Los socios del Ejecutivo se quedan “intranquilos” tras la sesión secreta y exigen más información

El Gobierno estaba muy esperanzado en zanjar o apaciguar algo esta crisis política múltiple del caso Pegasus tras las comparecencias ante el Congreso esta semana de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del CNI, Paz Esteban, pero ninguna de las dos ha convencido ni tranquilizado a sus socios en el Ejecutivo y en el Parlamento este jueves. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y el PNV, que suelen apoyar los proyectos del Gobierno, reafirmaron tras la sesión de la comisión de secretos oficiales que la confianza mutua sigue rota y volvieron a exigir más información y aclaraciones, en una comisión de investigación y con la desclasificación de los documentos aportados. La vicepresidenta Yolanda Díaz se mostró más cauta sobre demandar ya responsabilidades políticas al máximo nivel: “En democracia primero conocemos los hechos, los estudiamos en profundidad, y después tomamos medidas”.

La exposición y los documentos y resoluciones aportados a la comisión por la directora del CNI conformaron oficialmente al PSOE y a los tres partidos de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos, como sucedió el día anterior con las explicaciones de la ministra Robles. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, defendió la “clarificadora” intervención de Paz Esteban de acuerdo a la ley y avanzó que su partido descarta haber entrado ahora en una “fase de ceses” políticos, pese a que varios ministros del sector socialista evitaron estos días confirmar la continuidad en su puesto de la máxima responsable del CNI, que sí contó con el respaldo de la titular de Defensa.

En defensa de la directora del CNI salieron de la sesión de secretos oficiales los portavoces del PP, Cuca Gamarra; de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; y de Cs, Edmundo Bal, casi con las mismas palabras y elogios. Ensalzaron su nivel, su preparación, sus 40 años en el centro (“la casa”) y expusieron que desarrolló en la sala una serie de aclaraciones “muy tranquila” y “muy profesional”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, remarcó dos mensajes. En el primero reiteró su apoyo “sin ningún tipo de duda” a las actuaciones del CNI, confirmó que las mismas “se ha llevado a cabo siempre conforme a la legalidad vigente y con las autorizaciones judiciales oportunas” y validó que las explicaciones de Esteban le habían parecido “suficientes” y “colmado” sus expectativas. En el segundo recado llegó el aviso político al presidente: “Sánchez no puede esconderse detrás del CNI, debe comparecer en el Congreso para dar explicaciones y defender a las instituciones del Estado”.

Edmundo Bal, de Cs, suscribió muchas de esas ideas y aprovechó para arremeter contra el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por permitir la entrada en la comisión de secretos de miembros de ERC y Bildu, a los que apuntó por la filtración de datos de la sesión que en teoría era secreta. Denuncia a la que se sumó el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que recalcó mucho su “confianza” y “tranquilidad” en el nivel de la directora del CNI y en que nunca “ha actuado por libre y sí dentro del engranaje del Estado y con conocimiento del presidente y la ministra”.

La visión totalmente opuesta es la que ofrecieron tras la reunión los aliados del Ejecutivo, que insistieron en demandar una comisión de investigación del caso en el Parlamento (que PSOE, PP, Vox y Cs ya han rechazado) y avanzaron que van a solicitar ahora al Gobierno más comparecencias y que desclasifique los documentos que les enseñó en la sala la responsable del CNI.

Echenique, de Unidas Podemos, añadió: “Salimos más preocupados de la comisión que como entramos y lo que ahí se ha contado refuerza la necesidad de que se depuren responsabilidades políticas”. No mencionó a Robles, pero se le entendió todo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este jueves en la Feria de Abril en Sevilla, fue más mesurada: “Como hacemos los demócratas, una vez que conozcamos los hechos, después hay que valorar lo que sucede y tomar las medidas que sean precisas, y si hay que depurar responsabilidades, por supuesto depurarlas”.

Rufián, de ERC, Míriam Nogueras, de Junts, Alberto Brotán, de la CUP y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, también se marcharon de la sala más inquietos de cómo entraron, y eso que el portavoz republicano ya había advertido días antes que el caso Pegasus podía “cargarse la legislatura y la democracia”. Este jueves se reafirmó “como demócrata” en esa tesis, ante la gravedad del espionaje: “Se ha justificado que se espió a independentistas porque intentaban implementar sus ideas rompiendo el marco constitucional o legal”. Nogueras se sintió “estafada” tras escuchar a Paz Esteban y Botrán insistió en que con ese tipo de actuaciones lo que se permite es “espiar a miembros del movimiento independentista prácticamente sin límite y sin garantías” y “perseguir a gente por razón de sus ideas, que no de sus acciones”.

La representante de Bildu en la comisión, Mertxe Aizpurua, abundó en su percepción de que en este escándalo quedan muchas “incógnitas” y “cosas por aclarar”. Y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el único que ni ofreció rueda de prensa ni se paró a comentar el asunto con los periodistas, acabó con una de sus contundentes sentencias: “Solo diré que queda tela por cortar”.

Mientras se celebraba la reunión, que duró casi cuatro horas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mostraba su “apoyo y solidaridad” con la ministra de Defensa, Margarita Robles, al día siguiente del choque entre sus respectivos ministerios por ver quién es el responsable del agujero de seguridad que ha llevado a que el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufriera una intrusión y se pudiera extraer de él prácticamente toda la información que contenía. “La ministra Robles y yo trabajamos juntos, anoche mismo la llamé para transmitirle todo mi apoyo y solidaridad, porque estamos trabajando para esclarecer los hechos y para tomar medidas a fin de que esto no se vuelva a repetir”, ha dicho.

Preguntado por quién es el responsable de la brecha de seguridad en el móvil de Pedro Sánchez, ha contestado que todo el Ejecutivo trabaja para que esto no se pueda repetir: “El Gobierno en su conjunto trabaja cada día para esclarecer los hechos de los que tuvimos conocimiento durante el fin de semana (...) la responsabilidad es del Gobierno en su conjunto para en que las instituciones democráticas funcionen con todas las garantías y para que los españoles tengan claro que el derecho a la privacidad y que el secreto a las comunicaciones se garantizan”.