200 días para enterrar el AVE

El viernes pasado, cuando Murcia vivía su día grande de la Semana Santa sacando en procesión sus impresionantes imágenes barrocas, obra de Francisco Salzillo, se cumplieron también 200 días consecutivos de manifestaciones en el barrio de Santiago el Mayor. Los vecinos quieren impedir a toda costa que el AVE entre en la ciudad en superficie y las promesas, compromisos e incluso obras que Adif está ya ejecutando para soterrar las vías no han sido hasta ahora suficientes para aplacar los ánimos.

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En estos casi siete meses de protestas continuas, la Plataforma Pro Soterramiento, que aglutina a los vecinos de los barrios al sur del trazado ferroviario, ha conseguido importantes avances, el último de ellos, el adelanto de las obras de soterramiento, que se iniciaron el pasado 15 de noviembre y que a finales de febrero ya habían avanzado unos 220 metros. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pretendía así disipar las dudas de unos vecinos que llevan doce años viendo cómo el protocolo firmado en 2006 para soterrar las vías se modifica y retrasa en un sinfín de ocasiones. Pero la tensión, lejos de desaparecer, parece haberse enquistado.

Para Domingo Centenero, vecino de Santiago el Mayor, la clave del conflicto son las prioridades: "La del PP, el Gobierno y Adif es la llegada del AVE; la de los ciudadanos, el soterramiento de las vías". Los vecinos no quieren permitir lo primero sin lo segundo, y para ello proponen que, durante los dos años que duren las obras de soterramiento, según los plazos dados por Adif, el AVE se quede en la localidad vecina de Beniel.

Pero la entidad, que ha adoptado una opción similar en Almería, donde dejará el tren en el municipio de Huércal mientras soterra las vías en el barrio de El Puche, se niega tajantemente a hacerlo en Murcia: la alta velocidad llegará a la estación del Carmen por la vía provisional que dará servicio también durante las obras a mercancías y cercanías.

Para los vecinos, este posicionamiento solo tiene una explicación en las elecciones de mayo de 2019: si hay que esperar a soterrar las vías, la alta velocidad no estará en Murcia antes de los comicios.

Esa vía provisional plantea también el segundo gran foco de controversia: la supresión del paso a nivel en Santiago el Mayor, que será sustituido por una pasarela peatonal sobre las vías. Su estructura comenzó a instalarse el pasado 8 de febrero entre una gran controversia, tanta que la Plataforma ha llevado su construcción ante la Fiscalía al considerar que no cumple con las garantías de seguridad. Así las cosas, casi no sorprende que el puente sobre las vías se colocara de madrugada. El 16 de marzo el barrio amaneció con la pasarela ya instalada, a falta solo de las rampas de acceso y los ascensores que subirán los 7 metros de altura que tiene.

No es el único frente judicial abierto por la Plataforma, que en los últimos días ha llevado de nuevo ante la Audiencia Nacional sus discrepancias acerca de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Joaquín Contreras, portavoz del colectivo, ha recordado que el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ya trató en su día de paralizar las obras por considerar que la memoria ambiental, que se hizo en 2009, solo se corresponde con el proyecto actualmente adjudicado a Aldesa en un 20%. El recurso fue rechazado sin entrar a estudiar su fondo, porque se consideró que el fiscal no estaba legitimado para presentar esa denuncia, pero un grupo de juristas simpatizantes de la Plataforma ha retomado ahora el caso. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia compartían la opinión del fiscal y el Consistorio también planteó un contencioso en ese sentido en la Audiencia, que actualmente sigue abierto.

Carácter pacífico

A pesar del carácter pacífico de las protestas que siempre ha defendido la Plataforma Pro Soterramiento, el entorno de las vías ha sufrido también en estos meses importantes altercados, los más significativos a principios de octubre, que provocaron incendios y destrozos en las vías y el corte al tráfico ferroviario durante varios días.

Actualmente, la presencia policial en la zona es constante e intensa y la tensión acumulada ha acabado materializándose en multas, unas 40, según Contreras, por un importe que se acerca ya a los 40.000 euros.

Francisco Ruiz, habitual de las protestas, acumula dos multas de mil euros cada una por "cruzar las vías y la calle ralentizando el tráfico" y por "comer pipas con actitud desafiante" ante los agentes, relata él mismo. Las tiene recurridas, como la mayoría de vecinos.

Para hacer frente al pago, han puesto en marcha una campaña de crowfunding con la que han recaudado ya 18.000 euros.