Los jóvenes juzgados por los daños en las protestas del tren en Murcia aceptan una condena de un año y nueve meses de cárcel

El juicio contra tres jóvenes que en octubre de 2017 participaron en las numerosas y multitudinarias protestas para exigir el soterramiento de las vías del tren que dividían en dos la capital murciana ha empezado y terminado este jueves con un acuerdo entre las partes. Los tres enjuiciados han reconocido ser autores de los desórdenes públicos y daños por un incendio y les han rebajado la condena a un año y nueve meses de prisión y una indemnización de 32.000 euros. La pena no implicará su entrada en prisión porque no tienen antecedentes. La sentencia se ha dictado in voce y es firme, porque todas las partes ―Fiscalía, Abogacía del Estado y defensas― han mostrado su intención de no recurrir, al igual que el acuerdo de suspensión de las penas de prisión.

La Audiencia Provincial de Murcia tenía previsto arrancar la vista este jueves. Los tres jóvenes habían sido las únicas tres personas identificadas y acusadas ―junto con otro joven que en aquel momento era menor de edad― por los graves altercados y destrozos que se produjeron en una de esas jornadas, la del 3 de octubre de 2017. Se enfrentaban a peticiones de penas de ocho años de prisión y una multa conjunta de 133.000 euros. La indemnización inicial se ha rebajado en el acuerdo con una nueva valoración de los daños que han hecho las dos empresas afectadas. Las cantidades estipuladas, 25.000 euros para Adif y 7.000 para Aldesa, ya han sido consignadas por los procesados.

El juicio había generado gran expectación social y mediática, y numerosas personas se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia, pero solo 14 de ellas han podido acceder a la sala por cuestiones de aforo. Los periodistas acreditados, una quincena, han tenido también que seguir la sesión de forma telemática.

La protesta de aquel 3 de octubre fue una de la más tensas que se vivió en el entorno del paso a nivel del barrio de Santiago el Mayor, hoy desaparecido, puesto que el soterramiento de las vías del tren es ya una realidad. Pero por aquel entonces las obras apenas estaban arrancando y el proyecto incluía construir una vía provisional por la que el AVE debía llegar a la ciudad en superficie mientras se prolongasen los trabajos, algo que encendió especialmente a los vecinos, que se oponían rotundamente a esa posibilidad.

En su escrito de acusación, la fiscal narraba cómo aquel martes de 2017 los vecinos se congregaron en el entorno del paso a nivel desde primera hora de la mañana y trataron de impedir que los trabajadores de la empresa Aldesa, que llevaba a cabo las obras, instalaran pantallas acústicas para aislar la vía provisional, lo que motivó que se desplegase en el barrio un amplio dispositivo policial. Los incidentes más graves, sin embargo, tuvieron lugar por la noche, a las 21.15. A aquella hora, un viajero activó el freno de emergencia de un tren de Cercanías cuando circulaba sobre el paso a nivel, lo que dio lugar a que parte de los manifestantes aprovechara para tratar de acceder a las vías.

Según el relato del ministerio público, un grupo violento de jóvenes invadió las vías, arrancó vallas de seguridad que arrojó a su interior y, más tarde, sobre las 22.30, derribó las vigas que soportaban las pantallas acústicas, lanzándolas también a las vías, junto con varios contenedores ardiendo, escombros y “todo tipo de obstáculos de grandes dimensiones”. Ya de madrugada, en un descampado cercano a otra zona de las obras, el mismo grupo de exaltados prendió fuego a una máquina elevadora.

La fiscal reconoce que había en la protesta unas 2.000 personas, y que el grupo de jóvenes que “se significó por su actitud especialmente violenta” era “muy numeroso” y no todos sus miembros fueron identificados porque “la mayoría llevaban la cara parcialmente cubierta”. De hecho, solo los tres jóvenes a los que ahora se juzga, que tenían entonces 18 y 19 años, y un cuarto, de 17 en aquel momento, que ya fue condenado por el Juzgado de Menores a trabajos para la comunidad, han sido detenidos por estos hechos.

No obstante, para la fiscal, todos los miembros del grupo “actuaban de manera concertada o asumiendo al menos el resultado de las acciones realizadas entre todos ellos”, porque todos los altercados se hicieron en grupo y, por lo tanto, todos los participantes aceptaban “el resultado de sus actos” conjuntos.

Por eso, consideraba que los tres chicos han cometido sendos delitos de desórdenes públicos, por los que pedía en un principio penas de tres años de prisión, y de delitos de daños por el incendio en las vías férreas, por los que solicitaba cinco años. También solicitaba en un principio una indemnización a Adif de más de 56.000 euros, y de más de 77.000 a Aldesa, por los daños provocados, que sumaban más de 133.000 euros en total.

El juicio estaba fijado para nueve sesiones y se preveía que testificaran una decena de policías nacionales, además de responsables de Adif y Aldesa, y un fotógrafo de prensa.

La acusación contra los tres enjuiciados, popularmente conocidos como “los jóvenes de las vías”, había reactivado las protestas en Murcia y desde la Plataforma Pro Soterramiento, que convocaba las manifestaciones que se celebraron a diario durante casi dos años en el paso a nivel, se ha pedido reiteradamente su absolución al considerar que no hay ninguna prueba sólida contra ellos.

Los vecinos de Santiago el Mayor han llevado a cabo desde finales de enero varias manifestaciones y concentraciones, e incluso se ha publicado un documental, que puede verse en abierto a través de Youtube, para defender la inocencia de los acusados que, alegan, fueron tomados como “cabezas de turco” en un momento de mucha tensión social y política en la ciudad, en el que las relaciones con el entonces delegado del Gobierno en Murcia, el popular Francisco Bernabé, eran especialmente malas por los amplios dispositivos policiales que habitualmente acompañaban a las manifestaciones.

Plácido Vera, padre de uno de los detenidos y que ha venido actuando como portavoz de los jóvenes enjuiciados en los últimos meses, confiaba, antes de la celebración del juicio en que la justicia pusiera fin a la situación que estaban viviendo desde hace casi cuatro años y medio.