¿Las víctimas de la tragedia de la valla de Melilla murieron en Marruecos o en España?

A punto de cumplirse tres meses de la muerte de al menos 23 personas cuando intentaban cruzar a la fuerza el puesto fronterizo de Barrio Chino, que separa Marruecos de Melilla, sigue habiendo más preguntas que respuestas sobre la tragedia. La última cuestiona si la explanada donde se produjo la estampida en la que murieron decenas de migrantes y refugiados es suelo español o marroquí. La cuestión lleva semanas en el aire, pero la ha lanzado públicamente este lunes el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu en su Twitter: “La avalancha y la mayoría de muertes del pasado 24 de junio en la frontera hispano-marroquí se produjeron en el espacio señalado en rojo. ¿Es territorio marroquí o español?, ¿Alguien tiene un mapa más preciso? Es que Google Earth fija los hechos en España”.

La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, y los mapas del Instituto Geográfico Nacional, integrado en el de Transportes, sitúan la explanada donde suceden las muertes violentas en territorio español, pero el Ministerio del Interior asegura que se trata de territorio marroquí. La respuesta es compleja porque una cosa son los tratados internacionales que delimitaron hace más dos de dos siglos las fronteras con Marruecos y que sitúan el lugar de los hechos en España y otra es cómo, de facto, ambos países ejercen su soberanía sobre el terreno.

Iñarritu planteó su pegunta justo dos días antes de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca en el Congreso para dar cuenta de los hechos. La de este miércoles será la primera comparecencia oficial de Grande-Marlaska sobre un asunto especialmente delicado para el Gobierno español que, aunque acabó lamentando las muertes, no ha cuestionado en ningún momento la actuación marroquí. Al contrario. Días después, en una visita a Rabat, el ministro declaró: “Marruecos está realizando un trabajo de contención importante hacia la emigración irregular, que debe ser reconocido”.

La mañana del 24 de junio un grupo de casi 2.000 personas, la mayoría refugiados sudaneses, se dirigió hacia el puesto fronterizo del Barrio Chino, en Nador. Iban pertrechados con palos y equipados con una radial con la intención de forzar la puerta de un paso que acabó convirtiéndose en una ratonera. Las imágenes divulgadas de ese día mostraron cómo los sudaneses se toparon con tornos y puertas de acceso cerradas y acabaron aglomerándose en un patio en el interior del puesto fronterizo mientras las fuerzas de seguridad marroquíes les golpeaban y cargaban contra ellos con gases lacrimógenos. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos, el único organismo marroquí que ha investigado los hechos, sugirió que la actuación de las fuerzas de seguridad españolas agravó la tragedia: “Se produjo violencia detrás de la valla debido a la reticencia de las autoridades españolas a prestar la asistencia y el socorro necesarios a pesar de la estampida y la enorme aglomeración de migrantes a nivel de las puertas torniquetes, que permanecían herméticamente cerradas, lo que tuvo el efecto probable de aumentar el número de muertos y heridos”.

Aunque la explanada donde se produce la estampida está en el aparente lado marroquí de la valla, tanto el catastro como el Instituto Geográfico Nacional tienen registrado ese espacio en territorio español. La zona donde se encuentra está catalogada por el catastro con el número 56101A003000770000RB, polígono 3, parcela 77, en el área de Molares de Melilla. Según los dos organismos, la totalidad de las instalaciones fronterizas del Barrio Chino están igualmente en territorio español.

También defiende la españolidad de ese espacio el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz Miguel Ángel Acosta. El profesor es autor del libro Las fronteras internacionales de España en África: Melilla, en el que responde a lo que él llama la “gran pregunta”: ¿Dónde están las fronteras de España con Marruecos? Acosta explica que los límites fronterizos se establecieron en acuerdos internacionales de los siglos XVIII y XIX. En aquella época, el territorio melillense se delimitó con 17 mugas, unas construcciones de piedra de forma cuadrada de unos dos metros de altura separadas entre sí. La complicación, asegura Acosta, llega cuando en 1998 el Gobierno de José María Aznar decidió instalar vallas de tres metros (que José Luis Rodríguez Zapatero elevó después hasta los seis metros y Grande-Marlaska hasta 10) para frenar la entrada de subsaharianos. El profesor explica por qué el vallado actual no acompañó el que era estrictamente el perímetro español: “Por cuestiones orográficas se decide instalar la valla sin seguir la demarcación de las mugas, sino retranqueando hacia territorio español”.

