Una norma para todo: el Gobierno incluye en el decreto energético multitud de medidas para otros sectores

El Congreso de los Diputados debate este jueves la convalidación del decreto de ahorro energético, aprobado por el Gobierno a comienzos de mes para cumplir con el compromiso europeo de reducción de la dependencia del gas. Sin embargo, las medidas destinadas a este fin son solo una pequeña parte del contenido incluido en la norma: apenas cinco páginas de las cincuenta que abarca el articulado. El grueso de la ley ―tres de los cinco títulos en los que se estructura― está dirigido al sector del transporte: tanto al terrestre (con medidas de apoyo a la liquidez de empresas y autónomos, y abonos gratuitos para el transporte público, entre otros), como al aéreo y el marítimo. Las becas al estudio protagonizan el cuarto título y solo en el quinto y último se pueden encontrar los preceptos relacionados con el ahorro eléctrico.

No es la primera vez que ocurre. El conocido como “decreto anticrisis”, aprobado durante el primer semestre del año para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, también fue convalidado entre críticas por la amalgama de asuntos inconexos. Entre lo que se incluyó entonces, medidas para la “recuperación económica y social de la isla de la Palma”, fuertemente afectada por los efectos de la erupción del volcán; y medidas para “hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”, principalmente como consecuencia de la pandemia.

La mezcla de temas no ha pasado desapercibida tampoco ahora para el resto de los grupos parlamentarios, que han mostrado su rechazo ante esta práctica recurrente. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, solicitó este miércoles al Ejecutivo que tratara cada cuestión en normas separadas. “Este real decreto todavía tiene tiempo para su convalidación. Aprueben en el Consejo de Ministros reales decretos para materias únicas. Uno para lo que tenga que ver con lo energético y otro para lo que tenga que ver con las ayudas sociales y, de esta manera, se podrá llevar a cabo un debate sereno y serio”, defendió.

El representante de Ciudadanos fue más duro, y reprochó a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que hiciera pasar el rechazo al plan energético como una oposición general a las ayudas contenidas en el decreto. “No se pueden mezclar churras con merinas y chantajear a la oposición con que no estamos de acuerdo con abaratar el transporte público”, le espetó Edmundo Bal.

Pero esta estrategia también ha cosechado críticas entre los socios del Gobierno que apoyarán el decreto, como el PNV, que ayer mostró su disconformidad con “las formas” empleadas e instaron al Ejecutivo a “erradicar los decretos ‘ómnibus’”, que es como se conoce a este tipo de normas supercontenedoras. En la línea de lo que expresó la portavoz popular, la formación nacionalista considera que estos decretos “polarizan los debates” y dejan a los grupos parlamentarios “con un escaso margen de maniobra”.

La frecuencia con la que los diferentes Gobiernos recurren a este tipo de normas transversales ha obligado al Tribunal Constitucional a pronunciarse en diversas ocasiones. En una sentencia del 12 de diciembre de 2019 que respondía a un recurso de inconstitucionalidad presentado por Unidas Podemos contra una ley del parlamento murciano, el tribunal de garantías recordó, basándose en la doctrina anterior, que la heterogeneidad temática no está prohibida como tal por la Constitución.

Además, estableció que no supone per se una vulneración del principio de seguridad jurídica, “por muy desaconsejable que tal práctica parezca técnicamente”, según el propio fallo judicial. Y remarcó: “El dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar normas multisectoriales”. El ordenamiento jurídico solo limita la heterogeneidad de un texto legal cuando este forma parte de una iniciativa legislativa popular. Su constitucionalidad, no obstante, no evita el enfado político cada vez que se recurre a ella.