El juez investiga una comisión frustrada por maletines anticovid para la Junta de Andalucía

En la lluvia de ofertas de material sanitario que las administraciones públicas recibieron en pleno auge de la pandemia en 2020, en Andalucía también se coló un intento de cobrar una mordida de cinco millones de euros. A diferencia de casos como el del Ayuntamiento de Madrid, que sí cuajaron, esta negociación entre empresarios y la Junta quedó en un amago frustrado que ahora investiga la justicia.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Sevilla indaga un presunto cohecho por parte de un exasesor de la Consejería de Salud y Familias y tres empresarios, investigados por exigir una comisión millonaria a otro empresario para lucrarse con la compra de 107 maletines para detectar la covid en los pacientes de los centros de salud durante el otoño de 2020, en plena segunda ola. El empresario asturiano al que reclamaron el dinero, Félix Guerrero, denunció la supuesta extorsión ante la Junta y esta llevó el caso ante la Fiscalía, que meses después lo denunció ante los juzgados.

Sin embargo, las pesquisas policiales continúan atando cabos entre los altos cargos de la Junta y los supuestos comisionistas para aclarar todas las sombras. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía destacó en un informe remitido hace un mes al juez Carlos Mahón el “inusual” y “relevante” tráfico de llamadas entre el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz (PP), y el principal acusado por el intento de mordida, el exasesor de la Consejería de Salud Guillermo María González. En los días previos a su cese, González y Sanz, antigua mano derecha del exministro Javier Arenas, se intercambiaron 18 mensajes y llamadas, una de ellas de 15 minutos.

“Tras conocer el caso por su superior, el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo (PP) —nombrado coordinador general del PP por Alberto Núñez Feijóo— Sanz se puso en contacto “en primer lugar con González [comisionista] y posteriormente con Félix Guerrero [empresario denunciante de la operación], siendo incomprensible tal secuencia, ya que el denunciante de la conducta irregular era Félix Guerrero”, subraya la policía en su último atestado incorporado al sumario, avanzado por Diario de Sevilla. La policía sugiere que el viceconsejero y el comisionista pueden haber mentido en comisaría: “Se aprecia un tráfico de comunicaciones entre Sanz y González considerado incongruente con lo manifestado por ambos en sus respectivas toma de declaraciones”, destaca el informe policial.

“La concertación de una cita para una reunión, entre dos personas que han manifestado no conocerse previamente, no se entiende bien, en el contexto de esta investigación, que tenga una duración semejante”, añaden los agentes.

Cuando Sanz y González se reunieron, el viceconsejero informó al exasesor de Salud de la investigación interna desarrollada en su contra, lo que, según la policía, le permitió eliminar pruebas: “Esta reunión se celebró con anterioridad a la actuación seguida por el servicio informático de la Consejería de Salud, en la que se retiró el equipo informático de González y se cambiaron las contraseñas de acceso a su correo corporativo, existiendo un periodo de tiempo considerable entre tal reunión y las medidas adoptadas, las cuales perseguían evitar una manipulación del equipo informático y de los correos corporativos, en el cual González pudo acceder libremente a ellos”, destacan los agentes. Meses antes, los investigadores hicieron hincapié en que no tenían dudas sobre la colaboración de los altos cargos de la Junta para esclarecer los hechos.

Sanz ha rechazado opinar al respecto, pero fuentes de la Consejería de Presidencia andaluza niegan que informara al comisionista sobre la investigación interna en curso y censuran que la policía dé crédito al testimonio del comisionista. “Todos los pasos del viceconsejero son para enterarse de qué había pasado y con esas pesquisas denunciar ante la Fiscalía”, alegan estas fuentes. La Policía accederá previsiblemente al contenido de los mensajes entre el político —que declaró como testigo ante el magistrado— y el exasesor imputado, para aclarar si las conversaciones fueron para algo más que “obtener información”, tal y como aseguró Sanz.

En paralelo, los agentes verificarán si los tiempos de la Junta para denunciar fueron los apropiados, ya que transcurrieron tres meses hasta la interposición de la denuncia ante la Fiscalía. El empresario extorsionado Guerrero denunció ante Bendodo que, tras hablar con Sanz, pasaron las semanas sin que este diera señales de vida. Ante el silencio del viceconsejero andaluz, Guerrero contactó con el anterior presidente del PP, Pablo Casado, para contarle la petición de mordidas desde la Junta. “En situación de ansiedad, logro contactar directamente con Pablo Casado (…) le envío el relato de hechos a la dirección de correo electrónico que él mismo me facilita”, explicó a los agentes. En febrero de 2021, el empresario expuso la situación a Casado y dos asesores en una reunión en la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid. “Les cuento los hechos y me dicen que como partido político no se pueden meter en la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero que no obstante tratarán de enterarse e informarme de cómo está el expediente, cosa que no han hecho hasta la fecha”, detalló en comisaría.

Con las elecciones andaluzas en menos de dos meses, Bendodo ha achacado las dudas policiales a una campaña desde el PSOE, personado como acusación en el caso. “El PSOE intenta enfangar, pincha en hueso y nosotros somos muy distintos de los socialistas. Ellos tapaban y ocultaban los escándalos de corrupción, nosotros denunciamos la existencia de un intento de fraude en la compra de material sanitario. Se habla de un contrato que no existe, no se firmó. No hay nada”.