El cierre del paso a nivel que ha incendiado Murcia

El tráfico ferroviario lleva cerrado desde el martes en Murcia como consecuencia de los actos vandálicos que destrozaron las vías a su paso por la ciudad. La violencia, que incluyó la quema de traviesas y sujeciones, el derribo de 450 metros cuadrados de pantallas de metacrilato y daños en cinco postes de catenaria, se desató el martes por la noche, cuando en torno a un centenar de radicales se unió a la larga protesta que los vecinos del sur de Murcia mantienen para reclamar el soterramiento de las vías. El Ministerio de Fomento no podía precisar ayer cuándo se reanudará el tráfico de trenes.

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“Condenamos enérgicamente los actos del martes. Pedimos a la gente que venga a las concentraciones que se comporte, porque el vandalismo no ayuda a la plataforma ni a la causa”, afirma Antonio Ruiz, técnico contraincendios de 37 años y una de las cabezas visibles del movimiento vecinal, nacido hace tres décadas. La plataforma por el soterramiento congregó el sábado a 50.000 personas en el centro de Murcia, en la mayor manifestación en la ciudad desde la de 2003 por la guerra de Irak.

La protesta se ha ampliado cuando ya se han empezado a soterrar las vías, lamenta un portavoz del Gobierno murciano. Unas obras a las que el Ministerio de Fomento va a destinar 580 millones de euros. El problema es de credibilidad y de tiempo, replica Ruiz. “La gente no se cree los anuncios después de tantos años de incumplimientos”.

El proyecto de Fomento contempla que los trabajos para soterrar los cuatro kilómetros de vías que dividen la ciudad duren tres años. La plataforma exige, por su parte, que la llegada del AVE a Murcia, prevista en febrero, se produzca de forma subterránea y hasta entonces se utilice como parada de alta velocidad la estación del vecino municipio de Beniel, a media hora en coche de Murcia. “Los vecinos tememos que, una vez llegue el AVE, tendrán menos prisa por soterrar. Una desconfianza comprensible cuando llevas 30 años esperando”, dice Ruiz. Adif considera que la alternativa vecinal es inviable por su coste y falta de operatividad.

Salta la chispa

La chispa que ha incendiado definitivamente el conflicto ha sido el cierre de un paso a nivel en el barrio de Santiago El Mayor. Una medida que Adif considera necesaria para garantizar la seguridad de los trabajos, que en esta fase consisten en el tendido de una nueva plataforma de vías que va en paralelo a la que será soterrada. El proyecto prevé construir pasarelas de siete metros de altura para que los peatones crucen. Pero los vecinos afirman que los seis barrios del sur, habitados por trabajadores y gente humilde, quedarán todavía más aislados. “Cosas cotidianas como ir al médico van a ser mucho más difíciles”, dice Ruiz.

El martes por la mañana empezó a blindarse el paso a nivel con bloques de hormigón bajo protección policial. Los vecinos lo consideraron una “provocación” después de la manifestación del sábado. La tensión desembocó en tensión, forcejeos y algunos golpes. Los vídeos del enfrentamiento corrieron por las redes sociales y por la noche se desató la violencia contra la infraestructura por parte de un grupo limitado pero bien pertrechado de jóvenes.

“No los habíamos visto nunca, y estaban muy organizados. De un lado de las vías quemaban contenedores y del otro lanzaban vallas”, afirma Ruiz, que intentó frenar la violencia con un cordón de vecinos tras hablar con la policía. Los agentes evitaron las cargas en una zona en la que también había familias con niños protestando simultáneamente de forma pacífica, como llevan haciendo todos los martes desde hace seis años y todas las noches desde el 12 de septiembre.

Los sucesos del martes han sido los más graves. Pero un portavoz del Gobierno murciano señala que unas noches antes ardieron dos excavadoras. Y, en otro acto de sabotaje, alguien puso cemento, ladrillos y un colchón sobre las vías, lo que provocó la rotura de los frenos de un tren, que no acabó en un accidente por la pericia del conductor. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, advirtió ayer de que el contratista de las obras, Aldesa, se está planteando renunciar al proyecto ante los episodios de violencia.