Acosta mantiene que, con la construcción de la valla, España acabó renunciando de facto a un territorio de unos 160.000 metros cuadrados que fue rápida y naturalmente asumido por Marruecos, donde se han construido edificaciones. El profesor señala que esa renuncia, aunque haya sido aceptada desde el comienzo por España, viola los tratados internacionales, que solo pueden modificarse previo paso por las Cortes. Las mugas, insiste Acosta, siguen todas en pie y en perfecto estado de conservación. “Y el espacio comprendido entre ellas y la valla exterior sigue siendo territorio español. Esa distancia entre las mugas y la valla, en algunos casos, es de hasta 25 metros, como ocurre justamente en el Barrio Chino”, añade.

Amnistía Internacional también plantea dudas sobre el límite fronterizo. “Tenemos indicios para considerar que todo ocurrió en territorio español”, señala Virginia Álvarez, investigadora de la ONG y que participa en el informe que esta está elaborando sobre lo ocurrido y que harán público en los próximos meses. Amnistía Internacional asegura que remitió el 8 de agosto sendas cartas a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo en las que, entre otras cuestiones, les planteaba la necesidad de investigar este punto. También enviaron entonces una misiva “con preguntas” al departamento de Grande-Marlaska que, añade Álvarez, aún no ha obtenido respuesta.

“No hay dudas sobre la territorialidad marroquí”

En el Ministerio del Interior rechazan cualquier interpretación que apunte a que la tragedia sucedió en suelo español: “Más allá de anécdotas del pasado que han sido repetidamente descartadas por la justicia y debates inventados en los últimos días por ciertos partidos políticos, esta es una cuestión pacífica tanto en Melilla como del lado marroquí. Nadie, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni las administraciones de Melilla, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni las autoridades marroquíes han puesto nunca en duda que los hechos ocurrieron en territorio marroquí. Es más que evidente que se trata de una zona de actuación de las autoridades marroquíes (tanto policiales como servicios de asistencia sanitaria) al que no accede la Guardia Civil ni otras autoridades españolas”.

El Defensor del Pueblo, que ha recibido justamente este martes los vídeos que registraron los hechos y que aún tiene que evaluar, no es tan categórico con la soberanía marroquí en este espacio. “Ángel Gabilondo no se ha pronunciado sobre si la explanada es territorio español o marroquí”, afirmó una portavoz. La Fiscalía tampoco y señala las dificultades para avanzar en sus pesquisas entre otros motivos, porque no se cuenta con el contenido de las autopsias supuestamente realizadas por las autoridades de Rabat a los fallecidos, pieza clave para determinar la causa y el lugar en el que se produjeron las muertes. Ambos organismos tienen abiertas sendas investigaciones sobre aquel día.

La territorialidad del lugar de los hechos es clave para investigarlos y apurar responsabilidades. Fuentes de la Fiscalía aseguran que si se determina que se produjeron en territorio marroquí la investigación se archivará. Si, por el contrario, han sido en territorio español, deberían seguir adelante. No obstante, fuentes fiscales restan valor al hecho de que el catastro señale que la explanada donde ocurrió la tragedia está en España.

El Ministerio del Interior mantiene que diversas resoluciones judiciales le dan la razón, pero no las aporta. Hay una de 2014 que pone de manifiesto que la actuación de las fuerzas de seguridad españolas no necesariamente se ajusta a las fronteras marcadas por los tratados internacionales. En septiembre de ese año, un juez de Melilla imputó al máximo responsable de la Guardia Civil en la ciudad por la devolución en caliente de inmigrantes que habían saltado la valla. En el auto, el juez hacía hincapié que ya entonces el Gobierno español aplicaba un “concepto operativo de frontera” en el que, según recogía un documento interno del instituto armado incorporado a la causa, se consideraba la valla interna más cercana a Melilla como la línea que delimitaba el territorio nacional, “a los solos efectos de extranjería”. La resolución afirmaba: “Nos encontramos ante dos conceptos de fronteras diferentes, uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza operativo o funcional. El primero se acomoda a los Tratados Internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos, mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político o de simple operatividad policial”.

Aquel auto fue recurrido por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y la Audiencia Provincial de Málaga lo tumbó siete meses después. En su resolución, el tribunal señalaba que el propio Estado español contribuía “a la ambigüedad del concepto de frontera en relación con la valla fronteriza”.