El diputado del PP Alberto Casero admite en el Supremo irregularidades en contratos que firmó como alcalde

El diputado del PP Alberto Casero ha admitido este lunes en el Tribunal Supremo que, durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres), firmó algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal, pero ha defendido que, en todo caso, solo hubo “irregularidades administrativas”, nunca un delito como sostuvo una juez del municipio extremeño. A la salida del alto tribunal, el diputado, que saltó a la fama por su error fatal en la votación de la reforma laboral en el Congreso, ha atendido a los medios para explicar que su declaración se ha centrado en “aclarar” algunos aspectos de su gestión por los que han preguntado el juez y la Fiscalía. “Para eso estamos” ha afirmado, tras asegurar que su declaración se produce en un contexto de “normalidad”. El parlamentario no ha querido pronunciarse sobre las irregularidades que se le atribuyen hasta que el instructor del Supremo, Andrés Palomo, determine si la causa sigue adelante.

Casero ha comparecido en el alto tribunal para declarar voluntariamente como investigado por varios acuerdos y contratos menores que firmó cuando era alcalde, entre los años 2017 y 2018. El magistrado Palomo lo había citado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía del Supremo ve también indicios de malversación de fondos públicos.

Fuentes jurídicas conocedoras de la declaración señalan que el diputado ha admitido ante el juez y la fiscal María Ángeles Montes que algunos de los contratos que firmó podían presentar “errores” porque no se había seguido estrictamente el procedimiento administrativo, pero ha negado que esas irregularidades pudieran implicar la comisión de un delito de prevaricación o de malversación.

El diputado del PP ha sido llamado a declarar de forma voluntaria en calidad de investigado, un trámite habitual en las causas contra aforados que instruye el Supremo con el que se persigue evitar que el tribunal reclame al Congreso el suplicatorio para actuar contra el parlamentario. Pero, si las explicaciones de Casero y el resto de pruebas iniciales no convencen al instructor, Palomo deberá exponerlas a la Sala de lo Penal para que pida el suplicatorio y se actúe contra el diputado.

Contratos sospechosos

La causa contra Casero partió de una denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos y convenios acordados por el ahora diputado cuando era alcalde de Trujillo. La Fiscalía considera que el alcalde se saltó todos los procedimientos de contratación al evitar concursos públicos, informes de fiscalización o directamente sin informar a la administración local que él mismo dirigía. En el auto dictado en marzo pasado para comunicar la apertura de la causa, el tribunal explicó que la exposición razonada enviada por el juzgado extremeño “señala indicios sólidos” de que Casero firmó los contratos “sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios”.

La investigación se centra en seis casos concretos, que costaron al Ayuntamiento de Trujillo más de 100.000 euros. El primer contrato sospechoso es el de un psicólogo que firmó Casero en marzo de 2017 “ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto”. Meses después, suscribió otro convenio de 25.000 euros con la Cámara de Comercio de Perú “sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE”.

El alto tribunal subraya otro contrato de 2017 por el que el entonces alcalde de Trujillo pactó verbalmente aportar 18.000 euros a un acto que organizaba la entidad Asociación Cultural Bon Vivant, con la que ya en julio de 2018 cerró otro contrato de patrocinio por 18.000, en el que se comprometía, además, a asumir “otros costes”. Ambos fueron suscritos “sin seguir procedimiento administrativo alguno”. Finalmente, el Supremo detalla otros dos asuntos de 2018: la contratación de Ícaro Consultores en Comunicación para organizar un acto por importe de 14.303 euros más IVA y la concertación con Radio Interior S.L. de un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo por más de 15.000 euros. Para este último, Casero supuestamente empleó el procedimiento propio del contrato menor cuando la cuantía impedía hacerlo por este método.