El espionaje a independentistas fue individualizado y con control judicial

El CNI usó el programa Pegasus para salidas al extranjero y conversaciones en redes sociales. Fuentes del servicio secreto niegan que se hayan pinchado teléfonos institucionales

La consejera de la Generalitat Laura Villagrà, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el domingo en Barcelona.
La consejera de la Generalitat Laura Villagrà, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el domingo en Barcelona.Carles Ribas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió a líderes independentistas, pero lo hizo de manera individualizada, no indiscriminada como denuncia ahora el Gobierno catalán, y siempre bajo control judicial, según fuentes próximas al servicio secreto español. Las mismas fuentes cuestionan el rigor del estudio realizado por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), según el cual los móviles de más de 60 independentistas catalanes y vascos fueron infectados con el programa espía Pegasus, de la firma israelí NSO Group. Sin confirmar quiénes fueron espiados y quienes no, fuentes próximas al CNI aseguran que muchos de los que figuran en la lista que se ha hecho pública jamás fueron objeto de investigación por parte del servicio secreto y que la cifra de afectados por sus pesquisas es muy inferior a la mencionada.

Lo que sí admiten las fuentes consultadas por EL PAÍS es que los líderes de asociaciones independentistas catalanas han sido objetivo informativo del CNI en los últimos años; y ello porque la ley reguladora del servicio secreto español, de cuya entrada en vigor se cumplen ahora dos décadas, le atribuye, entre otras misiones, la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”. Desde 2015, el servicio secreto dispone de una Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales dedicada a recabar información sobre movimientos separatistas y la vigente Directiva Nacional de Inteligencia, aprobada por el Gobierno, los incluye como uno de los objetivos informativos del CNI.

Esto es lo que permite que el magistrado de la Sala Tercera del Supremo encargado de autorizar las actividades del espionaje español que vulneran derechos fundamentales —entradas en domicilio e interceptación de las comunicaciones— haya autorizado escuchas telefónicas “para el cumplimiento de las funciones asignadas al centro”; entre las que figura el seguimiento de las actividades del independentismo.

Uno de los instrumentos utilizados para vigilar a los líderes independentistas ha sido precisamente el sistema Pegasus, adquirido por el CNI a mediados de la pasada década por unos seis millones de euros, admiten las fuentes consultadas. Este programa espía no solo permite interceptar las comunicaciones realizadas a través de los móviles, sino también acceder a su memoria e incluso controlar a distancia su cámara y micrófono.

¿Por qué se ha empleado este programa en vez de interceptar las llamadas a través de las compañías operadoras de telefonía móvil que permiten pinchar la señal en sus centrales telefónicas, si existe autorización judicial, sin necesidad de acceder a las terminales en manos de los clientes? Las fuentes consultadas explican que Pegasus tiene la ventaja de mantener el control del móvil cuando su portador viaja al extranjero y sale de la cobertura de las operadoras españolas y también sirve para interceptar las llamadas realizadas a través de redes de mensajería como WhatsApp y Telegram.

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Aunque se niegan a confirmar si el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y sus tres antecesores (Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra) figuran entre los espiados, las mismas fuentes admiten que cargos públicos independentistas han sido objeto de escuchas por parte del CNI. Sin embargo, matizan, los móviles interceptados no han sido los institucionales, utilizados para el ejercicio de sus actividades públicas, sino teléfonos particulares empleados para contactar con grupos de carácter violento, como los Comités de Defensa de la República (CDR), que estuvieron detrás de los disturbios que se produjeron en Cataluña durante el juicio del procés y la posterior sentencia, en el otoño de 2019. Habría sido a través de la investigación de estos grupos, aseguran las fuentes consultadas, como se habría llegado a los móviles usados por cargos públicos para comunicarse con ellos.

Todas estas escuchas, matizan las mismas fuentes, han sido autorizadas por el magistrado del Supremo responsable de controlar las actividades del CNI o su sustituto, cuyas autorizaciones tienen una vigencia de tres meses prorrogable y que, aseguran, no se firman en barbecho sino que requieren una solicitud motivada.

Detención de Puigdemont

Uno de los casos en los que supuestamente se habría empleado el programa Pegasus fue la detención de Puigdemont en Alemania en marzo de 2018. El CNI tenía controlado el móvil de uno de los acompañantes del president prófugo y eso le permitió seguir al vehículo durante el rodeo de 2.500 kilómetros que hizo por el golfo de Botnia, en el Báltico, para intentar sin éxito burlar a sus perseguidores.

A falta de culminar la investigación interna ordenada por el Gobierno, fuentes próximas al servicio secreto cuestionan la fiabilidad del estudio de Citizen Lab, al que atribuyen intencionalidad política (uno de los integrantes del grupo es Elies Campo, un investigador catalán ingeniero en telecomunicaciones). E insisten en la idea de que el CNI actuó en todo momento dentro de la legalidad y en cumplimiento de sus atribuciones.

Mientras se constituye la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso —bloqueada por el veto cruzado entre los diferentes grupos parlamentarios a la hora de elegir a sus miembros—, será el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el encargado de llevar a cabo una investigación independiente. El Ministerio de Defensa ha prometido que este tendrá acceso “a toda la información que requiera, para garantizar la máxima transparencia y dar confianza a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del CNI”. La última palabra, sin embargo, corresponderá al titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que instruye diligencias desde octubre de 2020, cuando se conocieron los primeros casos.

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Sobre la firma

Miguel González

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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