El Constitucional admite el recurso de Unidas Podemos contra la nueva ley del suelo de Andalucía

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados de Unidas Podemos y de representantes en el Congreso de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, contra la nueva ley del suelo de Andalucía, aprobada el pasado 25 de noviembre en el Parlamento autonómico, con los votos a favor de PP, Cs y Vox, la abstención del PSOE y la oposición de Unidas Podemos Andalucía, que es quien ha impulsado el recurso. La decisión del pleno del alto tribunal, que no suspende la vigencia de la norma, es un nuevo obstáculo en el camino hacia su efectividad, después de que este lunes se conociera que el Gobierno central y la Junta han creado un grupo de trabajo para resolver las discrepancias del Ejecutivo sobre 42 artículos, una disposición adicional y otra final.

La Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como LISTA, es uno de los proyectos estrella del Gobierno andaluz de PP y Cs, y venía a satisfacer las demandas de alcaldes, promotores inmobiliarios y propietarios de viviendas irregulares que demandaban una simplificación administrativa que agilizara los trámites, pero ha contado desde el inicio con la oposición frontal de los ecologistas y de Unidas Podemos Andalucía, por considerarla retrógrada al eliminar todos los límites al crecimiento urbanísticos, fomentando la especulación y limitando el acceso a la vivienda. En esa línea, iban, además, las dos enmiendas a la totalidad que presentó durante su tramitación la coalición de izquierdas.

El recurso de inconstitucionalidad se fundamenta en argumentos que apelan a la forma y al fondo. Por un lado, se cuestiona el procedimiento de urgencia elegido para tramitar la ley que, al reducir el tiempo para la formulación de enmiendas y aportaciones al proyecto de ley, “empeora la calidad del texto resultante de un debate parlamentario que no pudo enriquecerse con las plurales aportaciones”, según el texto del escrito presentado al Tribunal Constitucional. Los firmantes consideran que no está acreditada su tramitación por la vía de urgencia al no concurrir “poderosos motivos y razones que lo justifiquen”.

Sobre el fondo, en el recurso se argumenta que la LISTA “vulnera el principio de autonomía local, en tanto que interfiere en los intereses de los municipios que les son propios, impactando de forma directa en el medio ambiente y en la búsqueda de un desarrollo sostenible”. El recurso de inconstitucionalidad presentado por Unidas Podemos concluye pidiendo al Constitucional que “dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y consecuente nulidad” de la ley del suelo y, en el caso de que el tribunal no estime esa petición, que al menos “declare la inconstitucionalidad y nulidad” de una serie de artículos y de una disposición adicional y otra derogatoria.

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada de UP por Córdoba en el Congreso, Marina Velarde, ha manifestado esta mañana su deseo de que el Constitucional “ponga orden y proteja a los andaluces de la vocación especulativa” de la Junta. El alto tribunal ahora trasladará la demanda al Parlamento y al Ejecutivo andaluz para que formulen alegaciones.

La nueva ley del suelo andaluza unifica la Ley de Ordenación Urbanística y la Ley de Ordenación del Territorio, modifica 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos. Con ello, según defiende el Gobierno andaluz, se pretende ganar agilidad y reducir el proceso de aprobación de un plan, cuya media la Junta cifra en unos 10 años, a un máximo de dos años. La LISTA se basó en una reforma de la LOUA que empezó a tramitar el anterior gobierno socialista como anteproyecto de ley en 2017, entendiendo que la legislación en vigor estaba desfasada, pero que no pudo aprobar tras perder el Gobierno de la Junta en diciembre de 2018, lo que explicó la abstención del PSOE en su votación.

En nuevo modelo urbanístico de la LISTA se reduce a dos, urbano y rústico, la clasificación del suelo, suprimiendo la categoría de urbanizable —que sí se contemplaba en el anteproyecto del PSOE―, y en el caso del urbano también hace desaparecer las categorías de consolidado y no consolidado. La nueva catalogación “es coherente con la legislación básica estatal”, señala el preámbulo. La regulación del suelo rústico fue el principal punto de fricción entre el Gobierno y los socialistas Únicamente está prohibido construir en este tipo de superficie cuando esté “especialmente protegida”. La LISTA permite la construcción de viviendas aisladas en suelo rural, sin ningún tipo de vinculación al interés económico o agrícola de la tierra, un nexo que demandaba el PSOE. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, defendió durante su tramitación parlamentaria que este tipo de edificaciones apartadas fomentan la fijación de población al territorio en la Andalucía rural.

“Desde el punto de vista de los principios, que incluyen protección medioambiental o inclusión de energías renovables, que no se incorporaban en la anterior, es una norma compartible, pero tiene puntos, como los usos extraordinarios del suelo rústico, que si no se controlan pueden hacer cambiar el status quo y suponer un retroceso en materia medioambiental”, explica Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. “La LISTA establece un nuevo régimen del suelo rústico que se separa del tradicional establecido en Andalucía”, explica Galán. “Si con los usos extraordinarios del suelo rústico se van a permitir megaproyectos turísticos o explotaciones para usos no agrarios, al final toda la protección sobre medioambiente que se incorpore puede suponer un retroceso”, abunda. El profesor recuerda que el 75% del suelo andaluz es espacio natural protegido, algo que los ecologistas tienen muy en cuenta y ya han avisado de que recurrirán cualquier actuación en ese territorio.

El Gobierno central también mantiene discrepancias sobre la constitucionalidad de algunas partes de la nueva ley del suelo andaluza. Este lunes, tanto en el Boletín Oficial del Estado, como en el de Andalucía, se daba a conocer la constitución de un grupo de trabajo entre la administración central y autonómica para resolver la diferencia de criterios sobre 42 artículos, una disposición adicional y otra final. Ambos ejecutivos acordaron “comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional”, tras la reunión de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación.