“Las operaciones antidroga se estrellan contra la antigüedad de nuestro sistema procesal”

Cádiz no es una provincia cualquiera ni sencilla en lo judicial. Tiene una Audiencia dividida en cuatro sedes —Cádiz, Jerez, Algeciras y Ceuta—, con territorio a ambos lados del Estrecho de Gibraltar y ubicada en el punto más meridional de Europa, a merced del tráfico de hachís y la inmigración. Quizás por eso Ángel Núñez (Sevilla, 1965) asegura que ni se le pasaba por la cabeza postularse a la plaza de fiscal jefe de Cádiz, hasta que sus compañeros se lo pidieron. El experto en delitos contra el medio ambiente y el patrimonio histórico tomó posesión del cargo este pasado miércoles tras la jubilación de Ángeles Ayuso con el objetivo de luchar contra delitos acuciantes en la zona, mientras defiende la reforma pendiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar más peso a la Fiscalía en la lucha contra el narco.

Pregunta. Inmigración, narcotráfico, construcciones ilegales… De todos los problemas que sufre la zona en términos de delincuencia, ¿cuál le preocupa más?

Respuesta. En mi discurso [de toma de posesión] hablé de tráfico de drogas, narcotráfico, de la delincuencia organizada y la corrupción, que a su vez tiene una dinámica muy variada de formas delictivas, y de la violencia machista. Pero podría citar también los delitos cometidos por medios informáticos, las estafas, porque están experimentando un notable incremento. Tenemos muchos casos de personas jóvenes que ya traen a veces una trayectoria previa ante la jurisdicción de menores y que continúan una vez que alcanza la mayoría de edad.

P. La falta de medios es una queja recurrente en los informes de su predecesora o de sus compañeros, ¿hasta qué punto es un problema?

R. Es un problema grave. No tenemos ni siquiera una ratio de un fiscal por cada órgano jurisdiccional, cuando además nosotros, aparte de la tramitación de los procedimientos, tenemos que hacer después los juicios y la fase posterior a éstos, la de los recursos y la ejecución. Y en materia de funcionarios no tenemos ni siquiera una ratio de un funcionario de la oficina por cada cada fiscal. Eso dificulta notablemente nuestro trabajo.

P. ¿Llega a afectar esa falta de medios en que luego haya causas, como las de narcotráfico, en las que las dilaciones indebidas se conviertan en un beneficio para el encausado?

R. Creo que las dilaciones que se producen no responden a la falta de medios personales, porque esa falta de medios se compensa con sobreesfuerzo. Las dilaciones son normalmente consecuencia de lo vetusto de nuestro sistema procesal penal que permite que estrategias procesales, que son legítimas porque la ley las permite, den lugar a esas dilaciones.

P. ¿En qué punto cree que se encuentra el narcotráfico en la provincia?

R. Quien lo sabe verdaderamente es la fiscal antidroga de Cádiz [Ana Villagómez], que es también la fiscal antidroga de Andalucía, pero creo que se han conseguido buenos resultados. Por fin, ha habido un verdadero compromiso desde las administraciones, en este caso sí, respecto a la dotación de medios. Los fiscales están haciendo un trabajo extraordinario, pero nos encontramos con los cuellos de botella, que son los juzgados. Se pueden hacer muchas operaciones, pero al final llegamos a la idea del juez unipersonal instructor que preveía nuestra ley de 1882. Las operaciones antidroga se estrellan contra la antigüedad de nuestro sistema procesal.

P. ¿Y qué papel cree que tienen las mafias de Cádiz en el tráfico internacional de drogas? Lo digo porque las investigaciones descubren nexos cada vez más potentes con grandes organizaciones internacionales.

R. El tráfico de drogas es la modalidad delictiva en la que nosotros constatamos una mayor dimensión transnacional. No es sólo en lo que se refiere a las propias sustancias, que tienen una procedencia en la mayor parte de los casos ajena, aunque cada vez estamos asistiendo a una mayor producción, por ejemplo, de marihuana en nuestro territorio. También es por la cada vez más elaborada ingeniería financiera que acompaña a los delitos contra la salud pública y que lleva a que el dinero se inserte en diabólicos circuitos que dificultan su localización más allá de nuestras fronteras. En algunos casos, más allá de nuestras fronteras pero muy cerca…

P. Los traficantes han protagonizado asesinatos, ajustes de cuentas, ataques a los agentes... ¿Se ha conseguido poner freno a esa violencia?

R. Hay que estar muy vigilantes en relación a toda esa violencia colateral al fenómeno del narcotráfico de la que cualquier persona lega en Derecho puede informarse leyendo a Don Winslow [escritor estadounidense de novela negra]. Yo creo que estamos en términos todavía de control, afortunadamente. Pero no hay que cejar en ningún momento en el empeño, porque fácilmente puede desbordarse esa situación.

