Dolores Delgado renueva la cúpula fiscal entre reproches de sus críticos

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, afronta esta semana la renovación de 29 altos cargos del Ministerio Público, entre los que se encuentran plazas clave como las jefaturas de la Audiencia Nacional y la de Antidroga y seis fiscalías de sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría de la institución. Estas designaciones llegan en plena bronca entre Delgado y el ala más conservadora de la carrera, que ha llevado al Supremo la política de nombramientos de la fiscal general por su supuesta “querencia” hacia los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ella pertenecía hasta que en junio de 2019 dio el salto a la política como ministra de Justicia del primer Gobierno de Pedro Sánchez. La decisión de dejar fuera del caso Villarejo a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que lideró la investigación contra el comisario jubilado, colea también en la guerra interna de la Fiscalía casi un año y medio después y aumenta el foco sobre los nombramientos que propondrá la fiscal general en los próximos días.

La decisión de quién ocupa los principales puestos de la Fiscalía es discrecional de la máxima responsable del ministerio público, que envía su propuesta al Gobierno tras escuchar la opinión del Consejo Fiscal. De este órgano asesor forman parte nueve fiscales elegidos por votación directa de los miembros de la carrera, de los que cinco pertenecen a la Asociación de Fiscales —AF, la mayoritaria y de tendencia conservadora— y cuatro a la progresista UPF. Aunque tradicionalmente en el Consejo Fiscal se ha escenificado la división entre ambos sectores, fuentes fiscales admiten que hace años que la carrera no vivía una confrontación interna tan visible como la actual.

En el centro de la batalla está la política de nombramientos de la fiscal general, a la que los vocales de la AF acusan de favorecer de forma “arbitraria” a muchos de quienes fueron sus compañeros en la UPF. Según los datos facilitados por la Fiscalía General y recopilados por EL PAÍS, desde que llegó al cargo, en febrero de 2020, Delgado ha enviado al Gobierno 87 propuestas de nombramientos que se reparten casi por igual entre no adscritos (33, el 37,93%) y candidatos pertenecientes a la AF y a la UPF (27 de cada uno, 31,03% del total).

En la mayoría de los casos (83 nombramientos, el 93,1%), la propuesta de Delgado ha coincidido con la opción que más apoyos recabó en el Consejo Fiscal, donde además de los nueve vocales electos, opinan el jefe de la Inspección y el teniente fiscal del Supremo. En 32 ocasiones, los nombramientos tuvieron un apoyo unánime, mientras que en cinco se registró un empate y solo en uno Delgado optó por proponer a una fiscal que había recibido menos apoyos que otros candidatos, aunque la Fiscalía explica que se trataba de una fiscal no perteneciente a ninguna asociación.

Frente a estos datos, las voces más críticas con Delgado dentro de la carrera censuran que, aunque en líneas generales el reparto es equitativo, resulta “desproporcionado” a favor de los fiscales asociados a UPF, si se compara con su peso en la carrera. De los casi 2.600 fiscales que hay en España, 590 pertenecen a la AF, alrededor de 250 a la UPF y 40 a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). El resto, no están asociados.

Además, los detractores de Delgado sostienen que los miembros de la que fuera su asociación copan los nombramientos más relevantes, como nueve de las 16 Fiscalías de Sala asignadas bajo el mandato de Delgado. En el Consejo Fiscal convocado para este miércoles y jueves están en liza otras seis (Sala Social, Cooperación Internacional, Delitos Informáticos, Medio Ambiente, Seguridad Vial y Extranjería).

En juego está también la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el tribunal en el que trabajó Delgado antes de ser ministra y donde se investigan los delitos de terrorismo y los principales casos de corrupción. Su actual jefe, Jesús Alonso, de la AF, aspira a repetir en el cargo que ocupa desde 2017, pero junto a él concurren otros tres candidatos, entre ellos Vicente González Mota, miembro de la UPF y que colaboró codo a codo con la actual fiscal general coordinando investigaciones antiterroristas. Aspiran también a este puesto otros dos fiscales de la Audiencia, José Perals —investigador, entre otros, del caso Neymar o de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016— y Joaquín González-Herrero —que ha trabajado en la Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude en Bruselas y estuvo destinado en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)—.

Del próximo Consejo Fiscal saldrá también la jefatura de la Fiscalía Antidroga, donde José Ramón Noreña aspira a repetir mandato. Compiten con él otros cinco fiscales, todos ellos por debajo de Noreña en el escalafón aunque algunos con importantes responsabilidades en la actualidad, como Rosa Morán, fiscal de Sala de Cooperación Internacional.

Las plazas con más aspirantes son las dos vacantes en la Fiscalías del Supremo, a las que se han presentado 24 candidatos. También están pendientes de nombrar las jefaturas de cuatro tribunales superiores autonómicos (País Vasco, Murcia, La Rioja y Andalucía) y las jefaturas de nueve provincias (Murcia, Zaragoza, Girona, Lleida, Almería, Cádiz, Salamanca, Tarragona y Álava).