El Gobierno prepara la renovación directa del Constitucional por si el PP sigue dando largas

La renovación de los órganos constitucionales se ha convertido en una larguísima partida de ajedrez entre los dos grandes partidos en la que el PP, de forma absolutamente inédita, mantiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial casi una legislatura entera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus negociadores directos en este asunto —en este momento, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia— lo intentaron todo con Pablo Casado. El pacto llegó a estar prácticamente cerrado dos veces, y en el último momento el líder del PP se echó atrás por presiones en el mundo conservador. Ahora vuelven a hacerlo con Alberto Núñez Feijóo, pero ya no van a esperar mucho más: si el PP sigue dilatándolo, el Ejecutivo nombrará directamente a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional y con ello cambiará la mayoría sin esperar al PP. La decisión, que llegará después de las andaluzas del domingo, está lista para ser rematada por el presidente, Pedro Sánchez.

El último movimiento fue en noviembre de 2021. El PSOE y Unidas Podemos se tragaron un sapo político muy importante: votaron a Enrique Arnaldo, el polémico jurista con estrechos vínculos económicos con el PP que llegó a estar imputado en un caso de corrupción. Tanto los socialistas como el grupo de Yolanda Díaz estaban absolutamente convencidos en ese momento de que valía la pena ese coste porque a cambio lograrían desbloquear la renovación del Poder Judicial y ahora, el pasado 12 de junio, renovar el resto del Tribunal Constitucional de manera que cambie la mayoría, de conservadora a progresista, como corresponde a lo que votaron los españoles en 2019. Pero la fecha ha llegado y el PP, con una nueva dirección, sigue dando largas.

Los populares han anunciado que en el próximo mes mandará una propuesta de renovación. Pero el Gobierno ya no aguanta más retrasos después de tres años y medio de bloqueo. El Ejecutivo, según fuentes de los dos sectores de la coalición, tiene ya prácticamente todo listo, e incluso ha empezado a hablar internamente de posibles candidatos, para renovar de forma directa los dos magistrados que le corresponden si el PP sigue dando largas.

La decisión se tomará probablemente esta semana, en función de la reacción de los populares tras las elecciones andaluzas del domingo, aunque no está claro cuándo se ejecutará. Si el Gobierno entiende que el PP de Alberto Núñez Feijóo, a través del interlocutor que ha designado para este asunto, Esteban González Pons, tiene esta vez una voluntad real de renovar, esperará un poco. No mucho.

Ese el plan a, que lo haría todo mucho más sencillo y permitiría el desbloqueo definitivo del Poder Judicial y del Constitucional. Pero si el Ejecutivo percibe que el PP entra de nuevo en una estrategia dilatoria para lograr que pase el verano y que después se retrase un poco más hasta entrar de nuevo en periodo electoral y hacer imposible la renovación en esta legislatura, a la espera de un posible cambio de mayorías, el Ejecutivo irá por la línea recta: renovará los dos magistrados que le corresponden, lo que provocaría un inmediato cambio de mayorías, porque los dos cuyo mandato ha caducado son conservadores y el Gobierno introduciría a dos progresistas. El Ejecutivo también tiene intenciones de mejorar la paridad del Constitucional, con lo que es probable que sean una o dos mujeres las propuestas.

Baile de nombres

En el Gobierno este asunto se maneja con un gran secretismo, pero varias fuentes confirman que ya empieza a haber baile de nombres encima de la mesa y hay un debate entre los dos sectores, el socialista y el de Unidas Podemos, que reclama que los dos nombres sean pactados dentro de la coalición y no impuestos por el PSOE. Esa discusión interna aún no ha sido resuelta, según fuentes del Ejecutivo, por lo que el nombramiento no parece inminente. La última vez que se intentó renovar el Poder Judicial con una negociación en serio, el PP la bloqueó al vetar a un candidato que planteaba Unidas Podemos, el juez José Ricardo de Prada, clave en la sentencia del caso Gürtel. Después de que el PSOE y Unidas Podemos aceptaran a Arnaldo para el Constitucional, mucho más polémico que De Prada, un juez muy respetado, Unidas Podemos no está dispuesta a aceptar ningún veto más. El grupo de Díaz consiguió en la última renovación parcial, la de Arnaldo, introducir el nombramiento de un juez de este tribunal decisivo, Juan Ramón Sáez. Era la primera vez en la historia que el espacio político a la izquierda del PSOE lo lograba. Ahora también quiere influir en esta renovación.

El Gobierno quiere dar algo de tiempo al PP después de las andaluzas para ver cuál es su voluntad real. Pero no mucho. González Pons insistió la semana pasada en que el PP está dispuesto a cumplir con su obligación constitucional y renovar el Poder Judicial después de tres años y medio. Pero puso algunas condiciones que al PSOE y a Unidas Podemos les suenan de nuevo a excusas. “No se puede condicionar el cumplimiento de un mandato constitucional a nada”, señala un miembro del Gobierno. “Eso es chantaje. Después de renovar podemos hablar de reformas. Pero renovar es obligatorio, no puede haber condiciones”, añade.

Una medida polémica

En el Ejecutivo son conscientes de que renovar los dos que les corresponden de forma directa, sin esperar a los otros dos que tiene que proponer el CGPJ ahora bloqueado, es una medida polémica que tendrá mucho rechazo en el mundo judicial y en la oposición. Por eso no es su primera opción. Pero está dispuesto a hacerlo si no hay avances rápidos porque ya no puede esperar más. El Constitucional tiene que tomar decisiones sobre asuntos clave como el aborto y el Ejecutivo cree que no se puede seguir dilatando el tiempo para renovar y cambiar la mayoría. En el Gobierno se han estudiado todo tipo de antecedentes y argumentos jurídicos para rebatir a quienes dicen que renovar de forma parcial —solo los dos que corresponden al Ejecutivo— sería inconstitucional.

Hay ya varios informes preparados con una argumentación fundamental: no hay ninguna ley que prohíba específicamente hacer algo así, y la doctrina del propio Constitucional —sentencia 191/2016— apunta que el bloqueo de un órgano no puede perjudicar al otro que sí está dispuesto a renovar. Además, se ha buscado otro antecedente: en 1980 el Constitucional echó a andar con 10 de los 12 magistrados porque el Consejo General del Poder Judicial aún no se había creado, y no se esperó a que nombrara a sus dos. Ahora no sería porque no está creado, sino porque está bloqueado, pero el Ejecutivo entiende que se puede hacer igual que entonces.

A pesar de que están muy convencidos de sus argumentos jurídicos, en el Ejecutivo quieren evitar si es posible la enorme tensión que supondría esta decisión. Pero la pelota, señalan en el Gobierno, está en manos del PP, que es quien lleva tres años y medio “incumpliendo la Constitución”, según repite Pedro Sánchez, que planteó esta exigencia hace ya tres meses a Alberto Núñez Feijóo, cuando se vieron en La Moncloa. El líder del PP pidió entonces tiempo y después esperar a las andaluzas. A partir del lunes, el tiempo se le agota.