El Defensor del Pueblo urge a la Policía a resolver el tapón en las citas para solicitantes de asilo

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado una recomendación al Ministerio del Interior para que resuelva de forma urgente el problema que sufren cientos de ciudadanos extranjeros que no pueden solicitar asilo porque no hay citas previas disponibles para hacerlo. La recomendación se extiende al resto de trámites de extranjería que se ven también bloqueados ante la dificultad de solicitar citas en la web.

El defensor asegura que recibe “quejas constantes sobre los problemas para obtener una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional y para realizar entrevistas de asilo en condiciones adecuadas”. Cientos de solicitantes, con el día marcado para formalizar su petición en comisaría, se han quedado en un limbo tras suspenderse la atención durante el estado de alarma y no conseguir, tras la reanudación de la actividad, una nueva cita que les permita poner en orden sus documentos y acceder así al sistema de acogida o poder trabajar.

El problema de las citas lo sufren además miles de extranjeros que tampoco consiguen un turno para poner sus huellas ante la Policía o recoger sus documentos, una situación que alimenta un mercado clandestino de venta de turnos por parte de intermediarios.

En opinión del Defensor del Pueblo, “las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta ahora para paliar esta situación siguen siendo insuficientes para dar respuesta a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que también se realizan en dependencias policiales”, afirma la institución en un comunicado. Las quejas por las “demoras excesivas” no son una novedad, advierte, una vez que el defensor “lleva tiempo advirtiendo sobre los problemas y dificultades a los que se enfrentan los ciudadanos extranjeros por este motivo”.

El aumento de solicitantes de asilo (en 2019 se registraron 118.264 peticiones, más del doble que en 2018) y la falta de medios de la Oficina de Asilo y Refugio llevó al Ministerio del Interior a delegar en la Policía parte de los trámites. Los agentes son hoy responsables de realizar las entrevistas con las que se inician una instrucción para valorar si el interesado cumple o no los requisitos para obtener protección. Esta entrevista es fundamental pues en muchas ocasiones es el único elemento en el que se basa posteriormente un funcionario, que nunca ha visto al solicitante, para estudiar cada caso.

La Oficina de Asilo Europea (EASO) aconseja que las entrevistas las realice personal no uniformado y con preparación específica, pero España aún no tiene personal especializado que se encargue de esta fase del proceso. La EASO también elaboró instrucciones durante la fase más aguda de la pandemia para poder realizar las entrevistas de forma telemática y no parar los procedimientos, pero España tampoco las adoptó. “El papel de la Policía Nacional ha resultado imprescindible para abordar el fuerte incremento de solicitudes en un plazo muy corto de tiempo, pero esa colaboración que se planteó como algo puntual se está prolongando en el tiempo, provocando importantes disfunciones en el sistema”, advierte el defensor.

Muerte del temporero en Murcia

El Defensor del Pueblo también está investigando las circunstancias por las que Eleazar Blandón, el temporero nicaragüense que murió en Murcia de un golpe de calor tras una jornada extenuante, no pudo completar su proceso para pedir asilo. Según la hermana del fallecido, Ana Patricia Blandón, su hermano había pedido una cita para formalizar la petición de asilo en Bilbao, pero se la adjudicaron meses después. En ese tiempo llegó la pandemia, se suspendieron los trámites y él se mudó, primero, a Almería y, luego, a Murcia. Cuando dejó de estar en vigor el estado de alarma, Blandón quiso reanudar su solicitud, pero al estar en otra provincia se lo impidieron. Una petición de asilo formal permite a los solicitantes tener un permiso de residencia temporal, acceder al sistema de acogida y obtener una autorización para trabajar a los seis meses. El temporero, a pesar de llevar casi 10 meses en España, estaba en un limbo legal: no podía ser expulsado, pero no podía trabajar.

Marugán se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para pedir información sobre las diligencias de investigación iniciadas tras el fallecimiento de Blandón. “Las largas demoras desde que se manifiesta la voluntad de solicitarlo hasta que finalmente se les cita para la entrevista motiva que los extranjeros cambien con frecuencia de provincia, buscando subsistir”, advierte el Defensor. “Las quejas que se reciben muestran que son numerosos los casos en los que, en la nueva provincia de residencia, no se respeta la lista de espera por lo que han de comenzar de nuevo toda la tramitación”.