El Gobierno encara una dura negociación para aprobar el decreto de ahorro energético

El Gobierno se enfrenta a otra negociación contra reloj para sumar apoyos. El Congreso prevé debatir la convalidación del controvertido decreto de medidas para el ahorro energético a finales de este mes, en un pleno extraordinario que podría tener lugar la semana del 22 de agosto, según fuentes de la Cámara. Para entonces, La Moncloa tendrá que haber recabado más síes que noes entre los grupos parlamentarios de cara a ratificar un texto que desde su aprobación en Consejo de Ministros —el 1 de agosto— se ha topado no solo con el ataque frontal del mayor partido de la oposición, el PP, sino también con las críticas de dos de sus socios prioritarios. ERC y PNV acusan al Ejecutivo de falta de consenso y de comunicación. De momento, y a pocas semanas de la fecha límite para su convalidación, el Gobierno no tiene garantizada la mayoría simple necesaria para que la norma, vigente desde el miércoles de esta semana, salga adelante.

El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, anunció este jueves que el Gobierno ya ha iniciado las conversaciones con el resto de formaciones políticas para conseguir los síes suficientes. Fuentes de la mayoría de grupos consultados hablan de contactos puntuales, pero sin una negociación concreta. Otros reducen el diálogo a la reunión que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo con sus portavoces el pasado 19 de julio, dos semanas antes de que el decreto se rubricase. El Ejecutivo cuenta con los 153 votos a favor que suman los diputados de PSOE y Unidas Podemos. A partir de ahí, algunas formaciones ya se muestran proclives al sí.

Entre las fuerzas de izquierdas, el escaño de Compromís y los dos de Más País están prácticamente garantizados. Fuentes del partido de Errejón añaden, no obstante, que el decreto se “puede mejorar”. Un extremo en el que coinciden casi todos los sondeados. Desde Bildu, con cinco parlamentarios, no confirman cuál será su posición, pero comparten “la necesidad de reducir el consumo energético”, de plantear “un nuevo modelo de consumo” y desdeñan “las absurdas críticas” de la derecha. También podría contar el Gobierno con la exparlamentaria de Podemos Meri Pita, que suele seguir el sentido del voto de su antigua formación.

Al margen de las agrupaciones de los escaños de izquierdas, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) es partidario de ratificar el decreto como respuesta a la emergencia energética y a las exigencias de la Unión Europea. Pero al partido liderado por el presidente Miguel Ángel Revilla en Cantabria no le “gustan muchas cosas” del texto, como revela José María Mazón, portavoz de PRC en el Congreso. “Tenemos que tomar medidas para ahorrar energía. El problema de los decretos es que no admiten modificación. Es todo o nada”. La suma de estos posibles síes más los del PSOE y Unidas Podemos daría un resultado de 163, insuficiente aún para la convalidación ante el arco parlamentario de 349 escaños.

La Moncloa tiene que pedir la convocatoria del pleno extraordinario para la convalidación del decreto, que tiene que ser ratificado en un mes tras su aprobación. Los ajustados números podrían variar las previsiones del Congreso, que sitúan en la semana del 22 de agosto su celebración. En el mismo pleno se aprobarán otros dos decretos más, el que regula el sistema de cotización de autónomos y el de las medidas urgentes en materia de incendios forestales.

El Gobierno tendrá que poner en marcha toda su maquinaria negociadora parlamentaria para acercar posturas con ERC y PNV, que de momento no han decidido cuál será el sentido de su voto. Las formaciones nacionalistas no esconden, sin embargo, su enfado ante la actuación de la coalición en la tramitación del decreto. Los republicanos, encabezados por Rufián en el Congreso, afean al Consejo de Ministros haber “actuado demasiado rápido” y sin contar con los actores sociales implicados. “Encontramos las medidas insuficientes”, se quejan desde ERC, cuyos dirigentes se reunirán próximamente para debatir cuál será su postura en el pleno extraordinario. Con los 13 diputados de Esquerra, y si se cumplieran los apoyos anteriores, el Gobierno ya obtendría la mayoría.

La ofensiva del PNV ha sido mucho más dura desde el momento en el que el texto con las restricciones se hizo público. El enfado de la formación vasca es tajante. En la conferencia sectorial que la ministra Ribera mantuvo el lunes con las comunidades, la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, pidió “flexibilidad” en la aplicación del decreto. Y desde el grupo parlamentario, compuesto por seis escaños, se acusa al Gobierno central de haberles dejado de lado en la redacción de las restricciones. “No ha habido conversación. Y eso que tenemos un pacto de investidura”, critican. Fuentes del partido en la Cámara baja advierten de que el peso de la negociación, en este caso, dependerá en gran medida de cómo se resuelva el diálogo entre La Moncloa y el Gobierno vasco, pues las restricciones tienen que ser aplicadas por el Ejecutivo autonómico.

En el lado opuesto se sitúan las fuerzas de la derecha, cuyo empeño durante este mes se ha centrado en desacreditar a Sánchez, a quien el PP acusa de “racionamiento energético”. El Partido Popular prefiere no adelantar su postura, pero de sus declaraciones públicas y privadas se adivina que la formación de Núñez Feijóo, que en el Congreso tiene 86 diputados, se mantendrá en el no. Fuentes del Partido Popular insisten en exigir al presidente del Gobierno que retire el decreto ya vigente “impuesto sin dialogar” y lo sustituyan por uno nuevo. La ministra de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, desdeñó este viernes la oposición frontal del PP en una entrevista en Antena 3. “Tenemos que estar a la altura del desafío que Europa nos esta marcando”, sentenció.

La formación de ultraderecha Vox, con 52 escaños, también rechaza de plano las medidas energéticas de ahorro. Ciudadanos, crítico con “la improvisación y los bandazos de última hora” de Sánchez, fijará en los próximos días el sentido del voto de sus nueve diputados. “El Real Decreto propone apagones y no da alternativas. Sus medidas inciden en un 10% del consumo energético y solo afecta a los comerciantes”, censuró este viernes en una entrevista en TVE el parlamentario de Cs Guillermo Díaz. El antiguo diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, votará en contra desde el grupo mixto.

Otros partidos aún no han determinado cómo orientarán su voto. Es el caso de PDeCAT —que sí dio su visto bueno al decreto de la reforma laboral—, Foro de Asturias y Coalición Canaria. “No nos gustan ni las formas, ni la falta de diálogo con los sectores económicos ni con las fuerzas políticas”, añaden fuentes del partido canario. La formación también manifiesta su malestar por “el agravio con Canarias a la hora de establecer la gratuidad de los trenes de cercanías para la Península y Baleares”, medida que también incluye el decreto.