Los refugiados fuera de los focos por la guerra de Ucrania

Sohail Noori, su mujer y sus cuatro hijos son afganos, pero no llegaron a España en un avión fletado por el Gobierno. Su evacuación fue distinta y más demorada que la de los más de 2.000 compatriotas que el Ejecutivo consiguió traer sanos y salvos en agosto ante decenas de cámaras de televisión. La familia tardó unos cuantos meses en reunirse fuera de Afganistán, arreglar papeles, visados y salvoconductos hasta que, el pasado 10 de enero, llegó al aeropuerto de Barajas desde Pakistán. A ellos nadie les esperaba cuando aterrizaron. “Estábamos solos. Tenía hasta algo de dinero para un taxi, pero no sabíamos dónde ir”, recuerda.

Este antiguo colaborador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está desde entonces en un albergue de primera acogida estatal en un polígono de Madrid. El hostal de una estrella, gestionado por Cruz Roja, se considera un recurso de emergencia y aunque está pensado para estancias que no superen los 30 días, Noori y su familia llevan en él más de tres meses. Siguen esperando a que les trasladen a un lugar más estable donde recomenzar su vida, cocinar su propia comida, tener clases de español con regularidad, dejar de compartir baño con otras 15 familias o llevar a sus hijos, de 12, nueve, seis y cuatro años, al colegio.

La familia llegó a firmar su consentimiento para instalarse en Córdoba. “Mi mujer y yo estábamos muy entusiasmados: al menos íbamos a dejar el hostal y estar en un sitio más cómodo, un piso”, explica Noori. Ella, quien peor lo está pasando, llamó a toda la familia para contárselo, pero el plan se truncó rápido. “A los pocos días nos dijeron que ya no iríamos, que esas plazas serían para las personas que vienen de Ucrania”, asegura. “Los afganos que conozco que llegaron en agosto y fueron recibidos por los ministros no han tenido los problemas que tenemos nosotros. Yo, ahora mismo, no sé nada de mis planes. No sé qué esperar”. En tres meses, sus hijos solo han ido al cole diez días.

La guerra en Ucrania y sus más de cuatro millones de desplazados (se calcula que más de 110.000 han llegado a España) han desviado el foco de otros refugiados. El conflicto no ha frenado los flujos de los solicitantes de asilo a territorio español. Al contrario. Los afganos, protagonistas también de una gran operación de acogida el verano pasado, siguen llegando, así como miles de personas provenientes, sobre todo, de Venezuela y Colombia. También de Malí o Sudán.

Desde el 28 de febrero, más de 12.000 personas han registrado una solicitud de protección internacional en España, según datos provisionales de la agencia europea para el asilo (EUAA), a los que ha tenido acceso El PAÍS. España, después de Alemania, es el segundo país de la UE con más peticiones en este periodo de guerra en el que todos los sistemas de acogida europeos se están poniendo al límite. Es también el segundo país con más peticiones acumuladas en lo que va de año (28.988), un aumento del 122% respecto a 2021.

El despliegue de recursos para acoger a los ucranios ha sido extraordinario y según las últimas cifras oficiales se han habilitado más de 20.000 camas. La acogida y el papeleo funcionan sin problemas relevantes y los socios europeos se han interesado por la gestión española de esta crisis, que enorgullece al Ejecutivo. Pero el sistema de asilo sigue presentando dificultades para el resto.

A la entrevista con Noori, se unen otros cinco afganos, huidos de los talibanes y de una de las peores crisis humanitarias del mundo, que residen en el mismo hostal. Tres de ellos aparecen en chanclas. “Hemos pedido zapatos y ropa para el frío, pero nos dicen que no tienen”, cuenta Fatima, nombre ficticio de una mujer de 49 años. La comida concentra varias de sus quejas, sobre todo ahora que mantienen el ayuno por el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. “La alimentación no está pensada para los que hacemos el Ramadán y somos más de un centenar de musulmanes aquí. La comida que nos dan no es suficiente para romper el ayuno de todo el día”, lamenta Sayed, que era juez en su país y que, después de dos meses en el hotel, está ansioso por reconducir su carrera en España. Sin dinero de bolsillo, tampoco pueden comprar su propia comida.

