El bloqueo del Poder Judicial deja ya un tercio de puestos vacantes en la cúpula judicial

El retraso de más de tres años y medio en renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ―por la resistencia del PP en este tiempo a pactar con el PSOE― y la prohibición legal ―impuesta por el Gobierno hace un año― de que, en esas condiciones de interinidad, este organismo realice nombramientos discrecionales ha dejado ya 65 plazas vacantes en la cúpula judicial: casi un tercio (un 32% ) de los alrededor de 200 puestos. Si los partidos no logran alcanzar un acuerdo antes de final de año, la cifra se elevará a 70, y si no hay pacto en lo que queda de legislatura, a final de 2023 serán ya 83 los puestos vacantes (41% del total), según las previsiones que maneja el propio Consejo. El Tribunal Supremo es el órgano más afectado, ya que todos sus magistrados son designados de forma discrecional, por lo que cada juez que se jubila, fallece o renuncia deja una silla vacía. Ya lo están 14 de sus 79 puestos y de aquí a final de año está prevista la salida, por jubilación, de otros tres jueces. En el resto de órganos, los puestos vacantes no se traducen en sillas vacías sino en altos cargos que siguen ejerciendo con el mandato caducado o presidencias de altos tribunales que son ocupadas de forma interina por otros magistrados.

El Poder Judicial ha llegado al verano bajo las previsiones más pesimistas: sin acuerdo para su renovación ni visos de que esta pueda estar cerca. Entre los miembros del propio Consejo y los magistrados del Supremo, se daba hace unas semanas casi por hecho que el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo propiciaría la renovación más pronto que tarde y el pacto estaría cerrado antes del verano. En cualquier caso, advertían en ambos organismos, la renovación tenía que estar consumada, o al menos encarrilada, antes de la apertura del año judicial, que aún no tiene fechavpero suele celebrarse en los primeros días de septiembre. Pero la constatación esta semana de que las opciones de negociación entre PSOE y PP han vuelto a saltar por los aires han dejado al Consejo y al Supremo entre la desolación y el hartazgo.

El alto tribunal es el órgano más afectado por la prohibición de nombrar cargos discrecionales mientras el Consejo esté, como ahora, en situación de interinidad. Las designaciones vetadas son las correspondientes a presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. Pero aunque ninguna de estas plazas pueden ser reasignada, no todas las vacantes tienen las mismas consecuencias. Las que más preocupan son las del Supremo porque cada magistrado que pierde el tribunal (por jubilación, fallecimiento o por una marcha voluntaria), deja un hueco que no puede ser cubierto mientras el CGPJ siga en funciones, lo que ya afecta al día a día del tribunal, que hace unas semanas acordó dirigirse al Congreso y el Senado (encargados de impulsar la renovación del Consejo) para darle cuenta de su situación. En un escrito firmado por toda la Sala de Gobierno, el Supremo advertía del riesgo de “colapso”.

“El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento”, lamentó el tribunal, que cifra en alrededor de 1.000 las sentencias que dejará de dictar cada año (alrededor de un 25% del total) si no recupera magistrados de aquí a final de año. Actualmente, tiene ya 14 vacantes (de una plantilla de 79), a final de año serán 17; y si no hay acuerdo antes de diciembre de 2023, 22.

La situación, si se alarga, será “insostenible”, según denunció el propio tribunal, donde la reciente decisión del Gobierno de levantar el veto a los nombramientos del Consejo pero solo para salvar las cuatro vacantes que tiene el Tribunal Constitucional ha sido interpretada entre algunos magistrados como un agravio. La idea que se transmite esa última reforma legal, advierten miembros del tribunal, es que el Supremo puede trabajar diezmado por tiempo indefinido, mientras se buscan soluciones exprés para renovar el tribunal de garantías, cuyos magistrados siguen ejerciendo en funciones aunque haya expirado su mandato.

Las vacantes también afectan a otros tribunales, desde la Audiencia Nacional (que tiene sin cubrir la presidencia de la Sala Penal que dejó Concepción Espejel al ser nombrada para el Constitucional) a las presidencias de Audiencias Provinciales. También a los tribunales superiores de justicia, donde hay pendiente de nombramiento siete presidencias (Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja). En total, son 49 las plazas sin cubrir entre la Audiencia Nacional y los tribunales autonómicos y provinciales. No obstante, en el caso de las presidencias de tribunales o salas que terminan el mandato, el presidente actual continua en funciones hasta que el Consejo se renueve y se pueda designar uno nuevo o reelegir al actual. Solo en el caso de que el se marche (por jubilación, fallecimiento o salida a otro cargo) hay que sustituirlo por otro, pero la normativa del Consejo establece un mecanismo para que lo supla el magistrado más antiguo de la sala mientras se designa a un sustituto definitivo, por lo que el puesto queda cubierto aunque sea de forma interina.