Grupos franquistas obstaculizan las exhumaciones en el Valle de los Caídos

Este miércoles se cumplen seis años de la sentencia firme que autorizó la exhumación de los restos de los hermanos Lapeña en el Valle de los Caídos y aún no se ha ejecutado. El Ministerio de la Presidencia, del que depende la secretaría de Estado de Memoria Democrática, y Patrimonio Nacional tienen todo listo para intervenir en el mausoleo desde el pasado septiembre, pero una cascada de recursos presentados por particulares y asociaciones profranquistas y antimemorialistas han paralizado los trabajos. “En estos años”, lamenta Purificación Lapeña, “han fallecido muchos hijos que no podrán ver cumplidos sus sueños, uno de ellos, Manuel Lapeña, quien, a sus 97 años, no pudo esperar más y murió el pasado 12 de septiembre”. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, afirma a EL PAÍS: “Entendemos la desesperación de las familias. Estamos tan desesperados como ellos. Todo está listo desde septiembre, pero los mismos que trataron de impedir la exhumación de Franco tratan ahora de obstaculizar las exhumaciones que solicitan 104 familiares. Esperemos que la justicia resuelva pronto este asunto porque el supuesto impedimento no es tal. Otras veces se ha intervenido en el lugar ante inundaciones en las criptas y no pasó nada”, añade.

La estrategia para paralizar las exhumaciones es la misma que se empleó para tratar de impedir el traslado de los restos de Franco y ha sido diseñada por el mismo abogado, Francisco Javier Zaragoza, que logró suspender cautelarmente las actuaciones para exhumar al dictador al atender el juez José Yusty su recurso suspendiendo la licencia urbanística necesaria —el Supremo aprobó finalmente el procedimiento—. El abogado es hijo de Pedro Zaragoza Orts, falangista, alcalde de Benidorm entre 1950 y 1967 y miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco hasta que falleció en 2009, a los 85 años. El juez Yusty, hijo y nieto de almirantes franquistas, se hizo famoso en la carrera judicial por airear sus ataques a la memoria histórica, que según él, “representa el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil”. Ahora, la más activa contra las actuaciones en el Valle de los Caídos para recuperar los restos de Lapeña y otras víctimas es la llamada Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica.

El abogado Zaragoza recibió los aplausos de la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica en un evento convocado el pasado 16 de marzo en Madrid para darse a conocer. El “moderador” del acto, Javier García Isac, dijo: “Los que perdieron la Guerra Civil nos están diciendo cómo fue. Hubo gente buena en ambos bandos, pero solo uno tenía razón: el que ganó”. El vicepresidente de la asociación, Guillermo Rocafort, explicó que tras “40 años de humillaciones” había llegado “el momento de pasar a la ofensiva” y expuso la estrategia jurídica contra lo que llama “profanaciones” en el Valle de los Caídos, pese a que son las familias las que piden esas exhumaciones.

En el acto celebraron la aparición de “fuerzas políticas nuevas”, en alusión a Vox, que apoyan sus planteamientos. “Hay que ser absolutamente radicales”, añadió el vicepresidente de la autodenominada “asociación por la reconciliación”. “No puede haber tolerancia con estos grupos memorialistas que vienen a sacarnos el dinero. No vamos a pasar ni una”, zanjó Rocafort.

Los recursos contra las exhumaciones reclamadas por familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos se presentaron el pasado septiembre en dos juzgados de Madrid. De los 16 iniciales, se rechazaron cuatro. En noviembre, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 10 de Madrid adoptó la medida cautelar de suspender el acuerdo por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística necesaria para intervenir en las criptas del mausoleo. La Abogacía del Estado, como recuerda Fernando Martínez, “recurrió inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, explicitando el carácter urgente de las actuaciones debido a la avanzada edad de los familiares de las víctimas”. También se solicitó la acumulación de los recursos para lograr una resolución homogénea, lo que se formalizó el pasado febrero en el juzgado 10. “No podemos hacer nada más que esperar a que se resuelvan los recursos. Estamos deseando intervenir. Esto es algo totalmente humanitario”.

Mientras, parecen estancadas las negociaciones para la aprobación de la nueva ley de memoria, donde se establece que el Valle de los Caídos tendrá un nuevo marco jurídico y será “resignificado” de forma que el visitante pueda conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. El proyecto se presentó en julio del año pasado. Los grupos parlamentarios presentaron unas 500 enmiendas, pero el Gobierno ha tropezado con la oposición de ERC, que ya votó en contra de la ley de memoria histórica, aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El texto incorpora varias de las reclamaciones hechas entonces por el grupo independentista, pero el socio de investidura de Pedro Sánchez exige que se derogue la ley de amnistía. Más de 100 entidades memorialistas reclaman en un manifiesto que agilicen ese debate para implantar “una política de reparación plena de todas las víctimas del franquismo”.

Este jueves historiadores, profesores de Universidades e institutos y representantes de asociaciones memorialistas y sindicales entregarán en el Ministerio de Educación más de 34.000 firmas recogidas a través de una campaña en Change.org pidiendo que se cumplan los artículos 43 y 44 del proyecto de Ley de Memoria Democrática para articular medidas curriculares, organizativas y formativas que garanticen “una verdadera inclusión de la memoria histórica democrática en el currículo escolar”. Entre los firmantes figuran el hispanista Paul Preston, autor de El holocausto español, el catedrático de historia contemporánea Julián Casanova y el historiador Ángel Viñas. De momento, este miércoles se ha publicado en el BOE el Real Decreto de “enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria”. Establece que el alumnado “podrá conocer cómo la Constitución de 1978 es fruto de la Transición democrática y de un proceso histórico que comienza con la Constitución de Cádiz y continúa con la lucha por la recuperación de las libertades tras el golpe de Estado de 1936″, así como “las experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y el reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia”.