Confesiones y discos compactos: los indicios que cercan a dos exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La investigación sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco escribe un nuevo capítulo. Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, tiene previsto interrogar este jueves a dos exjefes de ETA —Mikel Albisu, Mikel Antza; y María Soledad Iparraguirre, Anboto— por su presunta implicación en el atentado contra el concejal del PP de Ermua (Bizkaia), cometido en 1997. Los dos terroristas llegan a la cita señalados por un contundente informe de la Guardia Civil que los destaca como últimos responsables del crimen: “Lo planificaron, dirigieron, gestionaron y ordenaron”, reza el documento, que recopila indicios para acorralar a ambos, como confesiones de otros etarras y documentos incautados en Francia.

El magistrado ahonda así en la nueva vía abierta en los tribunales para investigar a las antiguas cúpulas de la banda por los atentados que materializaban sus subordinados. La Audiencia Nacional ha reimpulsado hasta siete sumarios en los últimos meses y mantiene en la diana a 23 exjefes etarras. “Nada se hacía, nada se movía en ETA, que no fuera conocido, coordinado, dirigido, ordenado y, en la mayoría de los casos, autorizado por su comité ejecutivo”, incide el instituto armado en sus análisis.

En el caso de Miguel Ángel Blanco, el juez reabrió el sumario en marzo. Entonces incidió en que los jefes de ETA no solo tenían el control de la banda, sino que pudieron frenar el asesinato del concejal durante las 48 horas que permaneció secuestrado. Por ello, encargó un informe a la Guardia Civil para evidenciar ese poder que tenían los dirigentes del grupo terrorista. Y los agentes se lo pusieron sobre la mesa a finales de junio: más de 200 folios que acorralan a Antza y Anboto, pero también a José Javier Arizcuren, Kantauri, procesado ya como inductor y al que volvió a imputar; y a Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, cuya responsabilidad consideró prescrita —decisión que las acusaciones han recurrido—. Estos son los datos y documentos que cercan a los dos primeros, citados este jueves a declarar:

El jefe del aparato político. La Guardia Civil sitúa a Mikel Albisu —conocido como Antza, Chupachús, Mixa o Kala— en la cúpula de ETA desde 1994 hasta su detención en 2004. Fue el jefe del “aparato político”, encargado de diseñar la “estrategia política” y “coordinar su actuación con los organismos y estructuras de su entramado de apoyo”. También “dirigió la elaboración y difusión de las comunicaciones [externas] y publicaciones internas”, y participaba incluso en los “cursillos” de adiestramiento de los comandos, donde impartía la parte relacionada con “aspectos políticos”, según los investigadores del instituto armado.

Entre las pruebas que el juez tiene sobre la mesa se encuentran las confesiones y declaraciones de media docena de etarras y colaboradores de la banda, que sitúan a Antza en reuniones donde impartía directrices. Por ejemplo, Arnaiz Lascurain, detenido en 1994, contó que durante su estancia en Francia se entrevistó con Chupachús, que le informó sobre la “situación política del movimiento vasco”. José Domingo Aizpurua, Pitxas de Usurbil, relató que en 1995 acudió a una cita orgánica en París donde estaba Albisu, quien le propuso integrarse en el “aparato de makos [de cárceles]” de ETA. Y Manuel Olaizola describió un encuentro en 1997 donde el sospechoso le solicitó cooperar con la banda trayendo de África un cargamento de armas.

La Guardia Civil también enumera documentación. Entre otra, incorpora al sumario detalles sobre el material intervenido cuando se le detuvo en Francia: 14 discos compactos con 165 comunicaciones de la banda (comunicados, notas de prensa y entrevistas); 78 boletines internos; y dos manuales donde se instruía sobre cómo actuar al ser detenido. Además, uno de los alias de Albisu aparece en dos comunicaciones orgánicas incautadas a ETA el 26 de noviembre de 1996 en Sammes (Francia): en una de ellas, Mikel Antza, bajo el apodo de “Kala”, respondía a la solicitud de un canal de televisión que quería realizar un reportaje sobre ETA. Ese mismo mote también se encontró anotado en el diario de otro miembro del grupo terrorista, donde se reflejaba una “entrega de material” y una reunión de los órganos de la banda.

Antza ya compareció el pasado 21 de diciembre por el asesinato del también concejal popular Gregorio Ordóñez, perpetrado en 1995. El etarra, que se encuentra en libertad, se negó a declarar.

La responsable de comandos. María Soledad Iparraguirre, una de las etarras más sanguinarias conocida como Anboto, asumió la “máxima responsabilidad” de los comandos “legales” —formados por terroristas no fichados por la policía— en 1994. Según los investigadores, ocupó ese puesto hasta 1998, cuando comenzó a supervisar las “estructuras que controlaban el dinero procedente de la extorsión, la contabilidad de la banda terrorista y la gestión de determinados zulos”. Desempeñó esa actividad hasta 2004, cuando fue detenida en Francia junto a su pareja, Mikel Albisu. Actualmente, se encuentra en prisión.

Para situarla en la cúspide de ETA, lo que le otorgaría el control del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la Guardia Civil facilita al juez la declaración de Agustín Almaraz, un “integrante del comando Itsasadar, que afirmó que Iparraguirre era su “responsable en Francia y que, además, esta ejercía la responsabilidad sobre los comandos legales de ETA y formaba parte de la dirección de la organización terrorista”. Los agentes también aportan seis sentencias de tribunales franceses y españoles que concluyen que Anboto formó parte de la cúpula.