Los diputados, sin móvil en la comisión sobre el CNI
El Congreso impidió este jueves a los asistentes que entrasen a la reunión de secretos oficiales con dispositivos electrónicos con los que grabar, tomar imágenes o enviar mensajes al exterior
El Congreso tomó medidas para garantizar que los diputados se atenían al deber de sigilo impuesto en la comisión de secretos oficiales reunida la mañana de este jueves y en la que ha comparecido la directora general del CNI, Paz Esteban. Y la primera fue evitar que nadie entrase con dispositivos electrónicos con los que grabar, tomar imágenes o enviar mensajes al exterior. Uno a uno, los diez convocados en representación de los grupos parlamentarios fueron dejando sus teléfonos móviles en un mueble a la entrada de la sala Mariana Pineda, donde habitualmente se reúne la Junta de Portavoces y que fue escogida también para acoger la reunión con la directora del CNI. Incluso el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, dejó fuera la tableta que usa habitualmente para escribir por la imposibilidad que tiene de hacerlo a mano.
Cuando la presidencia del Congreso anunció a los portavoces que no podrían entrar con sus dispositivos, Echenique hizo una consulta para preguntar si su caso podía ser una excepción. La presidencia le dio autorización, pero finalmente el diputado renunció a portar la tableta para evitar polémicas con los grupos de la derecha, explicaron fuentes de Unidas Podemos.
Paz Esteban solo se dejó ver a primera hora, cuando accedió a la sala a través de un pasillo repleto de periodistas. La intentaron abordar, preguntándole si se siente segura en el cargo, pero Esteban siguió su camino sin contestar. Al acabar, se fue por una puerta trasera para evitar encontrarse de nuevo con las decenas de reporteros y cámaras de televisión.
La imagen de la mañana en el Congreso fue esa, la de la nube de periodistas esperando impacientes ante una puerta cerrada a cal y canto. Tres horas después, el primero en aparecer fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Abandonó antes la reunión para atender una entrevista en TV3, donde deslizó la idea —posteriormente matizada— de que detrás de los espionajes ilegales podrían estar algunos elementos sin control de los aparatos de seguridad del Estado.
Todos los portavoces fueron luego dando explicaciones ante la prensa, aunque ninguno entró en detalles que vulnerasen su deber de confidencialidad. Dos de ellos, Míriam Nogueras, de Junts, y Albert Botran, de la CUP, figuran en la lista de 65 supuestamente espiados elaborada por Citizen Lab. Los periodistas les preguntaron si habían recibido información sobre sus casos particulares y ambos declinaron hacer comentarios. Por si acaso, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ya se había encargado de advertir a los independentistas de que la vulneración del deber de secreto es un delito tipificado en el Código Penal y castigado con cárcel.
Todos los consultados aseguraron que la reunión transcurrió sin tensiones y en un ambiente de cierta cordialidad, pese a que el escándalo ha elevado aún más la temperatura ya habitualmente alta en el actual Congreso de los Diputados.
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