 20.000 ciudadanos. Las familias más pudientes dejarán de pagar de media 5.800 euros al año.

El resto de presidentes del PP no tienen previsto seguir la estela de Moreno Bonilla. Con la excepción de la Comunidad de Madrid, que ya tenía el impuesto bonificado al 100%, las otras tres comunidades autónomas con Gobiernos del PP mantienen este impuesto y no prevén eliminarlo en el corto plazo, aunque Murcia sostiene que lo estudia, pero condicionado a que las cuentas cuadren.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, rechazó este jueves sentirse presionado por Andalucía y defendió un camino fiscal propio que tenga en cuenta los servicios públicos. “Tenemos nuestra propia senda marcada, creo que ya hemos dado muestras de ello y dijimos que nos preocupaba especialmente a efectos fiscales seguir ayudando a las familias. Equipararemos el tratamiento fiscal de las familias con dos hijos a las de las familias numerosas a partir del año que viene. Volvemos a bajar impuestos a las rentas más bajas, que son las que más lo necesitan. El 99,99% de los gallegos ya no pagamos sucesiones”, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión de su consejo de Gobierno.

El sucesor de Feijóo en la Xunta de Galicia enfatiza que la “premisa fundamental” que guía a su Gobierno con la política fiscal es que “los impuestos son los que soportan los servicios públicos”. “Por lo tanto, para tener servicios públicos de calidad hay que acompasar todas las rebajas fiscales con mantenimiento y, si puede ser, y tiene que poder ser, con la elevación de la calidad con la que se prestan esos servicios”, subrayó este jueves, poniendo el foco en que las rebajas fiscales repercuten en el Estado del Bienestar.

Este viernes, Rueda ha anunciado una bonificación del 50% en el impuesto de Patrimonio, al sumar un 25% al otro 25% que ya estaba bonificado, informa Efe. El presidente gallego ha cedido ante la presión de la carrera fiscal de sus colegas, pero sigue conservando el tributo, sin suprimirlo, aunque lo bonifique a la mitad.

En el Gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco también está llevando adelante rebajas fiscales, pero no se plantea suprimir el Impuesto de Patrimonio. El Ejecutivo autonómico ha aprobado reducir el primer tramo del IRPF —el de las rentas más bajas— en un 5,3 %, lo que situará a Castilla y León como la segunda comunidad —tras Madrid— con el tipo mínimo más bajo de este impuesto, y ha incrementado las cuantías deducibles por nacimiento o adopción de hijos e hijas cando el contribuyente resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes. En el Gobierno castellano-leonés se sienten “cómodos” en una política de rebajas fiscales, pero les parece “más interesante una política de apoyo a rentas medias y bajas, como menos tasas universitarias y ayudas para libros”, apuntan fuentes de ese territorio. “Vamos en otra línea, sobre el impuesto del patrimonio hay debate”. “La línea por la que debería ir el PP es la de bajar los impuestos, pero cuanto más generales, mejor”, resumen fuentes populares.

El caso de Murcia es algo diferente, porque el Gobierno regional sí es partidario de eliminar este gravamen a los más pudientes. Solo que de momento no puede. El presidente, Fernando López Miras, también se ha sumado a la carrera fiscal con el anuncio esta semana de la deflactación de la tarifa del IRPF autonómico en cuatro tramos, lo que supondrá una merma de ingresos para las arcas murcianas de unos 10 millones de euros, según sus cuentas. Pero el barón murciano reconoce que, aunque le gustaría eliminar el Impuesto al Patrimonio, la infrafinanciación de su comunidad autónoma le condiciona. “No es solo voluntad, sino [que] es la posibilidad de que las cuentas cuadren. También está en mi responsabilidad de gestor público”, reconoció López Miras este jueves en Onda Cero.

Génova no ha dado instrucciones a los barones para que repliquen la misma política fiscal, según fuentes territoriales, y de ahí la disparidad de criterios. La iniciativa de Moreno Bonilla sobre el Patrimonio, que Feijóo conocía y avaló, permite al PP competir por el ala derecha ―con los ultraliberales de Vox―, pero a juicio de algunas voces del partido se aparta de la estrategia centrista con la que el líder del PP pretende alcanzar La Moncloa.