Investigada una macrofiesta con 100 yates en el mar Menor por presunto delito ecológico
Transición Ecológica acusa al Gobierno de Murcia de falta de control mientras la Fiscalía y el Seprona rastrean el evento en el espacio de especial protección de la isla del Ciervo
La Guardia Civil está investigando una macrofiesta de yates que se celebró en el mar Menor el fin de semana del 20 y el 21 de agosto por un presunto delito contra el medio ambiente. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha iniciado las pesquisas por orden de la fiscalía para ver quién consintió y quién es responsable de que un centenar de barcos y cientos de personas se concentraran en las aguas que rodean la delicada isla del Ciervo, un espacio de especial protección dentro de la delicada laguna salada de interior, que en los últimos años se asfixia tras encadenar varios desastres ecológicos. El Ministerio de Transición Ecológica acusa al Gobierno de Murcia de haber propiciado este botellón multitudinario por su “falta de control previo de las actividades recreativas que se celebran en el Mar Menor”.
La fiesta se celebró hace dos fines de semana, cuando aproximadamente un centenar de yates y otras embarcaciones se reunieron en torno a la Isla del Ciervo del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena, para un concierto y un botellón, organizado por una empresa de eventos marítimos, especializada en este tipo de fiestas de barcos. El enclave elegido, como todo el espacio marítimo del interior de La Manga, está protegido. Los yates permanecieron fondeados durante horas.
La Isla del Ciervo (Mar Menor, término municipal del @AytoCartagenaES en la @regiondemurcia) se encuentra incluida dentro del espacio natural de "Espacios abiertos e islas del Mar Menor", protegida con la categoría de parque natural y de Zona de Especial Protección para las Aves. https://t.co/n9Q82CvCab
— Pablo Rguez Ros (@pablorros_) August 22, 2022
La investigación de la fiesta ha sido revelada por el ministerio en una nota divulgada este fin de semana, en la que advierte de que el expediente que ha abierto acabará en sanciones en caso de que se detecten infracciones contra la protección ambiental del espacio protegido, la seguridad marítima y la normativa de actividades recreativas, “al haberse producido el encuentro sin los permisos y sin el control correspondientes”.
El comunicado cuestiona la actuación de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia como gestor del espacio protegido del Mar Menor, ya que entre sus labores está “evitar la perturbación a su flora y su fauna”. Y avisa de que, para “consentir una fiesta de grandes dimensiones” como la investigada, era imprescindible informar previamente a Costas y a la Capitanía Marítima, ambas dependientes del Gobierno central.
Además, responsabiliza directamente al Gobierno que preside el popular Fernando López Miras de los problemas que asfixian al Mar Menor: “La falta de control previo de las actividades recreativas que se desarrollan en Mar Menor por parte del Gobierno regional propicia los excesos que alteran el delicado equilibrio del ecosistema de este espacio protegido y es un grave incumplimiento de lo establecido en el Decreto 259/2019, por el que se aprobó el Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia”.
El Seprona ya se ha puesto manos a la obra y está investigando a la empresa de eventos que organizó la “concentración naval”, en la que los yates estuvieron abarloados, lo cual también vulnera los reglamentos de seguridad marítima, además de la legislación medioambiental y la de actividades recreativas.
La isla del Ciervo es una zona de especial protección dentro del espacio protegido del Mar Menor. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado abril comenzar la tramitación de una ley para dotar de personalidad jurídica al mar Menor y toda su cuenca, como las personas o las empresas.
El mar Menor colapsó en 2016, cuando sus aguas se transformaron en un líquido turbio, un fenómeno conocido como la “sopa verde”. El urbanismo desaforado, unas redes de saneamiento insuficientes y la minería fueron los primeros culpables. Por eso, la laguna sufre episodios de anoxia (falta de oxígeno), el más grave el ocurrido en octubre de 2019, cuando se llegaron a retirar unas tres toneladas de peces de las playas de San Pedro del Pinatar, y de agosto del año pasado, cuando aparecieron unas 4,5 toneladas a lo largo de una semana en la que hubo que cerrar varias playas.
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