Abierto el control político del CNI

Una mesa larga y sin móviles. Esta fue la escenografía montada por la Generalitat de Cataluña para la reunión entre el ministro de la Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia del Govern, Laura Vilagrà. Gesto adusto el de esta última; y serio y de cierto desconcierto el del ministro encargado de sofocar las llamaradas que ha ocasionado el espionaje del sistema Pegasus a más de sesenta independentistas catalanes.

Las tesis de que todo es paripé, porque ERC mantendrá el apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, no se corresponden con el disgusto monumental de los republicanos. Sí, es cierto que su intención no es que caiga el Gobierno para que haya elecciones generales, pero Bolaños comprobó en la reunión de ayer que la Generalitat quiere dimisiones. Además, en el independentismo catalán, vasco y gallego, y en UP, se considera imprescindible crear nuevos mecanismos de control sobre el Centro Nacional de Inteligencia.

Estos grupos quieren abrir el debate sobre el papel del magistrado del Tribunal Supremo que, por ley, se encarga de autorizar, en 48 horas, las peticiones de los servicios secretos de intervenir, una a una, las comunicaciones de quien sea sospechoso de amenazar la integridad de España y la seguridad del Estado. Los independentistas no van a dejar que el tiempo diluya este episodio de espionaje, y recuerdan que en 1995 tuvo que dimitir el vicepresidente Narcís Serra después de conocerse que el Cesid, antecedente del CNI, había practicado escuchas ilegales a relevantes personalidades, incluido Juan Carlos I. Junts per Catalunya aprieta a ERC para que retire la palabra y el apoyo al Gobierno de España.

La información del Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, con datos sobre el espionaje con el software Pegasus está en primera plana de los medios extranjeros. El papel del juez de garantías que controla el CNI centrará la controversia. “¿Qué descubrieron esas investigaciones a seis decenas de independentistas, incluidos los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, si ya había finalizado el juicio del procés?”, se preguntan interlocutores republicanos. No se trata de una investigación judicial, sino de los servicios secretos, añaden.

Estos grupos exigirán más control y menos opacidad al Gobierno a sabiendas de que son demandas que chocan con la esencia de los servicios de inteligencia, cuyas actuaciones, incluso en estados democráticos, se desenvuelven en la penumbra. O en la oscuridad. Este parece uno de esos casos. El Gobierno no reconoce que fuera el CNI quien ordenara el espionaje. A eso no responde; tampoco ayer en privado a preguntas de la consejera de Presidencia catalana al ministro Bolaños.

No responde tampoco la ministra de Defensa, Margarita Robles, respecto a si el CNI es el autor del monitoreo, pero sí asegura con determinación que cualquier actuación ha seguido la ley de forma escrupulosa. “Margarita Robles no miente”. Esta es una sentencia en la que coinciden distintos portavoces, que dan por seguro que el CNI está detrás y que tuvo la preceptiva autorización judicial. Pues todo les parece mal: Que se les investigara y que un juez lo autorizara. Habrá iniciativas parlamentarias para revisar el control del CNI.

Las peticiones de comparecencias de la directora del centro, Paz Esteban, y de su antecesor, el general Félix Sanz Roldán, al que sustituyó en febrero de 2020, están aseguradas. El Gobierno pretende que las explicaciones se ofrezcan en la comisión de Gastos Reservados, conocida como de Secretos Oficiales y bloqueada por el PP desde 2019, por su negativa a que Bildu se siente en ella. No hay objeción a que estén ERC y Unidas Podemos. En 2013 el vetado era ERC. El entonces diputado republicano Alfred Bosch preguntó desde la tribuna: “¿No quieren que pregunte al CNI sobre la guerra sucia en Cataluña?”. Fue el 14 de marzo de hace nueve años.