El duro escrito de Anticorrupción: “No se alcanza a vislumbrar la competencia de la Fiscalía europea”

Un intercambio de escritos entre la Fiscalía europea y Anticorrupción desembocó en 15 días en el primer conflicto de competencias entre el ministerio público español y el europeo. Dos decretos y un oficio remitidos por los fiscales europeos reclamando toda la documentación del caso al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las respuestas enviadas por este dan cuenta de una pugna por liderar la investigación del contrato de mascarillas del que cobró Tomás Díaz Ayuso —hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, que fue subiendo de tono hasta derivar en los durísimos comunicados difundidos por la Fiscalía europea contra la decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, de dividir en dos el caso.

Las conversaciones se iniciaron el 1 de marzo, cuando la Fiscalía europea remitió a Luzón un escrito en el que le informa de que ha abierto una investigación tras recibir un informe del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude sobre “presuntos delitos” relacionados con la compra a Priviet Sportive por parte de la Comunidad de Madrid de 250.000 mascarillas pagadas con fondos Feder. “El perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 “, señalan los fiscales, como paso previo a reclamarle a Luzón una copia del procedimiento abierto en Anticorrupción y “cuanta documentación adjunta contenga”.

Luzón contesta ocho días más tarde, pero su escrito, de solo un párrafo, no responde a la solicitud que le habían hecho los fiscales europeos, sino que formula su propia petición “con carácter previo” a informar al órgano comunitario: les pide el informe de Antifraude y el resto de documentación en la que la Fiscalía europea basa sus sospechas. La respuesta de los fiscales de la UE tarda solo un día y ya da muestras de que lo que empezó como un supuesto intento de cooperación entre fiscalías está mutando en un conflicto difícil de reconducir. En su escrito, los fiscales comunitarios se explayan desgranando toda la normativa que, en su opinión, les atribuye a ellos la competencia exclusiva para investigar y advierten a Luzón de que el reglamento del órgano europeo señala que las autoridades nacionales (en este caso la Fiscalía española) deben informar a la europea “sin dilación indebida” cuando abran una investigación relacionada con fondos comunitarios. “Las autoridades de los Estados miembros deben abstenerse de actuar, a menos que sean necesarias medidas urgentes, hasta que la Fiscalía europea haya decidido si procede asumir una investigación”, añade el escrito, que da 24 horas a Anticorrupción para que le envíe la información que le habían requerido el primer día.

Luzón cumple el plazo, pero en la comunicación enviada como respuesta rechaza de nuevo ceder a los fiscales europeos la competencia para investigar el contrato de la Comunidad de Madrid, como aquellos reclamaban. “No se alcanza siquiera a vislumbrar la pretendida competencia de la Fiscalía europea”, sostiene Luzón, para quien acceder a la petición del órgano comunitario “convertiría a la Fiscalía Anticorrupción en automática y acrítica expendedora de expedientes”. El jefe de Anticorrupción asegura que, lo investigado hasta ahora, “apunta con claridad a que no ha existido desviación de subvención alguna ni apropiación de caudales públicos ni, en consecuencia, daño a los intereses financieros de la Unión Europea”. Y sin indicios de delito, afirma Luzón, la apertura de una investigación y la práctica de cualquier diligencia sobre el presunto desvío de fondos en la compra de mascarillas “tendría una naturaleza claramente prospectiva”.

Tras esta respuesta de Luzón, los fiscales europeos dan por finalizadas las conversaciones con el jefe de Anticorrupción y el 16 de marzo dictan un decreto en el que ejercitan el derecho de avocación de competencias. Frente a la ausencia de indicios que apreciaba Luzón, los fiscales de la UE señalan “irregularidades” derivadas del “posible suministro de mascarillas de inferior calidad y consecuentemente, precio a las acordadas”, posible pago por parte de la Comunidad de Madrid del transporte de las mascarillas, y “posible intervención irregular del hermano de la presidenta”.