El Ayuntamiento de Madrid comunicó a la Fiscalía otra presunta estafa millonaria con la venta de mascarillas

La compra de material sanitario fue un caos en la peor fase de la pandemia y, como demuestran las investigaciones abiertas, dio pie a que presuntos estafadores hicieran el agosto. Un juzgado acorrala actualmente a Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias e “inflar” presuntamente los precios en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Pero no es el único caso que sufrió el Consistorio. Según la documentación que la Administración ha enviado a la Fiscalía, la propia Policía Municipal ha indagado sobre otro fraude en la adquisición de 500.000 mascarillas FPP2 a través de una supuesta consultora llamada Sinclair and Wilde, a la que se pagó al menos 1,25 millones de euros mediante transferencia bancaria.

El intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial firmó un informe el 5 de marzo de 2021, donde explicaba el caso. Según el escrito, el 23 de marzo de 2020, a los pocos días de decretarse el confinamiento, el Ayuntamiento “aceptó la compra [precio y condiciones] de un total de 500.000 mascarillas FFP2 marca EKO a través de la consultora Sinclair and Wilde, residenciada en Nueva York”. “El objetivo [era] dotar de estos equipos a todos los servicios de emergencias y protección civil [del Consistorio]”, explica el documento policial, al que tuvo acceso EL PAÍS. De esta forma, esa misma jornada, mediante una transferencia bancaria a través de Bankinter, se efectuó el pago de la mitad del importe acordado por el total de la mercancía: 1,25 millones de los 2,5 millones de euros que se habían pactado.

Pero los problemas surgieron pronto. El 7 de abril, según incide el informe, los servicios jurídicos detectaron “irregularidades”, por lo que “se dio orden de reintegro de la cantidad abonada al proveedor”. “El motivo de dicha solicitud es el incumplimiento del contrato por parte del beneficiario de dicha transferencia”, escribió el Ayuntamiento en el email enviado a Bankinter. Además, el Consistorio “instó nuevamente a la consultora Sinclair and Wilde a través de correos electrónicos para que se remitieran los correspondientes certificados de conformidad de las mascarillas FPP2”. Pero no se logró ninguna respuesta de la consultora: “Ni en sentido positivo ni negativo”.

La comprobación del material llegado también incrementó las sospechas. Así, el 4 de mayo, el director de Operaciones del Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento denunció por escrito que, tras analizar las mascarillas, “existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni europea”. Además, se intentó contactar durante meses sin éxito con Philippe Haim Solomon, la “persona que tuvo relación contractual” con el Consistorio para esta operación, según la Policía Municipal, que también incorporó a sus indagaciones informes técnicos donde se señala la “no idoneidad del producto” comprado.

“La documentación facilitada no se corresponde con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni el Estado español, incluyendo documentos que se indican para otros productos que pueden ser productos cosméticos”, escribe el intendente jefe, que enumera posibles delitos de fraude, contra los consumidores y contra la propiedad industrial —“debido a que se ha utilizado indebidamente el marcado CE para declarar conforme a las prescripciones establecidas por la UE”, señala—. El policía atribuye la responsabilidad a Solomon, que nunca fue localizado, según la información enviada a Anticorrupción.

Intervención de la Policía de Nueva York

Los intentos por localizar a Solomon resultaron en vano. Según la documentación incorporada al sumario del caso de Medina y Luceño, el Ayuntamiento de Madrid trató de contactar durante meses con el supuesto representante de Sinclair and Wilde. El 4 de agosto de 2020, por ejemplo, se le envía un email: “Estimado Philippe. Llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas FPP2. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado. Es por ello que, de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible, debemos acordar la devolución del producto y del dinero”, escribe Elena Collado, alto cargo del área de Hacienda y Personal del Consistorio, que también interactuó con los comisionistas Medina y Luceño.

Ante la falta de respuesta, la Policía Municipal pidió ayuda en octubre de 2020 a la Policía Metropolitana de Nueva York, que acudió en noviembre a la dirección donde se encontraban las supuestas instalaciones de la consultora. Pero allí, según la información enviada por los agentes de EE UU, no hallan ninguna oficina de Sinclair and Wilde. Tampoco a Solomon. En su lugar, se topan con un tal Henry M. F., que asegura que ocupa dichas oficinas y que, “como un favor a un cliente”, permitió que Sinclair usara la dirección postal de su empresa.

Henry M. F., a su vez, añadió que había contactado en alguna ocasión con Solomon, pero solo por “videollamada o email”. Nunca lo conoció en persona, repitió, antes de remachar que creía “que vive en algún lugar de Europa”. “También informó [de] que recientemente ha estado recibiendo varias cartas dirigidas a Sinclair de diferentes jurisdicciones judiciales, la más reciente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos / Distrito Sur Florida”, escriben los efectivos de la Policía de Nueva York. El informe de la Policía de Madrid añade que, tras pedir más ayuda para encontrar al sospechoso, a fecha de enero de 2021, no “es localizado en los EE UU y el mismo puede estar domiciliado en Inglaterra en estos momentos, sin que se haya confirmado esta residencia de manera oficial”.