El personal de extinción de incendios de Castilla y León exige entrar en la categoría oficial de bombero

La Fiscalía superior de Castilla y León investiga la gestión de la Junta tras varias denuncias de sindicatos y del Defensor del Pueblo

Bomberos de Burgos, el 9 de agosto, realizando labores de extinción de un incendio en tierras de la ladera del Castillo de Burgos, frente al cementerio municipal. Foto: SANTI OTERO (EFE) | Vídeo: EPV

Los bomberos de Castilla y León, que según sus convenios laborales no son reconocidos como tal, han exigido este jueves que se les acredite esa categoría profesional. Varios representantes del personal de extinción de incendios han acudido a la sede de la consejería de Medio Ambiente, en Valladolid, para pedir que la Mesa del diálogo social los incluya bajo esa denominación, que según ellos reduciría la precariedad laboral que denuncian. Esto, argumentan, implicaría mejorar sus horarios y contar con mayores salarios y jubilaciones. Mientras, la Fiscalía Superior de Castilla y León sigue investigando la acción de la Junta y su gestión durante los graves incendios que asolaron unas 60.000 hectáreas en Zamora y causaron dos muertes además de muchos daños materiales.

El colectivo de bomberos forestales le ha dicho a la Mesa del diálogo social: “basta de pantomimas”. Los graves fuegos de este verano han acarreado quejas constantes del gremio hacia su situación. La mayor parte de ellos se encuentra subcontratada por parte de la Junta a empresas privadas a quienes acusan de intentar reducir al máximo el coste de los recursos humanos y materiales destinados a esta función. En cuanto a los vinculados directamente a la Junta, tras los importantes focos sufridos en la sierra de la Culebra (Zamora) consiguieron que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), anunciara que en lugar de contar con ellos solo para la temporada de verano, las aproximadamente 900 personas que conforman estas brigadas pasarían a estar disponibles durante todo el año. Es una vieja reivindicación de estas cuadrillas y ante lo cual el propio Quiñones, en una entrevista en 2018, sostenía que era “un despilfarro” y era “absurdo” contemplar la contratación de estos brigadistas durante los 12 meses.

Tanto en los incendios zamoranos como en otros frentes sufridos en Castilla y León, los bomberos y los habitantes afectados han insistido en que la falta de prevención durante el invierno, con montes desatendidos y llenos de “combustible” en forma de maleza o podas descontroladas, propicia que en verano sea muy difícil apagar los fuegos una vez comienzan. Quiñones también ha sido duramente criticado por achacar estos incendios al “ecologismo radical”, tesis cercana a la del socio del PP en la Junta autonómica: Vox.

El Gobierno autonómico se enfrenta también a las denuncias de sindicatos y de varios colectivos sociales sobre su gestión de estos fuegos. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha llevado a la Inspección de Trabajo la “excesiva prolongación” de las jornadas de las brigadas, que habitualmente han destacado que trabajan durante tandas de 16 o 18 horas en los momentos críticos y que se les paga como horas extra. Este sindicato también denunció a Quiñones por su papel en el primer incendio zamorano y la Fiscalía abrió diligencias para determinar si hubo alguna dejación de funciones o responsabilidad de los políticos en lo sucedido. El Defensor del Pueblo también abrió una investigación para aclarar lo ocurrido en Castilla y León, que en lo que va de verano ha visto arder unas 100.000 hectáreas, más de un tercio del total nacional quemado.

Fuentes fiscales de la comunidad sostienen que en estas semanas se están administrando las diligencias “recabando toda la información posible de la Junta, de Medio Ambiente y sobre todo periciales y de la Guardia Civil” para que, una vez analizado todo el contexto, el Ministerio Público pueda determinar si aprecia indicios de situación delictiva. “Se están recopilando informes de los operativos previos, durante y posteriores a los incendios”, detallan estas fuentes. La oposición y los colectivos de bomberos han reprobado que en el primer incendio en la sierra de la Culebra, a mediados de junio, Medio Ambiente marcaba el riesgo como “medio” y no “alto”, con un protocolo de 1999, pese a las advertencias de la extrema ola de calor que podía desencadenar llamas como las que se vivieron y ante las que se actuó con un dispositivo, según los implicados, falto de efectivos.

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Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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