El traspaso a La Moncloa de un centenar de agentes del CNI provoca división en el Gobierno

El 98% de los miembros de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) no quiere dejar el servicio secreto

La ministra de Defensa, Margarita Robles, de espaldas, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el hemiciclo del Congreso.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, de espaldas, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el hemiciclo del Congreso.Claudio Alvarez

La decisión de traspasar del Ministerio de Defensa a La Moncloa la Autoridad Nacional para la Información Clasificada, prevista en la futura ley de secretos de Estado, ha provocado honda preocupación en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y un nuevo motivo de división en el seno del Gobierno. Presidencia espera que el centenar de agentes que actualmente realizan esta tarea cambien de ministerio, pero Defensa advierte de que no se puede obligar a los miembros del CNI a dejar el centro en contra su voluntad. No es la primera vez que se traspasa de ministerio al servicio secreto, pero sí que se desgaja una de sus partes, la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), el departamento que presta apoyo a la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, lo que resulta mucho más delicado.

La titular de Defensa, Margarita Robles, no se ha quejado públicamente de la decisión de traspasar al Ministerio de la Presidencia esta potestad, con el argumento de que los secretos de Estado afectan a muchos departamentos y el que dirige Félix Bolaños es más transversal que el suyo. Al contrario, Robles ha restado importancia al cambio alegando que se trata de una figura nueva, no prevista en la ley vigente, que data de 1968, por lo que Defensa no sufre merma alguna de sus competencias.

Sin embargo, la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de mayo de 2002, atribuye al servicio secreto, dependiente de Defensa, la función de “velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada”, no solo la de su ministerio, sino la de todo el Gobierno. En junio de 1982, cuando España ingresó en la OTAN, ya se creó, por exigencia de dicha organización, la Autoridad Nacional de Seguridad de la Información Clasificada y esa competencia ha sido tradicionalmente ejercida, por delegación de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, por el director del servicio secreto.

Las competencias de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada no son solo de carácter teórico: además de garantizar el cumplimiento de la normativa tanto nacional como internacional sobre protección de esta información, asesorar técnicamente al Gobierno en la materia, relacionarse con sus homólogas internacionales y coordinar y dar soporte a las unidades correspondientes de los distintos ministerios, tiene a su cargo dos tareas especialmente arduas: llevar un registro de los documentos y asuntos clasificados y conceder las llamadas habilitaciones de seguridad.

Esperanza Casteleiro, durante la toma de posesión como nueva directora del CNI, el pasado mayo.
Esperanza Casteleiro, durante la toma de posesión como nueva directora del CNI, el pasado mayo.Claudio Alvarez

Estas últimas pueden ser personales, de empresa o establecimiento y habilitan para que un individuo acceda a información clasificada en las categorías de alto secreto, secreto y confidencial; para que una empresa participe en contratos públicos en los que sea preciso manejar información clasificada; y para que un espacio físico pueda albergarla, cumpliendo exigentes garantías de seguridad como la delimitación de zonas de acceso restringido.

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La concesión de cada una de estas habilitaciones requiere una investigación previa en la que el afectado autoriza a que el CNI indague en sus circunstancias personales y familiares, a la búsqueda de vulnerabilidades que pudieran suponer un riesgo de fuga de información. En alguna ocasión, el CNI ha negado esta habilitación a un diplomático, lo que le ha impedido ocupar el destino adjudicado y ha acabado en los tribunales. En el caso de empresas y establecimientos, se trata de garantizar que cumplen los requisitos de seguridad en el manejo de la información clasificada, de forma que solo el personal expresamente autorizado pueda tener acceso a la misma. De no ser así, se ven excluidas de los contratos.

Para acometer esta tarea, el CNI cuenta con un departamento específico, la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), con un centenar de funcionarios, que depende directamente de la secretaria de Estado directora del centro de inteligencia. El trasvase a La Moncloa de la Autoridad Nacional de Protección de la Información Clasificada debería conllevar el traspaso de la ONS con todo su acervo técnico y personal experto. Y eso es lo que espera el departamento que dirige Félix Bolaños.

Sin embargo, fuentes de Defensa advierten de que los agentes destinados en la ONS son, en su gran mayoría, personal estatutario de carácter permanente, con más de cinco años de antigüedad en el centro, al que no se le puede privar de esta condición salvo por causas legalmente tasadas, como la pérdida de idoneidad, sanción disciplinaria o condena judicial. Presidencia debería realizar una oferta de plazas a la que los agentes secretos podrían presentarse voluntariamente, pero fuentes próximas al centro admiten que “el 98% de los integrantes de la Oficina Nacional de Seguridad no están dispuestos a renunciar a su condición de miembros del CNI para irse a otro ministerio”. Y eso por varias razones. En primer lugar, porque “quienes están ahora en la oficina han ocupado otros destinos del CNI en el pasado y aspiran a hacerlo en el futuro como parte de su carrera profesional”; pero, sobre todo, porque “sienten los colores”. Es decir, “si uno ingresa en el servicio secreto es porque quiere a ser agente de inteligencia, no funcionario del Ministerio de Presidencia, con todos los respetos”.

La opción de que La Moncloa recree desde cero todo el aparato administrativo que conlleva la Autoridad Nacional de Protección de la Información Clasificada prescindiendo de la actual Oficina Nacional de Seguridad no es realista, advierten las fuentes consultadas. Su puesta en marcha llevaría años y mientras tanto la concesión de habilitaciones de seguridad, que ya se conceden “con cuentagotas”, se ralentizaría aún más. La consecuencia sería la paralización de los contratos de los ministerios de Defensa o Interior que conllevan el manejo de información clasificada. Además, la ONS no funciona como un ente aislado dentro del CNI: para las investigaciones de seguridad de personas y empresas se apoya en el trabajo de las divisiones de inteligencia y contrainteligencia.

Bajo el mandato de Mariano Rajoy, el Centro Nacional de Inteligencia pasó del Ministerio de Defensa al de Presidencia; y con Pedro Sánchez ha regresado al primero. Pero siempre lo ha hecho en bloque, el servicio secreto al completo, por lo que el cambio no ha tenido consecuencias para su funcionamiento interno. Además, el estatuto del personal del CNI prevé la posibilidad de que agentes en activo ocupen puestos en otros ministerios, pero siempre a título individual. Cambiar la dependencia de un departamento completo del CNI, manteniendo el resto del servicio secreto en Defensa, no tiene precedentes.

El anteproyecto de ley no ofrece ninguna fórmula para resolver este problema, ni tampoco prevé un periodo transitorio para salvar el previsible bache, pero el texto definitivo deberá hacerlo.

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Sobre la firma

Miguel González

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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