La Fiscalía se entrevista en Melilla con los sudaneses que sobrevivieron a la tragedia de la valla

La fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, se entrevistó este miércoles en Melilla con algunos de los migrantes, la mayoría sudaneses, que sobrevivieron a la tragedia ocurrida el 24 de junio en el puesto fronterizo que separa Nador (Marruecos) de la ciudad autónoma. La visita al Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI), donde se encuentran alojadas las 133 personas que consiguieron entrar en España, ha sido confirmada por fuentes de la Fiscalía y otras vinculadas al centro. La fiscal también se ha encontrado con las fuerzas de seguridad que actúan en la frontera y se ha desplazado al lugar en el que se produjeron los hechos. Sánchez está en Melilla para investigar qué ocurrió aquel día en el que al menos 23 migrantes murieron tratando de atravesar el puesto fronterizo.

Aquella jornada del 24 de junio, un grupo de unos 1.700 migrantes dejó los montes de Nador para dirigirse a la valla e intentar entrar a Melilla forzando la puerta del puesto fronterizo de Barrio Chino. Las víctimas —que las ONG elevan a 37― murieron a causa de una estampida o al caerse de la alambrada, según la versión oficial marroquí. Pero las imágenes publicadas cuestionan la proporcionalidad de la actuación de los agentes del país norteafricano, que emplearon todo tipo de material antidisturbios y golpearon a los migrantes incluso cuando estaban ya tirados en el suelo. Los testimonios de numerosos supervivientes, además, inciden en que la violencia de los gendarmes marroquíes causó varias muertes. Los cuerpos de los heridos y los fallecidos pasaron horas amontonados sin atención médica en una explanada contigua a la valla.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo, a pesar de la tibia respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ―que llegó a calificar el episodio de “bien resuelto” antes de ver las imágenes― y que ha culpado de las muertes a las mafias, evitando cualquier crítica a su socio marroquí.

Tras conocerse la dimensión de la tragedia, gracias a las imágenes divulgadas, comenzaron a surgir iniciativas institucionales para aclarar el episodio. El pasado 26 de junio el Defensor del Pueblo anunció una investigación y, al día siguiente, fue la Fiscalía quien comunicó que intentaría esclarecer lo sucedido. La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, encargó a la fiscal de la sala de Extranjería que abriese diligencias. La decisión de Delgado se fundamentó, según el escrito en el que encomienda la investigación, en “la trascendencia y gravedad” de lo ocurrido. Las pesquisas, en cualquier caso, tienen un recorrido incierto porque las muertes, en principio, se produjeron en territorio marroquí.

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Migrantes de Sudán en las calles de Melilla

La fiscal Sánchez ha estado esta semana en Melilla para tener un “estudio detallado” de lo que ocurrió, según fuentes del Ministerio Público. Ha hablado con agentes y mandos de la Guardia Civil, responsables de la vigilancia de la frontera, para reconstruir la actuación policial, y también con algunos de los migrantes que consiguieron entrar. Aunque quien mejor puede explicar lo que pasó al otro lado de la frontera son las autoridades marroquíes, la Guardia Civil cuenta con imágenes aéreas y de calidad tomadas por un dron y un helicóptero. La fiscalía ya ha solicitado esas grabaciones y un informe sobre lo sucedido al instituto armado. La fiscal tiene seis meses para concluir la investigación, aunque lo previsible es que se termine mucho antes.

La entrevista a los migrantes y refugiados implicados en los hechos puede parecer obvia porque supone escuchar a protagonistas de la tragedia, pero no siempre se ha hecho así. En Canarias, tras la crisis desencadenada por la falta de previsión de las autoridades ante la llegada de más de 20.000 migrantes en 2020, la fiscalía abrió una investigación. Pretendía esclarecer si se cometió algún delito durante el hacinamiento en plena pandemia de miles de personas en el muelle grancanario de Arguineguín, pero durante las diligencias no se interrogó a ninguno de los migrantes afectados. La causa fue archivada definitivamente en enero de 2022. La Fiscalía rechazó que en el muelle de Arguineguín se hubieran producido detenciones ilegales (aunque los migrantes permanecieron retenidos mucho más tiempo de las 72 horas que marca la ley), negó que se hubiese obstaculizado el derecho de los recién llegados a recibir asistencia letrada y descartó un delito de “trato degradante”.