El ascenso de Dolores Delgado: un blindaje de la fiscal general con precedentes pero sin rango de ley

El intento del PSOE de blindar el futuro profesional de los fiscales generales del Estado, empezando por la actual, Dolores Delgado, ha reabierto un debate que ya se había planteado en los últimos años, pero nunca había desembocado en nada. La Fiscalía ha optado por mantenerse al margen de la polémica, aunque fuentes próximas a este organismo sostienen que la medida propuesta por los socialistas refuerza la garantía de independencia porque aleja el temor a represalias futuras que perjudiquen la carrera de quien ocupe el cargo de fiscal general. Estas fuentes defienden también que el ascenso a fiscal de sala de los fiscales de menor categoría que han ocupado el puesto de fiscal general es una “práctica consolidada” que la enmienda del PSOE sólo elevaría a rango de ley.

Este argumento se apoya en los dos precedentes de fiscales que, como Delgado, saltaron a la Fiscalía General desde un puesto de segunda categoría y fueron ascendidos a fiscal de sala (la máxima categoría) a los pocos meses de dejar el cargo. Ocurrió en 1997 con Juan Ortiz Úrculo, que apenas un año antes había sido el primer fiscal general nombrado por José María Aznar. Tras ser cesado volvió a su plaza de fiscal ante el Tribunal Constitucional, pero cinco meses después fue ascendido a fiscal de sala a propuesta de su sustituto en la Fiscalía General, Jesús Cardenal. Este había llegado también al cargo desde un puesto de segunda categoría (fiscal jefe del País Vasco), pero tras su cese se jubiló como fiscal y pasó a ejercer la abogacía.

La historia se repitió en 2020 con María José Segarra, fiscal general del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando fue sustituida tuvo que regresar a su plaza de la Fiscalía de Sevilla, pero su sucesora la ascendió meses después a fiscal de sala con el apoyo de todos los vocales electos del Consejo Fiscal, incluidos los de la conservadora Asociación de Fiscales.

De los 16 fiscales generales que ha habido desde 1978, solo Ortiz Úrculo, Cardenal, Segarra y Delgado eran fiscales de segunda categoría cuando fueron nombrados para ese cargo. Para ser fiscal general, la ley no exige ser fiscal de carrera, sino ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Ha habido tres abogados (Juan Manuel Fanjul, José María Gil-Albert y Leopoldo Torres), un juez (Eligio Hernández) y un fiscal (Javier Moscoso) con larga trayectoria política; cinco magistrados del Supremo (Luis Antonio Burón, Carlos Granado, Cándido Conde-Pumpido, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar); y dos que cuando fueron nombrados ya eran fiscales de sala (Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal).

El caso de Moscoso, fiscal general entre 1986 y 1990, sí ilustra de alguna manera los problemas a los que alude la Fiscalía y el Gobierno para justificar la medida propuesta por el PSOE. Moscoso era fiscal de carrera, pero ocupó cargos políticos, primero con UCD y luego, con el PSOE, donde se convirtió en el primer ministro de la Presidencia de Felipe González. Después fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y cuando al acabar el mandato intentó regresar a la Fiscalía del Supremo, donde había obtenido su última plaza, el PP le vetó en tres ocasiones a pesar de haber sido propuesto por el entonces fiscal general, Jesús Cardenal, con el apoyo del Consejo Fiscal.

Desde que se conoció la propuesta del PSOE, el Gobierno ha insistido en que la medida responde a las recomendaciones planteadas en los informes del el grupo contra la corrupción del Consejo de Europa (Greco). Estos informes (el último se publicó esta semana) no hacen ninguna recomendación explícita sobre un posible blindaje del futuro profesional de la persona que ocupe la Fiscalía General, pero tanto el Gobierno como el Ministerio Público sostienen que una medida como la planteada en la enmienda socialista sí va en la línea de implantar “garantías adicionales” en la Fiscalía española para protegerla de “interferencias indebidas”, como pide el Greco.ç

“Greco alienta a las autoridades a que piensen en profundidad a este respecto, entre tras cosas, teniendo presentes las consideraciones ya señaladas […] en relación a la cuestión de las puertas giratorias”, señala el informe que esgrime el Ejecutivo, que defiende que garantizar un puesto de primera categoría al fiscal general disiparía el riesgo de que quien ocupe este cargo pueda sucumbir a “presiones” dentro de la propia carrera fiscal o con el Gobierno.

Dentro de la carrera fiscal, la iniciativa socialista ha generado opiniones contrapuestas. Vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UF) defienden la iniciativa, aunque no comparten que se haya impulsado vía enmienda en otra ley y sin darle publicidad. La Asociación de Fiscales, por su parte, cargó este jueves contra la propuesta, que consideran una “inmisión directa del Gobierno en la conformación de la primera categoría de la carrera fiscal”. También se pronunció sobre el tema la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien aseguró que hay temas “más urgentes” que se deberían abordar antes de plantear el ascenso de la fiscal general.