Justicia: controles y contrapesos

Hace unos días, la Vicepresidenta y Comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, visitaba España para evaluar la situación de nuestro Estado de derecho. Este es uno de los parámetros para determinar, entre otras cosas, la calidad de la democracia en nuestro país, que evidentemente tiene repercusión en la reputación que tenemos fuera de nuestras fronteras.

La Unión Europea vela por que se cumplan unos mínimos estándares comunes. En España, en los últimos años, se viene produciendo una “europeización” de los conflictos políticos nacionales y una externalización de las luchas partidistas en el ámbito de la justicia. Así que los parámetros internos ya no sirven para dimensionar el problema o ser objetivos. Un ejemplo de ello es el papel que juegan algunas asociaciones profesionales de jueces o fiscales, muy diferente a otros modelos europeos en cuanto a su participación pública a través de opiniones claramente políticas, más allá de sus competencias corporativas.

Se pretende que “Europa tome partido” para que su opinión entre de lleno en la contienda política española. No existe el más mínimo reparo en provocar daños a las instituciones dentro y fuera de nuestras fronteras. Una de las estrategias para conseguir ese fin es segmentar la información. Por tanto, faltan elementos de valoración, lo que también afecta a la ciudadanía, que percibe una justicia en la que no puede confiar.

Asumiendo las disfunciones que todo sistema puede tener y sin orillar experiencias negativas, quienes tenemos responsabilidades al frente de las instituciones tenemos la obligación de explicar cómo funcionan, trascendiendo los meros intereses coyunturales de los partidos o de las asociaciones profesionales que comparten sus estrategias.

Decía la Vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Jourova, que Bruselas no puede imponer un modelo institucional, pero sí examinar si su sistema de controles y contrapesos funciona y si corrigen las imperfecciones. Cosa que acontece en España.

Desde hace dos años y medio soy Fiscal General del Estado (FGE), durante un año y cinco meses desempeñé la responsabilidad de Ministra de Justicia, y 30 años de fiscal antidroga y antiterrorista. Desde tales posiciones y responsabilidades es mi obligación defender la justicia española en su conjunto y hacerlo facilitando una información completa a la ciudadanía, titular de la justicia, lo que le permitirá formarse un criterio, valorar y contrarrestar intencionadas manipulaciones. La Fiscalía española es un órgano constitucional del Estado. Una Ley determina sus funciones, principios y organización. Toda la actuación del Ministerio Fiscal se rige por el principio de legalidad y sus decisiones están sometidas a revisión judicial.

Soy consciente de la polémica suscitada en torno a mi nombramiento, comprendo que generase cierta controversia. Sin embargo, la polémica y la confusión se vio alimentada por bulos que recorrieron los digitales extremos y las redes sociales, que hicieron tanto ruido como vaciedad y, por ende, una radical descalificación del propio sistema, impidiendo un margen de objetividad en la valoración, solo para obtener un rédito político.

España tiene un sistema mixto de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Esto significa que todos los Poderes del Estado participan en ello. El Fiscal General es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Este es el modelo de nuestra Constitución.

¿Por qué es así? Porque, en nuestro sistema, el o la Fiscal General del Estado desarrolla la “política criminal”, esto es, la que ha determinado la ciudadanía, la soberanía popular a través de las urnas y del Ejecutivo que de ellas ha salido. La traducción de esto en el actuar cotidiano es simple: se trabaja para ser útil a los ciudadanos. En mi caso: la protección de las víctimas, hacer frente a la violencia de género y al discurso de odio, la protección de las personas mayores o con discapacidad, la defensa de los menores, el combate contra la corrupción, la defensa de los vulnerables, de los derechos humanos…

Quienes no conocen el Ministerio Fiscal podrían creer que el o la Fiscal General del Estado tiene un poder omnímodo y absoluto, que imparte instrucciones irrefutables, pone o quita fiscales a su antojo y mantiene relaciones inconfesables con el Gobierno de turno. Pues lo siento por aquellos que han pretendido “vender esa moto”, es un timo.

Debo señalar que todos quienes hemos asumido esta responsabilidad nos hemos sometido a un sistema de controles y contrapesos que hacen del Ministerio Fiscal una gran institución. Es cierto que toda acción progresista está sometida a una lupa con muchos más aumentos y que el Ministerio Fiscal siempre ha sido campo de batalla político y más en estos convulsos tiempos populistas. El o la FGE tiene un mandato limitado, no puede ser cesado por el Gobierno, tiene el contrapeso estatutario de la Junta de Fiscales de Sala y del Consejo Fiscal.

Los fiscales en España pueden discrepar de la orden de un superior si la consideran ilegal y someterla a valoración democrática, son plenamente libres en su expresión verbal en actos procesales. El o la FGE esta afectado por causas de abstención, como lo están el resto de fiscales, una garantía mas en la neutralidad de su actuación. Todo es mejorable, en este contexto he apostado por la transparencia; por equipos trasversales de fiscales, implicación de los diferentes territorios.

Recuerdo la investigación y resolución de las diligencias concernientes al Rey Emérito, en las que conformé un grupo de fiscales de altísima cualificación, trabajamos en equipo, en las reuniones se trataban todas las materias, las pruebas y sus resultados, los indicios y su interpretación, las cuestiones jurídicas o los aspectos jurisprudenciales. No siempre hubo unanimidad, mantuvimos discrepancias, pero opté por la posición mayoritaria que se apoyaba en la tendencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Propuse, y se aceptó y compartió, realizar un amplio relato de todo cuanto investigamos, lo que ha permitido expresar detalladamente hechos que en otro caso no se hubieran conocido. Era un necesario ejercicio de responsabilidad y transparencia.

Podemos ser críticos para construir y mejorar el servicio público de la Justicia del que no somos dueños sino meros administradores. La fidelidad a la Constitución comienza por la lealtad a sus instituciones, dentro y fuera de nuestro país.