El movimiento para soterrar el AVE de Murcia vuelve a salir a la calle para defender a tres manifestantes

En octubre de 2017 una tensa manifestación para exigir el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia acabó en actos vandálicos que provocaron el cierre del tráfico ferroviario durante días. Tres jóvenes, que entonces tenían entre 18 y 20 años, se enfrentan a penas de prisión de ocho años y a pagar 133.000 euros de indemnización, acusados de aquellos hechos, lo que ha provocado que se reactiven este mes las protestas ciudadanas y que los vecinos vuelvan a tomar las calles para defenderlos.

Los “jóvenes de las vías”, como se les conoce popularmente en la ciudad, irán a juicio el próximo 24 de marzo acusados de delitos de desórdenes públicos y daños por incendio, y hasta entonces están previstas manifestaciones semanales para pedir su absolución, unas protestas que comenzaron ya este jueves con una marcha en la que participaron unas 200 personas.

Plácido Vera, el padre de uno de los acusados, muestra su desconcierto cuatro años después de la manifestación. En conversación telefónica señala que no se entiende “de qué forma se eligió a estos chicos como responsables de unos hechos que ocurrieron en medio de un tumulto de gente irreconocible”.

En otoño de 2017 los ánimos estaban muy caldeados en los barrios del sur de Murcia, los que atraviesan una vías del tren que hoy ya han sido parcialmente soterradas. Ese soterramiento había sido una reclamación histórica de la zona durante tres décadas. Con el proyecto de llegada del AVE a la ciudad estaba llamado a convertirse en una realidad, pero el proyecto que se puso entonces sobre la mesa incluía la llegada de la alta velocidad en superficie de forma provisional hasta que acabaran los trabajos. Eso enfureció a los vecinos.

El 12 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales, habitantes de los barrios del sur de Murcia convocaron una multitudinaria manifestación que fue el pistoletazo de salida a casi dos años de concentraciones diarias en el entorno del paso a nivel del barrio de Santiago el Mayor. Ya el 3 de octubre, en un clima de tensión entre los vecinos y la delegación del Gobierno, los disturbios acabaron provocando la quema de traviesas y sujeciones de la que iba a ser la vía provisional, el derribo de las pantallas de metacrilato que los ciudadanos consideraban un “muro” infranqueable y daños en postes de catenarias.

Las protestas dieron sus frutos: el paso a nivel fue desmantelado y las vías están ya soterradas desde ese barrio hasta la estación del Carmen. No está previsto que la alta velocidad llegue a la capital murciana hasta finales de este año.

Los “jóvenes de las vías”, indica Vera, fueron señalados por la policía “diez días después” de los altercados en base a vídeos grabados la noche de los disturbios. En las mismas grabaciones, asegura, aparecen también el propio Vera y su mujer, y muchos de los protagonistas de las protestas prosoterramiento, como Ana, conocida como “la abuela de las vías”, que se sentaba cada día con su silla en el ya desaparecido paso a nivel para reivindicar su cierre, o el cura Joaquín Sánchez, otro asiduo de las protestas, entre miles de personas más. “¿Por qué no se les acusó a ellos de los destrozos? Porque la ciudad se hubiera echado a la calle. Era más fácil cargar contra tres chiquillos sin nombres ni apellidos”, lamenta. Hay un cuarto investigado por estos hechos que en aquel momento era menor de edad y cuyo juicio se celebró esta misma semana. En la vista, el joven se acogió a su derecho a no declarar.

Vera confía en que tanto este menor como su hijo y los otros dos acusados saldrán absueltos en esta causa, pero insiste en el “despropósito” que supuso su detención, el largo recorrido del proceso y el despliegue judicial para el mismo: el juicio se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de Murcia en nueve sesiones, con lo que está previsto que se prolongue hasta el mes de mayo. En su opinión, el objetivo de toda esta actuación no fue otro que el de “criminalizar las protestas y las manifestaciones para exigir el soterramiento, criminalizar a los miles de vecinos que hemos hecho posible el soterramiento”.

Asegura el padre de uno de los inculpados que cree en la justicia y en que serán absueltos, pero lamenta los cuatro años de “sufrimiento” que este proceso les ha generado a las familias y a los chicos solo por “defender una causa justa”.