P. Desde que se aprobó el plan especial contra el narco del Estrecho, asistimos a grandes operaciones con decenas de detenidos que luego se convierten en macrocausas judiciales muy complejas. ¿Es partidario de esta forma de proceder?

R. Una ley de 1882 que estaba pensada para una delincuencia fundamentalmente contra la vida y contra la propiedad, es decir, delitos de lesiones, de homicidio, asesinato, robo, hurto o estafa, no está preparada para albergar en su seno procedimientos de esta magnitud. Por muchas reformas que haya experimentado y que la han convertido en una especie de Frankestein procesal, no ofrece respuesta en términos de celeridad a esta dimensión de la delincuencia que no estaba contemplada en su origen. Los letrados, como es lógico, yo si fuera letrado haría lo mismo, lo aprovechan.

P. Aunque las cifras de llegadas de pateras a la provincia se han reducido, seguimos asistiendo a detenciones por trata de seres humanos. ¿En qué quedan estas investigaciones? ¿Se llega a dar con los verdaderos organizadores o se investiga a veces a personas que realmente también son víctimas de estas mafias?

R. Yo distinguiría dos cosas. En primer lugar, no llegamos siempre a la cumbre de la pirámide porque esos estadios de la organización criminal radican fuera de España. No es fácil desarrollar esas investigaciones, pero también diría que no hablamos de que condenamos a víctimas, condenamos a personas que cometen delitos, porque si aplicamos ese concepto de víctima a quien realiza actividades importantes para que las mafias de la trata funcionen, tendríamos que aplicarlo también a personas que realizan actividades secundarias en relación con el tráfico de drogas. Y a nadie le cabe duda de que quien conduce una embarcación con droga o quien realiza el alijo en la playa está cometiendo un delito.

P. En las últimas memorias de la Fiscalía, su predecesora apuntó a la dejación de los alcaldes para colaborar en el problema del urbanismo ilegal, otro grave problema en Cádiz. ¿Qué cree se puede hacer para revertir esta actitud?

R. Fui fiscal de Urbanismo y también de Medio Ambiente de Andalucía y he sufrido bastante ese problema. En esa época era difícil conseguir una sentencia en la que se acordara la demolición de lo indebidamente construido. Era algo así como se detiene al ladrón, se le pone una pena, pero se le permite que se quede con el botín. Hoy el problema al que nos enfrentamos es el de la ejecución de la sentencia que acuerda la demolición. Yo entiendo que quien tiene un cargo que depende del voto sea un tanto renuente a la ejecución de sentencias que se presentan siempre como situaciones aparentemente injustas, cuando en realidad no lo son. La aparición del cuerpo de inspección de urbanística fue un paso adelante y ahora estamos insistiendo desde la Fiscalía en la necesidad de que se asuma la responsabilidad por parte de los alcaldes y el resto de autoridades.

P. Antes de marcharse, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo planteó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que planteaba dar más peso a los fiscales en la instrucción de las investigaciones. ¿Qué le parece ese planteamiento?

R. Soy un absoluto defensor de la dirección de la investigación para el Ministerio Fiscal. Formé parte de la comisión que en 2011 elaboró el primer anteproyecto, siendo Juan Carlos Campo secretario de Estado, y todos los proyectos legislativos que ha habido desde entonces apuntan a la dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal porque es lo que es lo que favorece la verdadera imparcialidad judicial. El juez se convierte en un órgano ajeno al procedimiento que no está contaminado de ninguna forma y controla la actuación de investigación. Le permite dedicarse a lo que dice la Constitución, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además, el hecho de que la investigación la dirija el fiscal supone más juez y no menos juez, porque él va a estar para decir que no. Supone también un reforzamiento del derecho de defensa, porque favorece la igualdad de armas y redunda en beneficio del justiciable.

P. Es usted amante del Carnaval, exponente máximo de una libertad de expresión que hay quien ve cada vez más amenazada. ¿Comparte esa preocupación?

R. Sí, creo que en cierto modo, aunque de forma bienintencionada, algunos planteamientos nos conducen a una especie de época neovictoriana en la que determinadas cosas no se pueden tocar. Ciertas cosas no se pueden decir. En mi opinión, el humor, sobre todo si se hace de manera creativa y artística como en Cádiz, no debería tener límites más que lo que establezca la Constitución. La ley parte de la idea de que la libertad de expresión está hecha, precisamente, para que tengamos que soportar cosas que nos resulta difícil tener que soportar. Si no, no sería libertad de expresión.