Al grupo le inquieta la homologación de sus estudios y sus futuros planes profesionales porque desconocen qué deben hacer. También la asistencia médica, ya que ellos o sus familiares arrastran enfermedades como asma y diabetes. Querrían que los trabajadores sociales les ayudasen y acompañasen más para avanzar en los diagnósticos. “Hemos tenido que ir tres veces al hospital en este tiempo y en las tres me han recetado ibuprofeno”, se queja Noori. Todos transmiten la “vergüenza” que sienten de pedir cosas que consideran básicas.

En otro albergue de Madrid, Samira, nombre ficticio de una afgana que llegó a mediados de marzo con su hermana, su madre y su hermano, lamenta que les obliguen a compartir habitación y baño con una familia de colombianos, tres varones y dos mujeres. Más allá de los problemas de convivencia entre dos familias que no se entienden, las tres afganas están incómodas por la presencia de tantos hombres. “Nos da miedo ducharnos”, cuenta Samira.

Las quejas de los afganos no son raras. Es común, además, que perfiles de refugiados con un estatus social más alto o con perfiles profesionales más cualificados vean como sus expectativas se dan de bruces con la realidad de un sistema limitado. Una encuesta elaborada por un grupo de voluntarios que apoya a los afganos que trabajaron en la AECID da pistas de los principales obstáculos para este colectivo. El sondeo, realizado entre 226 afganos colaboradores de los españoles en distintos ámbitos, refleja una buena percepción general del proceso de integración y acogida, pero las peores notas se concentran, precisamente, en el alojamiento, la comida y la formación para el empleo. Las reclamaciones por la comida en centros donde los refugiados no pueden cocinar son generalizadas, según este documento.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competente en la acogida de solicitantes de asilo, advierte de que algunos casos concretos no reflejan la realidad del sistema de acogida. Una portavoz afirma que el ministerio mantiene contacto continuo con las ONG en las que se delega la atención para dar respuesta a las necesidades de los refugiados. Cruz Roja asegura que ofrece “la mejor atención posible” con los recursos disponibles y señala la complejidad de adaptar un sistema finito a una demanda cada vez más creciente y a perfiles de solicitantes muy distintos a los que España recibía tradicionalmente.

Blanca Garcés, investigadora del laboratorio de ideas CIDOB, recuerda que el sistema de acogida se basa en el principio de autonomía, es decir, que los solicitantes de asilo puedan hacer su vida cuanto antes. “Una de las claves es que a más distancia cultural y menos red de contactos, más dificultades tienen para rehacer sus vidas y, cuando las dificultades son mayores, el sistema de acogida se hace claramente deficiente”, explica Garcés. “Las necesidades de acompañamiento son muy distintas en función de la proximidad cultural y lingüística de los solicitantes de asilo. No es lo mismo una familia venezolana que una afgana”, añade.

Una cita que tarda un año y tres meses

Más allá de la acogida, las numerosas quejas enviadas al Defensor del Pueblo apuntan a las dificultades de acceso al procedimiento de asilo y las demoras en la obtención de cita previa para realizar trámites, una responsabilidad del Ministerio del Interior.

En Granada, Feraidoon Zamani, otro colaborador afgano de la AECID, pide ayuda. El pasado 17 de marzo fue a comisaría a solicitar una cita para oficializar su demanda de asilo, la de su mujer y sus dos hijos, y no podrá hacerlo hasta finales de junio del año que viene. Un año y tres meses de espera. Un compatriota suyo, su mujer y sus cuatro hijos están en la misma situación. La entrevista es fundamental para admitir o no a trámite su petición y poder trabajar legalmente. También es la llave para acceder a fases de acogida de más autonomía, con ayudas al alquiler, por ejemplo, y salir así de recursos menos preparados para su inclusión social. Es, en definitiva, el trámite indispensable para reiniciar su vida.

Interior no ha explicado a qué se debe el retraso exagerado en la cita de Zamani. Aunque este es el caso más grave, los plazos están desfasados en varias regiones. Según el recuento de diversos letrados dedicados a la asistencia jurídica de solicitantes de asilo, formalizar la entrevista puede costar ocho meses en Tarragona, seis meses en Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz o Valencia, más de cuatro meses en Navarra y Málaga o tres meses en Madrid y Guipúzcoa. Además de los plazos, los abogados destacan la gran dificultad para conseguir las citas, una misión casi imposible en varias provincias. “Vamos a estar al menos un año y tres meses para obtener los derechos que otros compatriotas [llegados en agosto] obtuvieron en seis meses”, se queja Zamani. “Es mucho tiempo sin poder trabajar y tener los mismos derechos que cualquier ciudadano”.