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El fin de la crisis con Marruecos allana la expulsión de un preso del 11-M

La policía ultima la deportación de Rachid Aglif, alias ‘El Conejo’, condenado a 18 años de cárcel por los atentados de 2004 en Madrid y que cumplirá su pena este viernes

Óscar López-Fonseca
Rachid Aglif, alias 'El Conejo', durante su declaración en el juicio por los atentados del 11-M, celebrado en 2007 en Madrid.
Rachid Aglif, alias 'El Conejo', durante su declaración en el juicio por los atentados del 11-M, celebrado en 2007 en Madrid.EFE

La Policía Nacional ultima la expulsión a Marruecos por motivos de “seguridad nacional” de Rachid Aglif, alias El Conejo, uno de los seis condenados por los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid que aún permanece en prisión y cuya excarcelación está fijada para el próximo viernes, 1 de abril, confirman a EL PAÍS fuentes policiales. La medida, que ya se ha aplicado con otros penados por aquellos hechos al ser puestos en libertad, se ha visto facilitada ahora por el fin de la crisis diplomática con Marruecos tras la decisión de Madrid de apoyar la propuesta de Rabat en el conflicto en el Sáhara Occidental, señalan estas fuentes. El Ministerio del Interior ha declinado dar detalles sobre la posible devolución de Aglif y se han limitado a asegurar que “se aplicará la legislación”.

Marruecos había interrumpido durante cerca de un año la repatriación de inmigrantes irregulares en avión desde Canarias y aceptaba con cuentagotas a sus nacionales expulsados tras cumplir condena en España. Ahora, los primeros se han retomado y la policía aspira a que las devoluciones como la de El Conejo se agilicen. Otro de los reclusos del 11-M, Mohamed Bouharrat, también marroquí, previsiblemente seguirá sus pasos cuando extinga su pena el próximo 30 de octubre.

Andreas Chalaris, abogado de Aglif, asegura que, al menos hasta el pasado miércoles, ni él ni su cliente habían recibido ninguna comunicación de que este vaya a ser expulsado. Chalaris añade que el viernes tiene previsto recoger a Aglif en el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), donde ha cumplido la última parte de su pena, para traerlo de vuelta a Madrid. El abogado insiste en que su cliente no tuvo ninguna participación en el 11-M, y asegura que está plenamente integrado en España, donde viven su hermano y sus sobrinos.

Aglif, condenado 18 de cárcel por colaboración con organización terrorista y tráfico de explosivos por participar en, al menos, una de las reuniones en la que los terroristas adquirieron el explosivo utilizado en los atentados, ha cumplido toda la condena en primer grado penitenciario o régimen cerrado, el más duro, reservado a internos de peligrosidad extrema o de inadaptación grave. Este régimen le ha impedido, por ejemplo, disfrutar de permisos, además de tener durante toda la condena menos horas de salida al patio que el resto de los internos.

La política de expulsiones de condenados por yihadismo se inició, precisamente, tras los atentados del 11-M, que causaron 192 muertos y 1.852 heridos en varios trenes de Cercanías de Madrid. Con la medida se pretendía alejar de España a personas consideradas muy peligrosas. Para ello se ha utilizado tanto el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, que contempla la expulsión a su país de todos los condenados a penas superiores a un año, como el real decreto sobre libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE y de otros Estados, que permite la devolución inmediata cuando existan “motivos imperiosos de seguridad pública”.

En el caso de los condenados por terrorismo yihadista, la expulsión se adopta, precisamente, por razones de orden público, y debe estar basada en la conducta personal del condenado, la cual debe ser considerada como una amenaza real, actual y suficientemente grave. Para ello, el Gobierno y los jueces sustentan sus decisiones en tal sentido en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Para ejecutar la medida, Interior tramita el expediente administrativo mientras el condenado permanece en prisión; y unos días antes de que cumpla la pena, el centro penitenciario contacta con el tribunal sentenciador para comunicar la inminente puesta en libertad. El día de la excarcelación, agentes de la Unidad Central de Expulsiones y Expatriaciones de la Policía Nacional acuden a las puertas de prisión y le devuelven, escoltado, a las autoridades del país de destino. A todos se les prohíbe volver a pisar España durante un periodo de años que puede variar.

Este mecanismo sufrió un frenazo tras el cierre de las fronteras adoptado por los países para frenar la expansión de la pandemia. De hecho, al menos dos yihadistas que habían terminado de cumplir sus condenas durante el estado de alarma no pudieron ser expulsados a Marruecos. Se trataba de Mohamed Akaarir y Nassira Benayad. El primero fue detenido en 2016 y condenado a dos años y dos meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por difundir material radical en internet. La sentencia recogía que, una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena, sería expulsado de España y se prohibiría su regreso durante seis años. Nassira Benayad fue juzgada en la Audiencia Nacional en diciembre de 2016 como integrante de una célula del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) que había desplegado en Barcelona una gran actividad propagandística. Condenada a cinco años de prisión, el fallo también contemplaba su repatriación a Marruecos una vez extinguida la pena.

En ambos casos, ante la imposibilidad de ejecutar su expulsión, se les aplicaron medidas de libertad vigilada, también recogidas en sus condenas. Este es un mecanismo de seguridad y control incluido en el Código Penal en 2010 para terroristas y delincuentes sexuales con mal pronóstico de reinserción. Finalmente, Akaarir fue detenido de nuevo en marzo de 2021 como presunto integrante de la red de radicalización yihadista dentro de las cárceles, desmantelada por la Guardia Civil en la llamada Operación Graffiti. Las pesquisas revelaron que su radicalización se había incrementado dentro de prisión y presuntamente había mostrado “su voluntad de atentar”, aunque no tenía planes concretos.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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