Moreno aprueba la nueva ley del suelo andaluza con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE

Unidas Podemos se opone a la norma porque considera que fomentará la especulación y limita el acceso a la vivienda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el debate de Presupuestos de la Junta de Andalucía.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el debate de Presupuestos de la Junta de Andalucía.Joaquin Corchero (Europa Press)

En plena resaca del debate de los Presupuestos andaluces que fueron rechazados en pleno por la oposición, este jueves por mañana se ha aprobado en el Parlamento autónomo una de las normas clave de la legislatura para el Gobierno de PP y Ciudadanos, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), la nueva ley del suelo de la comunidad. Tal y como estaba previsto, el Ejecutivo andaluz ha contado con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE, echando por tierra, al menos en esta ocasión, los augurios de una pinza entre ambas formaciones para torpedear la andadura legislativa del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, un bloqueo que abocaría al adelanto electoral, tal y como ha reiterado el dirigente popular.

Unidas Podemos y el grupo de los no adscritos se han opuesto a una norma que consideran que va a fomentar la especulación, limita el acceso a la vivienda y es contraria a la sostenibilidad que predica en su propio nombre. “El Gobierno decreta zonas de sequía y, por otro lado, acelera proyectos urbanísticos con campos de golf”, ha recriminado el portavoz de UP, Guzmán Ahumada.

La nueva ley del suelo unifica la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, modifica 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos. Con ello, la Junta busca ganar agilidad y reducir el proceso de aprobación de los actuales planes generales de ordenación urbana municipales de unos 10 años de media, a un máximo de dos, según estimaciones del Gobierno andaluz. La LISTA apuesta por un sistema dual de planeamiento, dando más autonomía a los ayuntamientos a la hora de tramitar y desarrollar sus planes —sin necesidad de depender de los informes sectoriales de las consejerías que dilatan el proceso― y simplifica en dos categorías, urbano y rústico, los tipos de suelo, eliminando la categoría de urbanizable.

En la anterior legislatura, el PSOE ya constató el mal funcionamiento de la LOUA, de 2002, que tuvo que ser modificada hasta en 15 ocasiones desde su entrada en vigor. En 2017, el Gobierno de Susana Díaz aprobó un anteproyecto de ley, que no pudo culminar al perder el PSOE el mando en la Junta, cuyo articulado está recogido en buena parte en la LISTA —en ocasiones con la misma literalidad―, una circunstancia que se han encargado de recordar en el pleno los portavoces de PP y Ciudadanos, para apelar al apoyo del grupo socialista. “Es un trabajo que se ha heredado del PSOE”, ha remarcado el diputado de Cs, Juan de Dios Sánchez.

Este hecho hacía muy difícil un voto en contra por parte del PSOE, pero su aval quedó en el aire esta misma semana con la advertencia de su secretario general, Juan Espadas, de que, si no se matizaba un párrafo del artículo 22.2 que autoriza la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico sin ninguna vinculación a un uso específico, el apoyo podía quedar condicionado. Finalmente, los socialistas han permitido la aprobación con su abstención, aunque han pedido que se votara de manera particular ese punto del articulado, sobre el que han mostrado su rechazo.

“Es una ley muy importante para Andalucía que está llamada a definir el modelo urbanístico que queremos para nuestra comunidad”, ha señalado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gerardo Sánchez. “Aquí no hay ninguna pinza hay una voluntad de acuerdo”, ha recalcado el diputado, tras recordar que Espadas ofreció el acuerdo “en asuntos esenciales y esta ley lo es”.

El PSOE gobierna en el 55% de los municipios andaluces. Casi 20 años después de la entrada en vigor de la LOUA hay 490 ayuntamientos que se encuentran todavía en proceso de adaptación de sus planes a la nueva norma, en muchos casos obstaculizados por la maraña burocrática de 253 textos legales o suspendidos por resoluciones judiciales. Muchos de los consistorios tienen alcaldes socialistas que claman por una agilización de los plazos, como el caso de Torremolinos (Málaga) o Chiclana (Cádiz), que llevan décadas tratando de aprobar sus planes de ordenamiento urbanístico y que recientemente han visto como la justicia los tumbaba por no disponer de las acreditaciones medioambientales necesarias.

Vox, finalmente, también ha apoyado la ley, después de que en mayo propiciara la devolución de la norma, al abstenerse en la votación de la enmienda de devolución presentada por Adelante Andalucía. La formación ultra cumplió entonces con la consigna de Santiago Abascal de castigar al Gobierno andaluz por haber acogido a 13 menores procedentes de Ceuta en plena crisis migratoria con Marruecos. Su portavoz, Alejandro Hernández, sostuvo que “en circunstancias de normalidad” el proyecto de ley habría salido consensuado, pero dado que Vox pide el adelanto electoral consideraban que la negociación es “incompatible” con la tramitación legislativa. Esta estrategia obligó al PP de Moreno a dilatar la aprobación de uno de sus proyectos estrella, alterando su hoja de ruta legislativa. Fue el primer aviso de que la formación de Abascal podía condicionar la aprobación de otras leyes y, por tanto, el devenir de la legislatura, en función de sus intereses.

El apoyo de Vox en esta ocasión estaba garantizado y se había desvinculado de la negociación de los Presupuestos andaluces. PP y Ciudadanos, sin embargo, no han dudado en recordar el sentido negativo de su voto el miércoles en el debate sobre las cuentas andaluzas de 2022 y han cuestionado que siga comportándose “de manera responsable” en las próximas citas parlamentarias en las que haya que aprobar normas o decretos, abundando en la teoría de la pinza.

Sobre la firma

Eva Saiz

Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.

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