Temporeros en Murcia: Los otros Eleazar

Compatriotas del temporero nicaragüense fallecido en Lorca por un golpe de calor denuncian condiciones laborales de explotación

Un grupo de nicaragüenses que trabajan en explotaciones agrícolas de Murcia cuentan su experiencia tras la muerte de su compatriota Eleazar Blandón.
Un grupo de nicaragüenses que trabajan en explotaciones agrícolas de Murcia cuentan su experiencia tras la muerte de su compatriota Eleazar Blandón.ALFONSO DURAN

No tienen papeles y aceptan cualquier oferta. Cobran menos de lo establecido y trabajan a destajo sin tiempo —ni baño— para orinar. Les falta agua fresca y sombra, pero no se quejan. Se muerden la lengua porque no pueden permitirse perder su empleo. “Esto le ocurrió a él, pero podría habernos pasado a muchos de nosotros”, afirma un grupo de cinco nicaragüenses reunidos en Lorca, la localidad murciana donde su compatriota Eleazar Blandón, de 42 años, murió de un golpe de calor la pasada semana tras una jornada extenuante en el campo. Aceptan, no sin recelos, contar su experiencia en España, siempre que no se les identifique.

Valeria, de 31 años, dejó su trabajo como interna —donde sus libranzas comenzaban a las once de la noche del sábado y terminaban a las nueve de la mañana del domingo— y se instaló en Lorca. Le dijeron que aquí había trabajo para las mujeres. Su día comienza a las cuatro de la mañana. Llega al campo a las siete, sale a las seis de la tarde, se ducha, prepara la comida del día siguiente y a la cama otra vez, exhausta. Gana 4,5 euros la hora, descontado el transporte hasta la plantación y los descansos. Se siente explotada, pero es lo único que tiene y su jefe se lo recuerda ante cualquier queja. “Mejor esto que nada”, le dice.

“Un día sentí mucho cansancio, me dolía el pecho y tenía mucha sed. Nadie me auxilió y yo no pedí ayuda. Esperé a que me pasara porque lo primero que hubiesen hecho sería mandarme a la furgoneta a esperar, que es lo que hacen siempre”, cuenta. Ella lleva su propia agua congelada, pero la botella se queda en la furgoneta mientras la cuadrilla avanza por el cultivo. “No podemos cargarla. Usamos un bidón que llevan en el tractor, pero es agua cocida. Apenas me mojo los labios porque no se puede beber de lo caliente que está”, describe.

En el campo, el ritmo les atropella. El propio Blandón había contado a su hermana que en sus trabajos le habían llamado “burro” por no ser lo suficientemente rápido. “Si tomas agua muy seguido te llaman la atención. Un día estaba deshierbando y el sol estaba muy fuerte. Teníamos el agua retirada a la sombra, entonces yo trabajaba un rato e iba y venía. Cuando bebí tres veces el jefe me preguntó que por qué bebía tanto, que me estaba pagando por horas”, recuerda Carlos, otro nicaragüense de 32 años. “No le dije nada porque si levantas la voz te echan, pero cuando oyes eso tienes ganas de muchas cosas”.

Moviéndose de un lado a otro de la cocina donde se encuentran, Luis Fernando, de 31 años, brama contra tres de los cuatro jefes que ha tenido desde que se mudó a Lorca en mayo. “Me estafaron”, exclama. Nunca le pagaron lo acordado, asegura. “Empecé cortando brócoli a destajo, nos pagaban a seis euros el palé. Trabajaba 10 horas al día con sol o con lluvia y entrenado para no orinar porque no podíamos perder tiempo. ¿Sombra? ¿Qué sombra?”, ironiza. “Nosotros apuntábamos todo en una libreta, pero nunca salía la misma cuenta que tenía el capataz”, recuerda. “Trabajé dos meses en eso. El primer mes eran 600 euros y me pagó 400. Y el segundo, yo había apuntado 1.200 y me dio 600 euros”. A otro de sus jefes, cuenta, acabó llevándolo a la comisaría para poder cobrar. “Por no tener un documento, se aprovechan de nosotros. No tienen compasión, sabiendo que ellos mismos empezaron de cero”.

Uno de los temporeros muestra su colgante de Nicaragua que lleva al cuello.
Uno de los temporeros muestra su colgante de Nicaragua que lleva al cuello.ALFONSO DURAN
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Ninguno de los cinco ha sabido nunca para quién trabajaba, como tampoco lo supo Eleazar Blandón, a quien empleó una empresa prestadora de servicios agrícolas, cuyo titular, Pedro P., un ecuatoriano de 50 años, fue puesto en libertad con cargos por un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

En Murcia, las empresas de prestación de servicio y, sobre todo, las de trabajo temporal tiene un peso importante en la contratación —legal e ilegal— en los campos murcianos y de ellas acaban dependiendo las condiciones laborales de los temporeros. “Llevamos años denunciando que las ETT se han utilizado de forma masiva en el sector agrícola. Hay un aprovechamiento excesivo. Y, cuando es excesivo, con toda seguridad es en fraude de ley”, mantiene el secretario general de CC OO en la región, Santiago Navarro. Murcia, a pesar de su tamaño, es la comunidad autónoma que más contratos con ETT ha registrado en lo que va de año (casi 233.000), por delante de Cataluña o Andalucía, según datos del Ministerio de Trabajo. “Casi el 90% de los contratos con ETT son en el sector agrario”, señalan fuentes de la Inspección de Trabajo.

Solicitantes de asilo

La mayoría de los integrantes del grupo intentó formalizar su petición de asilo —Nicaragua es la quinta nacionalidad más numerosa de solicitantes en España—, pero ninguno lo consiguió. Valeria perdió su cita por la pandemia y no ha logrado conseguir otra por la saturación del sistema. Aunque es gratis, un abogado le pide 80 euros por concertarla y ella, que apenas tiene dinero para la comida, no puede pagar. Luis Fernando también perdió su cita durante el estado de alarma y, cuando logró que le atendiesen de nuevo en una comisaría de Murcia, le mandaron de vuelta a casa porque su expediente está en Málaga. “Yo no tengo medios para volver a Málaga ahora. No entiendo por qué no puedo tramitarlo aquí”, se queja. Santiago, de 22 años, desistió en la comisaría. “Yo fui a pedir asilo en Sevilla al día siguiente de llegar, en agosto del año pasado, pero el policía me trató mal. Nos preguntó que si pagábamos aviones directos, que veníamos mucho. Me pareció racista, me habló feo y no volví”.

Atraídos por una vida mejor, un país más seguro y acogedor, todos anhelan poder volver a Nicaragua. “Hambre no pasamos porque aunque sea comemos arroz. Pero en vez de mejorar mi vida, me tocó vender un anillo de oro de mi padre para pagar el alquiler y comprar comida”, recuerda Santiago, que ya tiene su billete de vuelta. Nadie les contó esto. Ni ellos tampoco lo harán. “A mi familia”, confiesa Valeria, “le digo siempre que todo está bien”.

Más de 1.600 investigaciones abiertas en el campo

Las asociaciones de agricultores mantienen que la inmensa mayoría de los empresarios cumplen con sus obligaciones y que casos como el de la muerte de Eleazar Blandón no representan las prácticas habituales del sector. Acabar con las condiciones en las que trabajaba el nicaragüense —sin contrato, a 44 grados, sin sombra ni agua fresca— son, sin embargo, una prioridad para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que ha recibido feroces críticas de los agricultores desde que anunció su intención de identificar casos de esclavitud en los campos españoles. Díaz aseguró que era la misma instrucción de actuación de sus dos predecesoras, Magdalena Valerio (PSOE) y Fátima Báñez (PP), pero la patronal agraria pidió su dimisión.

La pandemia reveló la importancia de los trabajadores del campo, pero también su vulnerabilidad. Las limitaciones de movilidad y las dificultades en la contratación eran el caldo de cultivo perfecto para que floreciese la actividad de intermediarios dedicados al tráfico de mano de obra en condiciones de explotación. Algunos casos recientes lo corroboran. A finales de mayo, la Policía Nacional desarticuló en Torre Pacheco (Murcia) una red dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular a los que pagaba entre 150 y 200 euros al mes. Otra operación de la Guardia Civil en Granada se saldó a finales de junio con la detención 14 empresarios agrícolas que empleaban inmigrantes sin contrato para jornadas de 10 horas, siete días a la semana y por un salario que no iba más allá de los seis euros la hora.

Desde el inicio de la campaña de inspección, en mayo, se han abierto 1.640 expedientes (400 en Murcia), según datos de Trabajo. Se investigan incumplimientos en la contratación y altas en la Seguridad Social, en las condiciones laborales y en las medidas de prevención frente al virus. Es un número algo superior al mismo periodo de 2019, cuando hubo 1.500 actuaciones.

El caso de Blandón vuelve a poner el foco en la fragilidad de los jornaleros, especialmente de aquellos que por su situación irregular tienen menos herramientas para protegerse. Un informe de Cáritas de 2018 que estudió las condiciones laborales de las empleadas del hogar, los trabajadores del sector hostelero y del campo reveló cómo los temporeros sufren los mayores abusos. Según ese documento, el sector agrícola mantiene el mayor número de trabajadores en situación irregular (26,5%) y es el sector en el que un 22% de los trabajadores entrevistados denunciaron haber recibido un trato humillante.


Sobre la firma

María Martín

Periodista especializada en la cobertura del fenómeno migratorio en España. Empezó su carrera en EL PAÍS como reportera de información local, pasó por El Mundo y se marchó a Brasil. Allí trabajó en la Folha de S. Paulo, fue parte del equipo fundador de la edición en portugués de EL PAÍS y fue corresponsal desde Río de Janeiro.

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